«La mayoría de edificios sin informe de evaluación son públicos»

VALÈNCIA.-Las manos de Vicente Terol (València, 1951) han recorrido los planos de obras tan singulares como la Casa del Médico, la sede de Bertolín o empresas del Parque Tecnológico. Tras toda una vida dedicada a los edificios, apenas le quedan cuentas pendientes. «Si acaso haber participado en alguna construcción náutica, eso me habría gustado», admite. Sin embargo, considera que ejercer como presidente del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia (Caatie) y vicepresidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la Comunitat Valenciana es una tarea que requiere dedicación exclusiva. El colectivo empieza a beneficiarse del repunte inmobiliario, pero alerta de que todavía queda mucho por hacer en materia de rehabilitación e inspección, a veces debido a la dejadez de la Administración. Cansados de que otros se lleven la gloria, los aparejadores están dispuestos a levantar la voz.

—¿Siguen siendo una profesión oscurecida por los arquitectos?

—Nunca lo hemos sido. Anteriormente nos llamaban arquitectos técnicos, pero ahora ni eso. Son trabajos distintos. Mientras que los arquitectos proyectan, nosotros ejecutamos, revisamos los materiales, supervisamos la seguridad... Siempre se han llevado la gloria, pero ambas labores son importantes. Te contaré algo que a ellos les duele: ningún edificio de la Calle de la Paz de València está proyectado por un arquitecto. Claro que aquello eran otros tiempos [ríe].

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—¿Empiezan a percibir una mejoría profesional como resultado del repunte inmobiliario?

—En el primer trimestre de 2017 se han iniciado 830 inmuebles; eso son 29 edificios en bloque y 321 viviendas unifamiliares. El dato supone un incremento del 50% con respecto a 2016. Lo que pasa es que estamos todavía en números de crisis, porque en 2006 se hicieron hasta 2.025 construcciones, cifra que hoy en día es impensable. Pero sí, el mercado se está moviendo. En parte porque hay más estabilidad, pero sobre todo por los fondos de inversión.

—Más allá de la obra nueva, ¿debemos apostar por la rehabilitación?

—Claro que habrá vivienda nueva, pero lo ideal es conservar el patrimonio con la rehabilitación. Las ciudades no deben crecer por crecer, ni tampoco desconfigurar su urbanismo como ya ha sucedido. Antes de la crisis se hicieron muchas salvajadas, pero también en los años cincuenta, con expansiones como la zona del Parque Alcosa. Ahora toca apostar por el urbanismo sostenible.

—¿Es un propósito compartido por nuestros gobernantes?

—Los gobiernos nunca aprenden la lección, por eso las crisis económicas se repiten, y también el boom inmobiliario. No sé en el conjunto de España pero en la Comunitat se aprecia cierta apuesta por la sostenibilidad. La Generalitat nos tiene en cuenta a la hora de legislar, nos llama para pedir opinión, como en la rehabilitación de la Malvarrosa. 

—El año pasado impulsaron la promoción del IEE (Informe de Evaluación del Edificio), como ‘la ITV’ que deberían pasar todos los inmuebles. ¿Persiguen a quienes carecen de el?

—Es un examen que deben pasar todos los edificios con más de 50 años para detectar cualquier problema estructural. Lo comparamos con la ITV porque al igual que nos preocupamos por la seguridad de los ocupantes de un vehículo deberíamos hacerlo con las viviendas. También hemos creado la figura del arquitecto técnico que trabaja para el administrador de fincas, que revisa fachadas, cornisas, grietas, electricidad... En la Comunitat hay unos 100.000 edificios de más de 50 años y un porcentaje mínimo ha pasado el examen.

—¿Y hay edificios, con más de 50 años y sin ningún informe, de titularidad pública?

—Diría que la gran mayoría de esos 100.000. Sorprende que los organismos no prediquen con el ejemplo. En municipios grandes como València todavía nos hacen algo de caso, pero yo estaba de jefe de urbanismo en el Ayuntamiento de L’Olleria y te aseguro que ningún edificio lo tenía. Entiendo a los políticos, porque las consecuencias del informe pueden ser demoledoras e implicar un gasto muy impopular, pero estamos hablando de seguridad.

—¿Piensan tomar partido los aparejadores en el conflicto por las fachadas históricas?

—Claro que sí. Tenemos muchos técnicos en Patrimonio que están trabajando en su protección. Siempre estaremos a favor de la preservación y la rehabilitación. Barrios históricos de València como Ruzafa o El Carmen tienen fachadas maravillosas, más bonitas que todas las nuevas.

—El Colegio de Arquitectos denunciaba este verano las condiciones «inmorales y temerarias» de los concursos públicos. ¿Comparten su queja sobre la precariedad de los pliegos?

—Para poder tomar parte en los concursos estatales te exigen un mínimo de facturación, ya de por sí muy alto, y sobre todo precios a la baja. Entonces te das cuenta de que el criterio es meramente económico, sin atender al prestigio ni a la calidad. Cualquier empresa grande que presente un precio barato se queda el proyecto, mientras que los profesionales de la calle lo tienen prácticamente imposible.

—Aparejadores, arquitectos técnicos y ahora ingenieros de edificación. ¿Los jóvenes que salen del Grado lo tendrán más difícil que ustedes para hacerse hueco en el mercado? 

—Una cosa es la denominación de la carrera, que ha tenido muchas, y otra lo que puedes hacer con ella. El Grado te da las mismas atribuciones que la Licenciatura. Quiero pensar que a las nuevas generaciones siempre les irá mejor. Los jóvenes tienen una preparación brillante, solo les falta autonomía, quitarse los miedos y tirar para adelante.

—Admitirá que ustedes han vivido muy bien...

—También lo hemos pasado muy mal. Pero cuando nos quejamos la gente nos contesta eso: «Es que habéis ganado mucha pasta». Hemos ganado, pero con una responsabilidad bestial. Hoy casi todos los edificios españoles tienen un seguro de responsabilidad civil a nombre del arquitecto o el aparejador, mientras que los constructores se han lavado las manos.

*Este artículo se publicó originalmente en el número 36 (X/17) de la revista Plaza