Foto: EUROPA PRESSVALÈNCIA. (EP) El proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda ha superado este jueves su primera votación en el Pleno del Congreso tras derrotar las enmiendas a la totalidad del PP, Ciudadanos, el PNV, el PDeCAT y Junts, que buscaban frenar su tramitación y devolver el proyecto al Gobierno.
Para esta votación, PSOE y Unidas Podemos han contado con el apoyo de Esquerra Republicana, EH-Bildu, Más País-Equo, Compromís, Teruel Existe, Nueva Canarias y Foro Asturias, mientras que la CUP y el BNG se han abstenido. Las fuerzas que han tratado de derribar el proyecto han sido el PP, Vox, Ciudadanos, el PNV, el PDeCAT, Junts, Coalición Canaria y el PRC.
Por otro lado, el Congreso ha aprobado por unanimidad la avocación de la iniciativa al Pleno del Congreso por lo que será este órgano el que tenga la última palabra sobre el proyecto y sus enmiendas, y no la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Asimismo, ha rechazado, con votos de PSOE, PP, Vox y Unidas Podemos, la propuesta alternativa con la que Esquerra Republicana buscaba, entre otras cosas, aclarar problemas competenciales y ampliar las medidas contempladas contra los desahucios.
Durante la defensa del proyecto, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez, ha invitado a las "fuerzas progresistas" a "enriquecer" y "reforzar" el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda con enmiendas, tanto en el ámbito competencial como para "garantizar derechos".
Sánchez Jiménez se ha comprometido en su intervención a que la ley "será acordada con las fuerzas progresistas" de la Cámara y ha invitado a sus aliados a la izquierda parlamentaria para "ser flexibles" para alcanzar acuerdos y lograr un texto donde todos los grupos puedan "sentirse cómodos".
La titular de Transportes ha subrayado su "compromiso" de que la norma que apruebe el Congreso "será respetuosa con los títulos competenciales" que reconoce la Constitución a las comunidades autónomas en materia de vivienda, así como a los estatutos de autonomía.
Asímismo, ha defendido el proyecto del Gobierno como instrumento para "reconocer la vivienda como quinto pilar del Estado del Bienestar", con el fin de facilitar una oferta suficiente de alquiler a precios asequibles, y ha asegurado que la regulación de precios del alquiler es una medida diseñada "para casos absolutamente excepcionales" ante "distorsiones ante las que la Administración debe reaccionar de alguna forma", igual que lo hace ante otros mercados "en casos de distorsión o especulación".
Pese a estar presente durante el debate de la iniciativa, de la que es coproponente su Ministerio según el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para esta ley, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, no ha intervenido en el Pleno, aunque sí ha comentado en las redes sociales el avance de la tramitación de la norma.
No ha sido hasta la intervención de su portavoz de Vivienda, Pilar Vallugera, cuando ERC ha confirmado su rechazo a las enmiendas de devolución, no sin antes advertir una serie de exigencias sin las cuales, ha recalcado, la ley no contará con su apoyo.
Entre ellas, ampliar los derechos sociales contenidos en la norma, una modificación de la normativa procesal para asegurar un informe de servicios sociales y una alternativa real en casos de desahucios, pero sobre todo evitar cualquier invasión competencial o restricción a la regulación catalana. Así, ha llamado a "reducir la regulación considerada básica a los mínimos imprescindibles" para evitar un recorte de las normativa autonómica.
PP, Vox y Ciudadanos han cargado contra las medidas de intervención de precios, asegurando que suponen un ataque a la propiedad privada y la "demonización" de los propietarios, tal y como ha asegurado la portavoz 'popular' en esta materia, Ana María Zurita. Estas formaciones han llegado a cuestionar que el propio PSOE quiera aprobar esta ley, al plantear que su interés era tan solo "contentar" a su socio de coalición.
Cuestionando en mayor o menor medida la eficacia de la regulación planteada por el Gobierno, la oposición de PNV, Junts y PDeCAT se ha centrado en los conflictos competenciales. Así, han asegurado que las medidas contenidas limitaban las posibilidades de las comunidades para poder regular en el marco de unas competencias que les confiere la Constitución.
Bildu, a través de su diputado Oskar Matute, ha compartido su recelo ante este interés, cuando por ejemplo el PNV votó en contra en el País Vasco de la regulación que ha defendido en el Congreso, cuestionando entonces si esta posición no se debe al rechazo a las políticas de vivienda que contempla esta ley.
