La 'ley antidesahucios' aflora más de 5.000 viviendas vacías procedentes de Banco de València

VALÈNCIA. La Generalitat avanza en el recuento de las viviendas vacías de la Comunitat que se encuentran en manos de propietarios de grandes volúmenes de inmuebles. La comunicación de este tipo de activos consta como obligatoria en la Ley Por la Función Social de la Vivienda -conocida como la 'ley antidesahucios' valenciana-, un texto que fue rebajado por el Tribunal Constitucional pero en cuyo articulado el Consell conserva herramientas para exigir que se informe de los bienes en desocupados y multar en caso de falta de colaboración.

El Govern del Botànic reactivó el recuento tras el reciente dictamen del TC. La última cifra proporcionada por la Conselleria de Vivienda asciende a 7.315 viviendas a lo largo y ancho de la Comunitat: el 45% en la provincia de València, el 38% en Castellón y el 17% restante en Alicante. Pero el dato más llamativo se desprende del análisis de los propietarios, puesto que un total de 5.270 viviendas provienen del grupo Caixabank.

El grueso, según los datos proporcionados a este periódico por la conselleria de la socialista María José Salvador, corresponde a las 5.065 viviendas vacías comunicadas por BuildingCenter, la sociedad de Caixabank "centrada en la desinversión de la cartera de inmuebles procedentes del grupo" -según reza el propio lema de la enseña-. El resto hasta sumar las 5.270 unidades corresponden a 148 comunicadas directamente por Caixabank, 51 de Banco de Valencia, 5 de Credifimo y 1 de Gestión Fondos Credifimo.

La práctica totalidad de las viviendas que posee el grupo en la Comunitat provienen de ejecuciones del extinto Banco de Valencia, adjudicado a La Caixa por un euro en 2012 en el marco de la reestructuración bancaria. En consecuencia, los datos facilitados por Caixabank a la Generalitat revelan que, pasados seis años, el stock de activos procedentes del extinto banco valenciano sigue siendo muy abultado.

Al margen de las viviendas vacías del grupo Caixabank, el resto hasta alcanzar las 7.315 las completan 1.598 viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y 447 del Grupo Santander -repartidas en las sociedades Altamira Santander Real Estate (339), Banco Santander (67), Luri 6 SA (36) y Santander Consumer Finance (6).

Por lo que respecta a las viviendas en desuso de la Sareb, la cifra comunicada por la entidad a la Generalitat Valenciana es prácticamente idéntica a la que ya proporcionó hace un año, cuando cifró su stock en 1.599 (una más que las detalladas a día de hoy). Del dato se desprende que en dicho periodo solo ha reducido en una unidad su número de inmuebles vacíos en la autonomía, si bien la sociedad aclara a este medio que "sí se han materializado operaciones", pero que "también se han producido ejecuciones de préstamos que han incrementado la cifra".

Y precisamente la comparativa con las cifras ofrecidas por la Generalitat en 2017 refleja un importante cambio: la desaparición de 1.493 viviendas vacías comunicadas hace un año por Aliseda, la firma inmobiliaria del Banco Popular. Esta ausencia podría explicarse por el traspaso de los activos, puesto que en el presente 2018 se ha materializado la adquisición del 51% de los activos inmobiliarios del Popular a Blackstone. Habrá que esperar a que el fondo -si lo estima oportuno- comunique a la conselleria cuántas residencias desocupadas tiene en la Comunitat.

Registro de Viviendas Deshabitadas

La Ley Por la Función Social de la Vivienda contempla un complejo procedimiento para la declaración de viviendas deshabitadas que permite a la Generalitat declarar como deshabitadas viviendas de grandes tenedores como entidades financieras o fondos de inversión. "Es un procedimiento contradictorio (en términos jurídicos, por el hecho de recoger las consideraciones de ambas partes) extraordinariamente escrupuloso y garantista respecto a los derechos de los interesados", explica la conselleria.

En este sentido, la ley prevé la creación del Registro de Viviendas Deshabitadas para, tras el mencionado "procedimiento contradictorio", aglutinar todas las viviendas que declare deshabitadas la administración y "poder otorgar soluciones habitacionales a las personas que más lo necesitan". El objetivo de la administración es "movilizar las más de 500.000 viviendas vacías que hay en la Comunitat", según estiman.