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en España hay unos 200.000 millones de euros en juego

La nueva Ley de contratos públicos facilitará la participación de las pymes en las adjudicaciones

8/03/2018 - 

MADRID (EP). La nueva Ley de Contratos de Sector Público, que entra en vigor mañana, pretende facilitar las participación de las pymes en el mercado de las adjudicaciones, donde en la actualidad el 70% de los recursos son concedidos únicamente a 10 compañías.

Según un estudio realizado por Life Abogados, en España hay unos 200.000 millones de euros en juego, a los que ahora, gracias a este marco legal, las pymes pueden optar.

Sin embargo, la compañía cree que la garantía que se les exige del 5% del importe de adjudicación limita que las pymes accedan a este mercado, ya que las obliga a comprometer unos recursos económicos adicionales a la propia ejecución del contrato y podría afectar a su tesorería.

Life Abogados también considera que la imposición de criterios de valoración sociales y medioambientales constituye un arma de "doble filo", ya que se excluirá de ciertos contratos a muchas pymes que no cumplan con estos requisitos.

Sin embargo, la nueva ley introduce medidas que favorecen la participación de las pymes en la contratación pública, ya que reduce la carga administrativa, permite que haya acceso a más contratos, genera más rentabilidad, reduce la morosidad y crea más oportunidades para los emprendedores.

En concreto, la nueva ley simplificará los procedimientos y reducirá la carga administrativa y permitirá que las pymes tengan acceso a la información completa de las licitaciones que se saquen al mercado.

Además, también hará que las pymes no estén obligadas a tirar los precios para rivalizar con las grandes empresas a la hora de acudir a una licitación pública, donde hasta ahora han dominado las grandes empresas. Tampoco será necesario desde mañana acreditar experiencia previa, lo que facilitará el acceso de empresas de reciente creación.

La socia del área de contratación pública de Life Abogados, Sara Fernández, cree que la nueva ley establece un trato "igualitario y justo" para todos los licitadores.

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