Foto: CARLOS LUJÁN (EP)VALÈNCIA (EP). La mujer, el hijo y el socio de José Manuel Villarejo han vuelto a pedir su absolución, al elevar a definitivas las conclusiones que presentaron al inicio del juicio donde se analizan las presuntas investigaciones ilegales que el grupo empresarial del ahora comisario jubilado, CENYT, habría hecho para particulares, empresarios y un despacho de abogados en los proyectos 'Iron', 'Land' y 'Pintor'.
Así lo han expuesto sus abogados en la sesión que se ha celebrado este lunes, que ha servido para que las defensas de la treintena de acusados por estas tres piezas separadas de 'Tándem' formulen sus conclusiones definitivas.
La esposa del comisario, Gema Alcalá, fue la más beneficiada por las modificaciones que la Fiscalía Anticorrupción hizo de sus conclusiones provisionales, ya que pasó de interesar que fuera condenada a 83 años y 6 meses de prisión a tan solo 5 años como cooperadora necesaria del presunto delito de cohecho pasivo de su marido.
La defensa del hijo de Villarejo también ha fijado sus conclusiones iniciales, si bien ha querido destacar que justo antes de que comenzara el juicio, el pasado mes de octubre, depositó el dinero reclamado para satisfacer las eventuales responsabilidades civiles.
En su caso, los fiscales De Rivas y Miguel Serrano solicitaban que fuera condenado a 14 años pero finalmente redujeron su petición de pena a un año de cárcel, al tener en cuenta el perdón del ex juez Francisco Javier Urquía en 'Pintor', la única pieza por la que el vástago del comisario está siendo juzgado.
En la misma línea, el socio de Villarejo, Rafael Redondo, ha hecho definitivas sus primeras conclusiones. Para él, el Ministerio Público reclama 70 años y 6 meses de cárcel, desde los 102 iniciales, al eliminar su acusación por cohecho activo, tráfico de influencias y algunos delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
La mayoría de las defensas han confirmado sus conclusiones provisionales, incluidos los acusados que se habían conformado, entre ellos la empresaria Susana García Cereceda y los hermanos Fernando y Juan Muñoz Támara.
Las modificaciones operadas por algunas defensas se han referido casi todas a apreciar el perdón otorgado por Urquía, así como a poner de relieve que se han hecho los depósitos requeridos por el daños a los perjudicados.
Han destacado las conclusiones manifestadas por la defensa del policía José Manuel González, que ha instado a aplicar a su cliente la eximente del error invencible, alegando que si consultó ficheros policiales para buscar datos de los perjudicados en 'Pintor' fue bajo "la convicción de no cometer un hecho delictivo".
Por su parte, la defensa de Villarejo, ejercida por el abogado Antonio José García Cabrera, ha tomado la palabra para aclarar que, tal y como fijó el tribunal la semana pasada, expondrá sus conclusiones definitivas a la vuelta del verano, en la sesión señalada para el 5 de septiembre.
"No tiene condiciones físicas ni psíquicas" para seguir el desarrollo del juicio en estos momentos, ha dicho García Cabrera, recordando el ictus leve que el comisario sufrió a finales de junio.
La presidenta del tribunal, la magistrada Ángela Murillo, ha ratificado la decisión de postergar este trámite de la defensa de Villarejo al 5 de septiembre, si bien ha emplazado al abogado a presentar los informes médicos que vaya recibiendo en estos meses para que "el primer día de septiembre" el médico forense de la Audiencia Nacional pueda redactar un "informe exhaustivo" a fin de determinar en qué estado se encuentra el comisario.
Así las cosas, el juicio se retomará con las conclusiones definitivas de Villarejo, a las que seguirán los informes de las partes y la última palabra de los acusados que quieran ejercer este derecho antes de que quede visto para sentencia.
Este juicio, que comenzó a mediados del pasado octubre, es el primero que se celebra por 'Tándem', la macrocausa donde se investigan los negocios privados que Villarejo habría hecho con CENYT para distintos clientes, desde particulares a empresas del IBEX 35, valiéndose de los medios policiales a su alcance.
Anticorrupción pide que sea condenado a 83 años de cárcel, desde los 109 iniciales, por las presuntas pesquisas ilegales que hizo para resolver la disputa familiar por la herencia del fallecido promotor de la urbanización de lujo La Finca, en 'Land'; para un despacho de abogados especializado en propiedad industrial que sospechaba que otro le había robado su base de datos, en 'Iron'; y para solucionar un litigio entre empresarios por una deuda fiscal, en 'Pintor'.
El magistrado explica que no tiene "margen de actuación" porque los delitos que le achacaba han prescrito
