La 'línea roja' se le atraviesa a Bonig: malestar en el PP por la defensa a Clavell

VALENCIA. La decoloración de la línea roja de Alberto Fabra que apenas un mes después de tomar posesión realizó Isabel Bonig como líder del PPCV ha provocado controversia con el último caso de corrupción en el PP.

Bonig, a raíz de la imputación en septiembre de Arturo Torró, rebajó una de las medidas características de su predecesor en el cargo a forzar la dimisión de un miembro del partido cuando se abriera juicio oral y no con la imputación. 

El límite que estableció Bonig entonces, en base a los estatutos nacionales del partido, molesta ahora a algunos sectores del PP, que ven un doble rasero en la actuación de la presidenta.

Por un lado, se ha exigido la entrega del acta de todos los concejales del grupo popular en el ayuntamiento de Valencia a raíz de su imputación -investigación según la nueva terminología judicial- en la Operación Taula, mientras que por otro la líder defiende que Óscar Clavell, el que fuera concejal de Urbanismo en el ayuntamiento de la Vall d'Uixó mientras Bonig era alcaldesa, no entregue su acta hasta que no se siente en el banquillo.

Isabel Bonig justifica su posición aduciendo que el procedimiento es "nulo", dado que podría ser archivado por el Tribunal Supremo -dado que es aforado- y que deberán esperar a ver "si se sienta en el banquillo". En ese caso, afirma la líder, se le obligaría a entregar su acta como diputado nacional. Insiste también la exalcaldesa de la Vall D'Uixó en que se trata de una imputación administrativa y no de un caso de corrupción, como ocurre con la Operación Taula.

La contradicción se aprecia en la exigencia de desvincular del partido a concejales acusados de supuestamente realizar donaciones de 1.000 euros que después eran devueltas y, sin embargo, defender públicamente a un concejal, acusado de cuatro delitos (prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude y exacciones ilegales) que se refieren a una cuantía de casi 707.000 euros. 

Cabe destacar en lo relativo al segundo caso que Clavell ha sido mano derecha de Bonig en el ayuntamiento de la Vall d'Uixó y que autorizó las facturas que eran de su competencia, puesto que era responsable de Urbanismo y Medio Ambiente. 

El juzgado de Nules aprecia indicios de delito en el comportamiento del exalcalde accidental de La Vall d'Uixó, respecto al pago de casi 707.000 euros en facturas de la empresa contratada para la limpieza viaria y transporte de residuos urbanos. Los hizo, según la juez, “pese a que la responsable técnico de la ejecución del servicio” puesto que había un informe que no era favorable en el que se le advirtió de que el servicio “no se estaba ejecutando correctamente”.

El alcalde accidental -puesto que Bonig se encontraba de vacaciones en ese periodo- fue posteriormente aupado por la actual líder en las listas electorales para el Congreso, donde ahora es diputado y ostenta la condición de aforado, por lo que sólo puede ser juzgado por el Tribunal Supremo.