Foto: ÀLEX OLTRAGANDIA. La Operación Aplauso -como la denomina el exalcalde de Gandia Arturo Torró- sigue dando que hablar después de la investigación de la denuncia presentada por la Fiscalía Provincial. Este jueves se ha conocido que la Empresa Pública de Gandia (IPG) deberá pagar más de 5,36 millones de euros por la compra de los locales de ocio, boleras y cines del Hotel Gandia Palace.
Así se desprende de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia, que ha desestimado la demanda interpuesta por IPG contra la empresa Vipei SA, en que solicitaba que no se hiciera efectiva la compra de la zona comercial del Hotel Gandia Palace.
Esta sentencia implica que IPG tendrá que pagar a la empresa propietaria de las boleras y cines 5,36 millones, ya que el juzgado ha considerado que la compra del inmueble sí se realizó y que fue IPG la que incumplió el acuerdo de compraventa firmado por el anterior ejecutivo de Gandia el 16 de enero de 2012.
La demanda a la que se hace referencia, fue interpuesta por el anterior gobierno del PP tras truncarse la compra de los locales del Gandia Palace y saber que la propiedad estaba embargada por la Sareb. Esta operación se enmarcaba dentro de lo que Torró bautizó como Operación Aplauso, que pretendía dinamizar la zona de la playa.
Cabe recordar que con esta operación se quería comprar parte del complejo Gandia Palace por 6,7 millones de euros y sufragar los gastos de la operación alquilando los espacios de los antiguos CineBox, los locales y la bolera. Utilizando IPG para firmar ese convenio, se pretendía ampliar el patrimonio del Ayuntamiento, potenciar la playa y cobrar los 1,3 millones de euros que la empresa Vipei adeudaba por los impagos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Ese dinero se deduciría del precio final y el resto debía ser abonado por IPG.
Preguntado por esta sentencia, el concejal popular Arturo Torró ha criticado que los responsables del actual Ejecutivo Local hayan “omitido su obligación de recurrir una Sentencia, para defender los intereses de los gandienses”. Según ha explicado, el actual Gobierno conoció la sentencia el 6 de octubre de 2016 y los plazos para recurrirla y, pese a ello, “decidió callarse”.
Es por ello que el Partido Popular exigen responsabilidades políticas y judiciales, contra quienes han actuado “a conciencia omitiendo su deber de velar por los intereses del Ayuntamiento de Gandia y su empresa pública”. Igualmente, ha solicitado la convocatoria urgente del Consejo de Administración de IPG, con el fin de conocer quién fue la persona que tomó la decisión de no recurrir dicha Sentencia, sin consultar previamente con el Consejo de Administración.
En este sentido, el asesor popular Javier Reig ha explicado que la empresa ACAL, era la que estaba llevando en nombre del Ayuntamiento este caso, y no ha realizado los trámites para apelar. Igualmente, Arturo Torró ha acusado a los actuales gestores de IPG de haber maquillado las cuentas para que la empresa pública diera pérdidas, lo que puede costarles caro, incluso haciendo frente con su patrimonio personal.
Por su parte, el gobierno afirma que esta sentencia viene a demostrar que el anterior gobierno de Gandia realizó la operación pero incumplió los términos del contrato. Por ello, el actual ejecutivo tendrá que hacer frente a la cantidad firmada en su día, lo que implica para el nuevo gobierno “uno nuevo golpe para las arcas municipales”. Así, el Ayuntamiento de Gandia deberá pagar a Vipei 5,36 millones, que se sumarán a los 1,3 millones de euros que la empresa Vipei adeudaba por los impagos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Por tanto, cuando se efectué el pago, la Operación Aplauso le habrá costado al consistorio casi 7,2 millones.
