La Oficina de Derechos Lingüísticos carecerá de potestad sancionadora

VALÈNCIA. El nuevo órgano de la Generalitat para operar en materia lingüística, la anunciada Oficina de Derechos (ODL), no tendrá carácter sancionador. El proyecto de decreto del Consell afirma que podrá actuar "de oficio, cuando considere que los hechos vulneran los derechos lingüísticos de la ciudadanía" o a instancia de cualquier persona física o jurídica que presente una queja o sugerencia. Sin embargo, fuentes oficiales de la Generalitat niegan que esta potestad tenga que ver con imponer multas o sanciones.

Así lo confirma el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, al ser preguntado por la futura norma, ahora en periodo de exposición pública, y por tanto susceptible a modificaciones antes de su aprobación final. Era precisamente esta cuestión la que más quejas había despertado entre los partidos políticos de la oposición.

El PP critica EL DECRETO POR “la falta absoluta” en la tipificación de LAs sanciones O medidas

En un documento dirigido a la Conselleria de Educación e Investigación, y firmado por María José Ferrer San-Segundo, el grupo parlamentario popular plantea hasta diez críticas al texto del futuro decreto. Una de ellas es "la falta absoluta" en la tipificación de sanciones, medidas o respuestas que pueda imponer "un órgano creado ad hoc" como la ODL. En palabras de la diputada popular, ello conlleva "la indefensión para el ciudadano" y "la infracción del principio de seguridad jurídica". Por este motivo insta a incluir "cuáles son los perímetros o parámetros" con datos "mínimamente objetivados" de los derechos que están llamados a proteger.

Trenzano rechaza incluir un listado de agravios tipificados en el texto regulador de la ODL. Incide en el carácter "mediador", y en ningún caso "sancionador" del órgano. Esto significa que ante un problema intervendría para poner en contacto a las partes, pero en ningún caso para multar. "Podríamos, por ejemplo, informar de un determinado hecho disruptivo a la Delegación del Gobierno", precisa Trenzano. Si en lugar de entre particulares el problema se ocasiona a nivel empresarial, sería algo parecido. "En casos con entidades privadas, apelaríamos a Consumo, y serían ellos los que adoptarían medidas", concreta.

La queja ante la ODL no confronta con presentar una denuncia por la vía jurídica, pero en ningún caso la Generalitat intervendría. Trenzano equipara la nueva Oficina a una suerte de Sindicatura, en tanto en cuanto se limita a señalar agravios. A final del año, además, se prepararán informes generales sobre los casos registrados y las soluciones adoptadas. Dicho documento se elevará a Les Corts y al Estado para extraer conclusiones.

Por último, el director general de Política Lingüística recuerda que la ODL funciona "en ambos sentidos". "Esto quiere decir que también podrán apelar a ella los castellanoparlantes que se hayan sentido discriminados, aunque por regla general suelen darse más casos problemáticos con la lengua minorizada, que es el valenciano", aclara. No obstante, en el decreto no aparece mención alguna respecto a los castellanoparlantes. El modelo se inspira en las Oficinas que también han sido puestas en marcha en Baleares y Cataluña.

Posibilidad de enmendar el error

Cabe recordar que, cuando la Generalitat anunció la creación de la ODL, a finales del año pasado y con motivo del Día de los Derechos Lingüísticos, habló de un órgano mediador "con el objeto de garantizar la libertad ciudadana reconocida en el Estatut d'Autonomia y en la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV). En ambos textos queda explícito el derecho de la ciudadanía "a usar cualquier de las dos lenguas oficiales", además de "a no sufrir ningún tipo de discriminación por utilizarlas", así que este sería el fin.

Todo ello se concreta en un mecanismo que resuelva las demandas ciudadanas "de manera ágil y eficaz" frente a los recursos administrativos o la vía judicial. Para tramitar estos escritos, la ODL asumirá el papel de mediadora entre la parte reclamante y la parte que ha originado los hechos denunciados, poniéndose en contacto, no solo con las instituciones públicas, sino también con las personas físicas y jurídicas de carácter privado. En este sentido, se les brindará la ocasión de enmendar el error cometido. 

Además, en una segunda fase, la ODL ofrecerá a la parte infractora el apoyo y los recursos adecuados para evitar que este tipo de comportamientos se reproduzcan en el futuro.