VALÈNCIA (EP). Las perspectivas demográficas de España y el elevado nivel de deuda publica del país hacen "imperativo" acelerar el ritmo de la consolidación fiscal, según plantea la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que propone la retirada de las medidas de apoyo desplegadas durante la crisis energética una vez que la recuperación "está firmemente en marcha".
"Es imperativo acelerar el ritmo de consolidación fiscal, dadas las perspectivas demográficas y la elevada deuda pública", recoge el 'think-tank' de las economías avanzadas en su 'Estudio Económico de España', presentado este miércoles en Madrid.
La OCDE, que prevé que el déficit público cerrará este año en el 3,8% del PIB para bajar al 3,5% el próximo año, mientras que la deuda superará el 109% en 2023 y llegará al 110% en 2024, considera que será necesaria una consolidación fiscal sostenida para reducir la relación deuda pública/PIB y crear espacio para el gasto necesario y para responder a shocks futuros.
"Dadas las malas perspectivas demográficas y las consiguientes presiones de gasto relacionadas con el envejecimiento, así como la necesidad de gastar más en la transición verde, parecería prudente acelerar el ritmo de consolidación fiscal para restaurar los niveles de deuda anteriores a la Covid en unos pocos años", advierte.
En este sentido, ante la magnitud de los desafíos de las finanzas públicas a largo plazo, la OCDE considera que España debe adoptar un plan de medio plazo para acelerar el ritmo de reducción del déficit y advierte de que dicha consolidación fiscal probablemente tendrá que depender tanto de mejorar la eficiencia del gasto como de movilizar ingresos adicionales.
Además de aumentar la producción en aproximadamente un 2,2% en un horizonte de diez años, los cambios de política recomendados por la OCDE, como aumentar la financiación para la educación y el cuidado infantil, vincular la edad de jubilación con la esperanza de vida y reducir las barreras regulatorias, conducirían a una ganancia presupuestaria neta del 0,5% del PIB anual.
En su estudio, la OCDE destaca el aumento de la carga fiscal registrado, aunque subraya que no se ha prestado mucha atención a la eficiencia, señalando que hay margen para reducir aún más la evasión fiscal proporcionando a la Agencia Tributaria (AEAT) más recursos, para hacer más eficiente el sistema tributario y aumentar aún más los ingresos.
Asimismo, a pesar del esfuerzo en hacer que el sistema tributario sea más redistributivo y un poco más ecológico, España todavía tiene una relación impuestos/PIB inferior a los niveles medios de la UE y margen para recaudar algunos ingresos adicionales, en particular del IVA, así como a través de impuestos relacionados con el medio ambiente y otros impuestos especiales, que son inferiores a los recaudados por homólogos europeos, apunta la OCDE, añadiendo que depender más de estas bases imponibles limitaría las distorsiones por el crecimiento económico.
Por otro lado, para la organización, algunos impuestos parecen inusualmente altos, en particular los impuestos no recurrentes sobre la propiedad, mientras que impuestos a la herencia bien diseñados pueden aumentar los ingresos y mejorar la equidad, con menores costes administrativos y de eficiencia que otras alternativas.
En el caso del IVA, la OCDE considera que está "infrautilizado", ya que las exenciones y los tipos reducidos (especialmente en hoteles y restaurantes) reducen significativamente los ingresos por IVA y contribuyen a la mala eficiencia de España en la recaudación del impuesto.
En este sentido, sostiene que los tipos reducidos del IVA "benefician desproporcionadamente a los hogares de mayores ingresos" y plantea que el Gobierno podría considerar avanzar hacia un tipo único y uniforme del impuesto a medio plazo ampliando gradualmente la base del IVA y compensando a los grupos de ingresos más bajos mediante un gasto específico para reducir las distorsiones y lograr una mayor equidad.
De su lado, considera que ala reciente legislación que hizo obligatoria la factura electrónica para las operaciones entre empresas y autónomos, y un anteproyecto de norma que busca extender la factura electrónica a todas las operaciones entre empresas, podría ayudar a reducir la evasión fiscal y mejorar la recaudación de impuestos, por lo que se deben continuar los esfuerzos para promover la facturación electrónica.
La OCDE considera que "España tiene un margen considerable para hacer que el sistema fiscal sea más respetuoso con el medio ambiente", ya que los ingresos por impuestos ambientales como porcentaje del PIB son bajos en comparación con la mayoría de los países europeos de la OCDE y han caído con el tiempo desde un máximo del 2,25% en 1999 al 1,75% en 2021 y un 1,25% esperado en 2022.
Asimismo, advierte de otras características del sistema fiscal que siguen siendo costosas desde el punto de vista medioambiental, incluyendo una ventaja fiscal otorgada al diésel sobre la gasolina en el transporte por carretera, tipos cero para los combustibles fósiles utilizados fuera de la carretera (como en la navegación comercial, la aviación y el transporte ferroviario) y tipos especialmente bajos para los combustibles fósiles utilizados en la industria (en particular, cero en el sector pesquero).
Además, reprocha que varias medidas relacionadas con los impuestos adoptadas durante la actual crisis energética han sido perjudiciales para los objetivos medioambientales a largo plazo al suprimir las señales de precios, en particular las exenciones fiscales a la gasolina.
En este sentido, defiende que habría sido preferible y menos costoso recurrir a transferencias de efectivo o tarifas en bloque, donde se proporciona una cantidad básica de energía a un precio reducido con una tarifa mucho más alta aplicada por encima de esa tasa para fomentar la frugalidad energética, o tarifas sociales con precios bajos sólo para los grupos de bajos ingresos.
En términos más generales, a medida que aumentan los impuestos relacionados con el medio ambiente, la OCDE advierte de que se deben proporcionar medidas de compensación adecuadas para los grupos de menores ingresos por razones de equidad social y para garantizar el apoyo público necesario para la mitigación del cambio climático.
En cuanto a la sostenibilidad del sistema público de pensiones, la OCDE considera posible que se necesiten nuevas medidas, entre las que propone vincular la edad de jubilación legal a la esperanza de vida, pero también ampliar el periodo de cálculo para acceder a una pensión.
En este sentido, plantea que, en lugar de imponer contribuciones adicionales a la generación de trabajadores activos, el Gobierno debería alargar la vida laboral vinculando la edad legal de jubilación a la esperanza de vida al momento de la jubilación.
Asimismo, defiende que se deberían considerar los factores de acumulación en el sistema, que permiten media pensión después de sólo 15 años de contribuciones y una pensión completa después de 37 años (que se elevará a 38,5 años), "mucho menos que los períodos correspondientes en otros lugares".
Además, para la OCDE el período de referencia para el cálculo de los derechos de pensión debería ampliarse, probablemente hasta al menos 40 años, para garantizar la sostenibilidad financiera.
"De lo contrario, si los déficits de pensiones siguen siendo cubiertos por los ingresos generales, el mantenimiento de los beneficios de las pensiones se producirá a expensas de otras prioridades y en detrimento de la generación más joven, ya desfavorecida", apostilla.