La ley de modernización de áreas industriales inicia su recorrido en Les Corts pese a la oposición del PP

VALÈNCIA. (EP). El proyecto de Ley de gestión, modernización y promoción de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana ha iniciado este miércoles su recorrido en Les Corts, pese a la oposición del PP, un paso que el conseller de Economía, Rafa Climent, ha considerado "decisivo" para alumbrar "una ley pionera" en España que "pone en el foco en la mejora de la infraestructura industrial como pieza fundamental de la política de reindustrialización" y con el objetivo de "generar actividad económica sostenible y atraer inversión".

Climent ha explicado que los polígonos industriales tienen unas necesidades propias pero hasta ahora se regulan por las normas urbanísticas y bajo el paraguas de las entidades locales, por lo que se plantea en la nueva ley por primera vez la creación voluntaria de nuevas entidades de gestión y modernización, que podrán actuar como colaboradores de la administración local, que deberán autorizarlas.

Precisamente, este es uno de los puntos que, según el PP, justificaba la enmienda a la totalidad que han presentado -que ha sido rechazada con los votos del Botànic--, ya que el Consell Jurídic Consultiu (CJC ) emitió observaciones esenciales respecto a la obligatoriedad de adscripción a esas entidades de gestión de todas las entidades privadas que tengan un inmueble en el polígono.

El conseller ha subrayado el carácter voluntario a la hora de conformar esas entidades de gestión y modernización en cada área industrial, ya que "no se impone a nadie" y solo se podrán constituir si es por acuerdo de la mayoría de propietarios y a su vez representantes de una mayoría del suelo total. Eso sí, una vez constituidas, y ya que "todos van a beneficiarse" de esa gestión, "es de justicia que contribuyan" y de ahí la integración automática y obligatoria en ellas.

"No es aceptable que una minoría mejoraran a costa del esfuerzo de una mayoría que sí se compromete", ha remarcado, para recordar que esta no es "solo una ley del Consell, es una ley para la industria valenciana hecha de arriba abajo con la industria valenciana" y se ha contado con los agentes implicados.

El diputado del PP Vicente Casanova ha coincidido en la necesidad de elaborar una ley como esta, pero ha recordado las observaciones del CJC sobre algunos aspectos, ya que la obligatoriedad de asociarse a esas entidades de gestión si se crean podría suponer "un tercer impuesto" y los 'populares' tienen dudas sobre la legalidad de este aspecto.

"Con que el 51% lo apruebe, el 49% restante, a tragar y a pagar", ha lamentado Casanova, que ha indicado que esta ley "da forma a unas entidades que son como una asociación de vecinos pero de un barrio industrial", un "lobby" cuya adhesión no puede ser obligatoria.

También desde Ciudadanos Rosa García ha recordado esa advertencia del CJC ante "la posible vulneración del derecho de asociación" y ha considerado que la obligatoriedad de adhesión "no está suficientemente argumentada", aunque también ha criticado al PP que elija "el camino fácil, el del bloqueo", por lo que se ha abstenido ante la enmienda.

La diputada de Compromís Teresa García ha destacado que la ley avanza en la gestión de los espacios industriales, ha recordado que en el informe del CJC hay dos votos particulares y ha subrayado que se trata de una ley "innovadora" y por eso suscita este debate, al tiempo que ha asegurado que se respeta la libertad de las empresas a asociarse porque para crear las entidades de gestión hay "un sistema de doble mayoría".

La socialista Noelia Hernández ha incidido en la idea de que se trata de una figura "innovadora que pretende establecerse como interlocutor con las administraciones locales y también contribuir al mantenimiento de esas áreas cuando los ayuntamientos no lleguen". Ha puesto como ejemplo que un consistorio no puede proporcionar vigilancia permanente o implantar un centro de educación infantil en cada polígono.

La ley, ha proseguido, establece las competencias de esas entidades en materias como vigilancia, retirada de residuos o conservación y "no tiene nada que ver con la asociación de empresarios". Así, ha indicado que "hay jurisprudencia que apoya esta figura".

El diputado de Podemos Josep Almeria ha preguntado al PP "a quién pretenden engañar" porque "la industria no forma parte de su modelo económico" y ha incidido que consideran que la adhesión obligatoria a esas entidades "está justificada" por el texto.