La lotería de Montoro

Dejé de jugar a las loterías –excepto compromisos navideños– el día que la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (Selae) empezó a emitir publicidad engañosa sin que las organizaciones de consumidores, la Comisión de la Competencia, el Gobierno ni la asociación Autocontrol (de la publicidad) movieran un dedo. Ocurrió hace tres años, cuando a Cristóbal Montoro se le ocurrió crear un impuesto del 20% sobre los premios de lotería sólo para los años 2013 y 2014, aunque los agraciados siguen pagándolo porque su memoria es tan frágil como la palabra del ministro.

Dejé de jugar no por el impuesto en sí, sino por la publicidad engañosa consentida a un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda –Selae– que, por ejemplo y en números redondos, promete un premio de 100.000 euros pero paga 80.000 porque otro organismo del mismo ministerio, la Agencia Tributaria, se lleva el 20%. El contribuyente no declara y paga nada porque ni siquiera le abonan los 20.000 euros, se los detraen.

(El impuesto, por cierto, es injusto, ya que grava por igual a las rentas altas que a las bajas. En el ejemplo citado, los 20.000 euros se los quitarían igual a un pobre de solemnidad que a Juan Roig. Pero esa es otra cuestión).

Igual que obligaron a las empresas telefónicas a poner el precio con IVA en sus ofertas a particulares, porque los particulares no nos deducimos el IVA, deberían obligar a la empresa Loterías (Hacienda) a poner en sus anuncios el premio real que van a cobrar los agraciados.

Hasta que eso pase o el ministro deje de prorrogar el impuesto, seguiré sin jugar salvo los compromisos navideños. En Navidad, por cierto, ya reduje al mínimo las apuestas en 2011, cuando el hoy presidente del Puerto de Valencia, Aurelio Martínez, a la sazón presidente de Loterías, decidió quitar atractivo al sorteo metiendo en el bombo 100.000 números en lugar de los 85.000 que entraban hasta entonces –hasta 2005 eran ‘sólo’ 66.000–, lo que redujo la probabilidad de obtener un premio grande.

No debo de ser el único que ha perdido la ilusión, puesto que desde 2011 la recaudación de Loterías no ha dejado de caer año tras año, a pesar de los nuevos juegos, apuestas y señuelos introducidos por la sociedad estatal.

Este largo preámbulo viene a cuento para comentar la enésima torpeza del ministro que a pesar de no arreglar el problema de la financiación autonómica fue aclamado por la huestes valencianas del PP. Esta vez es a propósito de la lista de morosos con la Hacienda pública, que ha resultado ser otra lotería para los deudores. Se nota que Montoro la ha acabado publicando a regañadientes, a pocos días de acabar el año para no incumplir otra promesa. Cuando uno hace las cosas sin ganas salen como salen, mal.

Mezclar churras con merinas

El listado de casi 5.000 morosos publicado por la Agencia Tributaria es un pdf protegido –para fastidiar, porque la información al final se saca– sin apenas datos sobre las circunstancias en las que se ha producido la mora, que no es lo mismo ser un defraudador condenado que un concursado que no puede pagar aunque quiera.

Para empezar, la lista incluye a los morosos que superan el millón de euros con el Estado pero no aquellos que deben dinero a las comunidades autónomas o ayuntamientos. O a las diputaciones forales de País Vasco y Navarra, lo que libra del escarnio a los morosos de allí.

Tampoco incluye a empresas y organismos públicos ni a los deudores que han alcanzado un acuerdo con Hacienda para aplazar sus pagos, como es el caso de muchos clubes de fútbol que deben en conjunto centenares de millones de euros, a los que durante años se ha dado un trato tan privilegiado como vergonzoso por parte de la Agencia Tributaria. En la lista solo salen unos cuantos clubes, ninguno grande, después de que Hacienda cortara la dinámica de los aplazamientos.

La Agencia Tributaria mezcla en su listado a defraudadores condenados que no han pagado su deuda y a empresas en concurso de acreedores o sociedades que están a punto de extinguirse tras un largo proceso de liquidación en el que Hacienda cobrará lo que el juez diga, como el resto de acreedores. Es decir, no está en la mano de los dueños de la empresa pagar o no, ya que son el administrador concursal y el juez quienes gestionan la escasez para repartir lo poco que queda de acuerdo con la ley.

Es el caso de las empresas Azulejera La Plana y Real Cerámica, con el proceso de liquidación casi terminado, que ya han vendido hasta sus respectivas fábricas. ¿Qué sentido tiene incluir en la lista los 5,6 millones que deben a Hacienda entre las dos azulejeras, cuando el objetivo de dar publicidad a los nombres de los morosos no era el escarnio, sino forzarles al pago? ¿Van a aparecer cada seis meses en la lista este tipo de sociedades moribundas –muchas de ellas constructoras– hasta su extinción definitiva?

Ley General Tributaria dice (artículo 95.1 bis) que en el listado “no se incluirán aquellas deudas y sanciones tributarias que se encuentren aplazadas o suspendidas”. ¿No se encuentra suspendida la deuda incluida en un proceso de liquidación?

Thyssen Ros Casares, en concurso de acreedores y a la que se reclama una deuda que, según afirma, está incluida en la masa del concurso –por tanto, aplazada–, ya advirtió en sus alegaciones ante la Agencia Tributaria de que "es un ilícito no sólo mercantil sino penal en muchos casos" la situación en la que, en un concurso, el acreedor presiona al deudor para tratar de obtener el cobro por delante de otros acreedores. "No de otra forma cabe llamar al intento de publicar la deuda del concurso dentro de la lista de defraudadores", advertía.

Pero salió en lista. Y seguirá saliendo porque el concurso va para largo. ¿Para hacer bulto?