VALÈNCIA. La Generalitat Valenciana entierra el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral del Botànic, más conocido como Pativel, en el anteproyecto de la nueva Ley de Costas valenciana. Pero no solo eso, sino que flexibiliza los límites para urbanizar cerca del litoral valenciano. De esta forma, permitirá que en suelo no urbanizable se pueda construir un hotel a partir de los 200 metros de la costa, algo que estaba muy limitado y constreñido en la anterior normativa.
El anteproyecto de ley, publicado este viernes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) para su exposición pública y audiencia ciudadana, contiene 58 artículos, siete disposiciones adicionales y tres transitorias. Su vocación, según expuso la consellera de Territorio, Salomé Pradas, es "compatibilizar el desarrollo económico y social y la protección del litoral mediante el despliegue máximo de las competencias autonómicas".
Por el momento, el texto es un borrador que aún tendrá que superar todo el trámite administrativo y de audiencia pública hasta su aprobación definitiva, por lo que podría sufrir modificaciones. En cualquier caso, una cuestión queda clara y es el hecho de que el Pativel quedará prácticamente derogado porque anula la protección de las más de 7.500 hectáreas en las que se prohibió construir durante la pasada legislatura en suelo rústico o urbanizable no programado.
Justifica el actual Gobierno de la Generalitat en la necesidad de crear una nueva ley frente al Pativel, que era una "norma de rango reglamentario". "No es la más adecuada para conferir seguridad jurídica y estabilidad a las actividades vinculadas a la costa, ni siquiera a la protección como valor natural", dice el borrador. "Es más acorde a esos objetivos que la estructura normativa, los principios generales, se recojan en una norma con rango de ley; mientras que su desarrollo, esencialmente los Planes Territoriales, sea a través normas reglamentarias que deban dictarse al amparo y en congruencia con esos principios", añade el texto normativo provisional.
Concretamente, a nivel urbanístico, la futura ley plantea que, una vez aprobada, será de aplicación directa la posibilidad de desarrollar suelo calificado como no urbanizable para diferentes tipos de uso, algo que prohibía la regulación del Botànic. Así, se permitirá la construcción de establecimientos hoteleros en la franja litoral siempre que las edificaciones se sitúen fuera de los primeros 200 metros. Asimismo, en suelo no urbanizable se podrá levantar residencial a partir de los 500 metros y edificaciones destinadas a servicios en los primeros 100 metros.
En cambio, el Pativel únicamente posibilitaba implantar hoteles con encanto y con baja ocupación de parcela y ambiente rural o cámpings con certificado de sostenibilidad, siempre garantizando la continuidad ecológica y funcional de los ecosistemas, y a partir de los 500 metros. Por tanto, se rebajan las distancias y las exigencias de las edificaciones, abriendo la posibilidad a construcciones de diferentes usos.
No obstante, habrá que tener en cuenta las alturas de los proyectos, ya que en la Comunitat Valenciana, concretamente en la provincia de Alicante, se han anulado por mandato judicial complejos por su impacto al litoral. Cabe recordar, en este sentido, el fallo del Tribunal Supremo de tumbar los proyectos de rascacielos de hasta 26 plantas y 80 metros de altura en primera línea de playa de Torrevieja proyectados por Baraka y Metrovacesa. Los magistrados consideraron "vinculantes y preceptivos" los informes del Ministerio para la Transición Ecológica en su contra al apuntar que las torres "limitan el campo visual y añaden un indeseado efecto de verticalidad que irrumpe en el paisaje".
Por otro lado, el articulado también recoge la posibilidad de que muchas edificaciones o casas próximas a la costa susceptibles de ser demolidas en aplicación a la norma actual se 'salven' de este proceso. De esta modo, el anteproyecto señala que en los tres años siguientes a su entrada en vigor, "los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana identificarán los terrenos de su ámbito territorial situados como máximo a 200 metros desde la ribera del mar, que a la entrada en vigor de la Ley de Costas no estuvieran clasificados como urbanos, pero cumplieran con los requisitos de urbanización o de consolidación edificatoria necesarios para ello".
"Efectuada esta identificación, la comunicarán sin demora a la conselleria competente en materia de ordenación del litoral, que impulsará la aprobación de la relación de los terrenos que en 1988 cumplieran dichos requisitos, previa audiencia de la Administración General del Estado", reza.
Asimismo, la nueva normativa para regular la ordenación del litoral valenciano crea como instrumento planes de ordenación costera que permitirá a la Administración autonómica negociar actuaciones especiales con los ayuntamientos, lo que para algunos expertos urbanistas abre la puerta a que se pueda facilitar el urbanismo en muchos municipios valencianos, entre otras cuestiones. El texto normativo confiere un papel fundamental a los ayuntamientos cuyos términos municipales estén en la costa: podrán participar en la tramitación de los instrumentos de ordenación del litoral que afecten a su ámbito; participación activa en las estrategias de protección contra la regresión del litoral; elaboración de planes de gestión de playas, en cuanto a gestión de las actividades de temporada, y la identificación, reconocimiento e impulso en la tramitación de los expedientes de declaración de núcleos urbanos de especial valor etnológico.
Desde Territorio defienden que la nueva regulación "compatibilizará al máximo la protección ambiental y los usos económicos de la costa, a la vez que se protegerán al máximo nuestros núcleos costeros tradicionales dándoles el valor etnográfico que tienen". También, destacan que "facilitará canales para que los afectados por deslindes de dominio público tengan alternativas que puedan minorar los efectos que causan"
La nueva Ley de Costas contempla la creación de bolsas de suelo que pasarán a formar parte de la Generalitat Valenciana. En su disposición adicional quinta, el texto recoge que "las actuaciones de nueva urbanización que se inicien en la franja litoral con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, comportarán para el agente urbanizador un deber de reserva, dentro del mismo municipio, del aprovechamiento equivalente a los metros cuadrados de techo construidos en suelo incluido en el dominio público marítimo-terrestre, cuando dicho suelo estuviera destinado a usos residenciales o comerciales y se hubiera ocupado con título legítimo". "Dicho suelo deberá cederse obligatoriamente a la Generalidad Valenciana, destinado a la finalidad indicada en esta disposición adicional. En todo caso, la reserva nunca podrá ser inferior al 1% ni exceder del 5%", añade el texto. En las nuevas urbanizaciones que se realicen de manera posterior a la entrada en vigor de esta ley, se priorizarán las proposiciones jurídico-económicas que prevean el compromiso del urbanizador de ceder a la Generalitat Valenciana un porcentaje mayor del previsto en el apartado anterior".
Y en caso de que este suelo cedido tengas ocupantes, el suelo recibido por este concepto será ofrecido por la Generalitat, exclusivamente, a los ocupantes de inmuebles que dispongan o hubieran dispuesto de título legítimo titulares de derechos de concesión de inmuebles ubicados en el dominio público marítimo-terrestre, a fin de que puedan obtener análogo aprovechamiento que correspondía a los terrenos afectados por el deslinde. El plazo máximo para aceptar dicho ofrecimiento será de un año, a contar desde su notificación. Es decir, que será la Generalitat Valenciana quien otorgue esas concesiones en suelo de dominio público marítimo-terrestre, en vez del Ministerio de Transición Ecológica, como ocurre hasta ahora.
Sin embargo, desde el PSPV creen todo lo contrario, ya que, a su juicio, favorece "la especulación de los años del 'boom' del ladrillo". "El anteproyecto anula el Pativel, un plan de protección del litoral que protegía 7.500 hectáreas de territorio en primera línea de costa tras dos décadas de presión urbanista y modelo especulador del PP", señala María José Salvador, portavoz adjunta del PSPV en Les Corts e impulsora del Pativel durante su etapa como consellera de Infraestructuras en la primera legislatura del Botànic.
"Con esta ley y de la mano Mazón vuelve el PP de siempre a hacer lo de siempre. No están en el lado correcto de la historia: preservar lo último que quedaba de costa era un hecho asumido. Su negacionismo climático abre las puertas, de nuevo, a la construcción en enclaves con valor paisajístico y natural", lamenta Salvador.
"El anteproyecto de ley de Costas que nos presenta el Gobierno de Mazón cumple con las expectativas del gobierno del PP y su idea de liberalizar todo el espacio que queda sin construir en nuestro litoral", indica Paula Espinosa, de Compromís. A su juicio, esta ley no se detiene un segundo al proteger nuestras costas, ni tampoco busca las herramientas para detener su degradación. Si no que va en la línea opuesta al espíritu del Pativel. Más bien hace todo lo contrario, deshacer toda aquella normativa que impulsó al gobierno del Botànic en un esfuerzo por adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático a la vez que establecía un marco conciliador con la actividad económica más habitual en el litoral".