FOTO: EUROPA PRESSVALÈNCIA. (EP) La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha incrementado dos décimas su previsión del crecimiento del producto interior bruto (PIB) de España para 2021, hasta situarse en el 5,9%, mientras que el organismo presidido por Ángel Gurría también ha elevado su pronóstico para 2022, cuando anticipa una expansión del 6,3%, frente al 4,8% previsto anteriormente.
El fuerte rebote del crecimiento de España anticipado por la OCDE para este año y el que viene llegan después de que en 2020 registrara "una recesión económica sin precedentes a causa de la pandemia", que se tradujo en una contracción del 10,8% del PIB, como reflejo de las estrictas medidas para contener la propagación de la Covid y de las características estructurales que incrementaron la vulnerabilidad de la economía española, incluyendo la importancia del turismo, la alta prevalencia de pymes y el uso generalizado de contratos temporales.
En su estudio económico de España, la OCDE proyecta que el PIB se recuperará a partir de la segunda mitad de 2021, ya que el despliegue gradual de las vacunas permitirá liberar la demanda acumulada, mientras que el turismo se recupera gradualmente y el plan nacional de recuperación impulsa la demanda, aunque subraya la elevada incertidumbre que rodea estas perspectivas.
A este respecto, advierte de que, si bien la demanda interna puede ser más fuerte de lo esperado, un posible aumento de las insolvencias una vez que se retiren las medidas de apoyo, representa un fuerte riesgo a la baja y puede incrementar los préstamos morosos.
De este modo, la OCDE destaca la respuesta "rápida y eficaz" de la política fiscal a la crisis y señala la necesidad de mantener las políticas de apoyo hasta que la recuperación esté consolidada, aunque insiste en que estas deberán estar más focalizadas.
Asimismo, considera preciso ejecutar sin demora las ayudas directas anunciadas recientemente para empresas que atraviesan dificultades
financieras exclusivamente por la Covid-19, pero que tienen muchas posibilidades de volver a ser rentables en el futuro.
"La reestructuración rápida de empresas viables con problemas temporales puede evitar su liquidación injustificada, y debe facilitarse en el ámbito extrajudicial para evitar que los procedimientos se demoren", recomienda.
Por otro lado, la OCDE afirma que para respaldar la recuperación "también serán cruciales determinados elementos de la actual regulación del mercado de trabajo", entre los que señala la prevalencia de los convenios colectivos de empresa, que permiten a las empresas adaptarse rápidamente a los cambios de la coyuntura.
"La actual regulación laboral, que da flexibilidad a nivel de las empresas, puede ayudar a estas a adaptarse más fácilmente en la fase de recuperación postpandemia", apunta.
Según las últimas previsiones del 'think tank' para los países avanzados, la tasa de paro de España se situará este año en el 15,4%, frente al 15,5% estimado para 2020, mientras que el próximo año descenderá hasta el 14,7%, aún por encima del nivel del 14,1% de 2019.
En su análisis, la OCDE señala que la crisis ha agravado las dificultades que ya existían en España, por lo que corregir los problemas estructurales del mercado laboral puede contribuir a reducir la desigualdad, que ya era elevada antes de la pandemia.
En este sentido, recuerda que la pandemia afectó en España de forma desproporcionada a los trabajadores jóvenes, a los poco cualificados y a los temporales.
"La utilización generalizada de contratos temporales incrementa la desigualdad y la pobreza laboral", afirma la OCDE, para la que, si bien el empleo temporal puede ayudar a sectores afectados en el corto plazo, "a medio plazo debe reducirse la dualidad del mercado laboral".
"El abanico de contratos a disposición de las empresas debe simplificarse y han de aclararse las condiciones en las que se puede recurrir a contratos temporales, como, por ejemplo, para empleos estacionales o de formación", sostiene.
De este modo, recomienda que los incentivos a la contratación se dirijan a los grupos más vulnerables y estén limitados en el tiempo, mientras que subraya la importancia de reforzar su vínculo con programas de formación, de tal forma que constituyan un peldaño para acceder a puestos de trabajo más estables.
Por otro lado, la OCDE afirma que mejorar la eficiencia de las políticas activas de empleo será fundamental para reconvertir a los trabajadores desplazados y mejorar su empleabilidad.
En este sentido, señala que utilizar herramientas que permitan determinar las necesidades individuales específicas de los desempleados puede posibilitar intervenciones más tempranas y una mejor adaptación de los servicios a las personas.
Asimismo, considera que garantizar que los trabajadores en ERTE puedan acceder a oportunidades de formación también es clave para dar respuesta a las necesidades de reubicación que puedan surgir.
Por otra parte, la OCDE advierte de la necesidad de evaluar las repercusiones que las rápidas y acusadas subidas del salario mínimo hayan tenido en el empleo, especialmente en el caso de los jóvenes y los trabajadores menos cualificados.
A este respecto, la organización sugiere que el proceso de fijación del salario mínimo podría modificarse con la creación de una comisión independiente permanente, encargada de evaluar sus posibles efectos y elaborar recomendaciones que permitan una modificación gradual del salario mínimo en consonancia con la evolución de las condiciones del mercado laboral y de la productividad.
En cuanto a la posición fiscal de España, la OCDE anticipa que el déficit cerrará este año en el 8,6% del PIB, frente al 11% de 2020, para reducirse al 5,4% en 2022, mientras que la ratio de deuda pública, que alcanzó el 120% del PIB en 2020, apenas bajará este año al 119,7% y hasta el 117,4% un año después.
En este contexto de debilidad de la economía, la OCDE subraya que la consolidación fiscal debe ser gradual "para evitar un descarrilamiento de la recuperación".
No obstante, dado el elevado nivel de deuda pública estimado, considera necesario que, "una vez encarrilada la recuperación", se anuncie una estrategia de consolidación fiscal a medio plazo para todos los niveles de la Administración, con el objetivo de dar credibilidad a la sostenibilidad fiscal.
En este sentido, advierte de que los desafíos fiscales de España se verán exacerbados por la duplicación de la tasa de dependencia de la tercera edad de aquí a 2050, por lo que señala que deberán "tomarse medidas adecuadas y socialmente aceptables" para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Entre sus propuestas, que deberían acompañarse de medidas dirigidas al reciclaje profesional de los trabajadores de más edad, la OCDE plantea vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida, así como retrasar la edad efectiva de jubilación desincentivando la jubilación anticipada e introduciendo nuevos incentivos para prolongar la vida laboral, como por ejemplo incrementar el número de períodos de cotización requeridos para cobrar la pensión íntegra.
Por otro lado, señala que España tiene margen para mejorar la fiscalidad ambiental con el fin de ahorrar energía e incrementar la recaudación tributaria.
De este modo, plantea que, una vez la economía entre en una senda de
recuperación clara, la tributación de los combustibles debe subirse para reflejar mejor las emisiones de CO2.
