VALENCIA (EFE). La futura Ley por la Función Social de la Vivienda establecerá medidas sancionadoras para las entidades financieras que, de forma voluntaria, no ofrezcan viviendas vacías para un alquiler social, e incentivos para los particulares que decidan poner a disposición de la administración sus viviendas sin ocupar.
Así lo ha asegurado la consellera de Vivienda, María José Salvador a los periodistas al finalizar la reunión del primer consejo asesor que trabajará en esta normativa para tratar la elaboración de esta nueva normativa, que espera que en 2016 llegue a Les Corts Valencianes.
"Vamos a trabajar una ley potente, que reconozca el derecho subjetivo a la vivienda en un marco estable y de seguridad jurídica", ha destacado Salvador, quien ha agregado que el objetivo final es que todas las personas que necesitan una vivienda "la tengan" y la administración "les provea de ellas".
El Consejo está formado por representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Confederación de Asociaciones de Vecinos y Consumidores de la Comunitat Valenciana, la Federación de Municipios y Provincias, Amnistía Internacional, los Colegios de Abogados y Registradores y profesores de la Universitat de València.
La consellera ha asegurado que quieren dar una "solución estructural" al problema de la vivienda en la Comunitat, la segunda autonomía con mayor número de desahucios, 82.300 desde el primer trimestre de 2008 al primer trimestre de 2015, y dar un "paso cualitativo" hacia el reconocimiento del derecho subjetivo de la vivienda.
En la Comunitat hay un parque público "absolutamente insuficiente" y es necesario compaginar el "excesivo stock de vivienda vacía" y crear un registro de viviendas deshabitadas, ha dicho Salvador.
La consellera ha señalado que en la ley se definirá lo qué se entiende como vivienda deshabitada para poder ser puesta a disposición de personas que hayan sido desahuciadas y que han perdido su vivienda, para facilitarles unos alquileres sociales.
También ha considerado necesario crear una "amplia red" de vivienda en alquiler para aquellas personas que no puedan acceder a una vivienda en alquiler o no quieran hacerlo.
"Hoy es el punto de partida", ha destacado Salvador, quien ha señalado que durante el encuentro se han producido diferentes aportaciones en las que se empezará a trabajar y el próximo 20 de octubre se celebrará una nueva reunión del Consejo.
Salvador ha explicado que en el caso de las viviendas de particulares está previsto que la ley establezca una serie de mecanismos incentivadores para que puedan poner estas casas a disposición de una amplia red de alquiler.
En el caso de los bancos, Salvador ha indicado: "somos conscientes de que algunos de ellos han sido objeto de un rescate y, por tanto, hay una responsabilidad social. Si no ponen estas vivienda a disposición, nos planteamos mecanismos de carácter sancionador, aunque sean de carácter subsidiario".
Ha agregado que han convocado para el próximo miércoles a la entidades bancarias para firmar "si se produce el caso" un primer acuerdo para que pongan a disposición viviendas vacías o nos informen en el momento inicial de un proceso de ejecución hipotecaria.
También ha destacado que pretenden que la vivienda sea un derecho subjetivo, igual que la Educación, la Sanidad o la Vivienda, para que pueda ser reclamado ante los tribunales. "Por eso hemos puesto hoy sobre la mesa poder darle un marco jurídico a este derecho", ha afirmado.
El portavoz de la PAH en Valencia, José Luis González, ha considerado "positiva" cualquier iniciativa que garantice el derecho de la vivienda porque "no podemos transigir en una sociedad donde hay miles de pisos vacíos y miles de familias en la calle".
González también se ha mostrado partidario de que, una vez se identifique la magnitud del problema, se plantee la voluntariedad de ofrecer viviendas, tanto por parte de los bancos como de particulares, "pero a partir de cierto tiempo, entendemos que se debe obligar a la expropiación del uso, porque la vivienda es un derecho reconocido en la Constitución".