La Justicia visita Siloé

VALÈNCIA. Como es conocido, Siloé era el nombre de la piscina a la que Cristo envió al ciego de nacimiento para lavarse y recuperar la vista. Algunos miembros de la judicatura y la Fiscalía están empeñados en que la Justicia deje de ser ciega para todos y recupere la vista abruptamente, tipo milagro.

Las frecuentes manifestaciones en medios de comunicación de jueces, magistrados y fiscales, dudando de resoluciones emitidas por colegas suyos, tanto en el plano técnico como político, hacen que la duda y la desconfianza en el sistema asalten a la sociedad.  La libertad de expresión tiene límites, sobre todo cuando se quiebran códigos deontológicos.

Que un juez o fiscal critique en términos políticos resoluciones de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo o del Constitucional, debería exigir, en primera instancia, la actuación de los órganos que velan por el funcionamiento de  jueces y fiscales. La desfachatez de un juez emérito del Tribunal Supremo mofándose de algunas decisiones de sus colegas del propio tribunal ejemplifica un estado de deterioro institucional que exige inmediata reparación. Cuando un político interpreta una resolución judicial como una revancha del Estado sobre el delincuente, debería suponer su incapacitación para proponer nuevas leyes, por su reserva a cuestionarlas y retorcerlas en el futuro.

Dudar desde el Ejecutivo y Legislativo, el campo de los políticos, del poder Judicial, el de los jueces y fiscales, supone dinamitar todas las garantías democráticas de un país. Y si ese cuestionamiento se origina desde la propia Justicia, tiene como consecuencia la metástasis de la arbitrariedad.

Asistimos estremecidos a la elección, por parte del Ejecutivo, del fiscal general de Estado en la persona de un miembro de propio Gobierno. En estas circunstancias resulta poco relevante el sistema de elección de los miembros del órgano que rige el funcionamiento del Poder Judicial. Es preciso garantizar primero el respeto de algunos jueces y fiscales a la Justicia que ellos representan. Buscar en las asociaciones la trinchera en la que parapetar sus extemporáneas declaraciones, es alquilar un disfraz remendado.

La trashumancia entre la judicatura y la política, y viceversa, es la confirmación de la falta de transparencia del sistema, y el origen de criterios sesgados. Aquí también hay consenso entre los partidos políticos que han gobernado, pues se benefician mutuamente. La Ley Orgánica 19/2003 en su artículo 356 considera como excedencia voluntaria de la Judicatura: f) Cuando sea nombrado para cargo político o de confianza, salvo los supuestos enunciados en el artículo 351, o cuando se presente como candidato en elecciones para acceder a cargos públicos representativos en el Parlamento Europeo, Congreso de los Diputados, Senado, Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas o corporaciones locales. De no resultar elegido, deberá optar, comunicándolo así al Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de treinta días, por continuar en la situación de excedencia voluntaria o por reingresar en el servicio activo.

En otras palabras, uno puede ser juez o fiscal, afiliarse a un partido, ser elegido diputado, apoyar cualquier iniciativa legislativa, participar en mítines y volver a sus puestos de origen al concluir su función política. Bajo esta premisa se explica que una causa pueda ser juzgada por un tribunal políticamente hostil al encausado. Creo que está es la mejor publicidad que puede hacerse de la piscina de Sinoé.

Sin pretender establecer una relación mimética, quizás fuese conveniente tomar alguna referencia de la Ley Orgánica 9/2011 de derechos y deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas que, en su artículo 7.1, señala: El militar está sujeto al deber de neutralidad política. No podrá fundar ni afiliarse a partidos políticos y mantendrá una estricta neutralidad pública en relación con la actuación de los partidos políticos.

En paralelo, y con un ritmo progresivo, algunos medios de comunicación alimentan desde sus líneas editoriales, y con inusitada virulencia, el cuestionamiento de determinadas decisiones judiciales. Lo que contradice los principios fundacionales de la mayoría de ellos, a saber, defender la democracia plural según los principios liberales y sociales, con el compromiso guardar el orden democrático y legal establecido en la Constitución.

Las leyes que emanan del Parlamento obligan a todos, pero, sobre todo, a los políticos, cuyos partidos contribuyen, según las mayorías requeridas, a su aprobación. Una nación con un Sistema Judicial en el que su neutralidad está en  duda, origina una sociedad polarizada y desnortada, con desgraciadas consecuencias para todos.

José Emilio Cervera fue conseller de Sanidad de la Generalitat valenciana entre 1999 y 2000