VALÈNCIA. La pieza principal de la operación Flotador, la que investiga unas presuntas irregularidades en el concurso convocado por el Ayuntamiento de Sagunto para la selección de un socio privado en la constitución de una sociedad de economía mixta para la gestión del ciclo integral del agua en el municipio, se encuentra en el aire.
Todo ello después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) no haya podido acceder a los correos electrónicos intervenidos, tal y como consta en un informe enviado al juzgado, y al que ha tenido acceso Valencia Plaza, y tan solo cuente con los indicios del principio de la investigación.
La operación policial y judicial tuvo lugar como consecuencia del desarrollo y ejecución del concurso de selección del socio privado, cuando se constituyó en el año 2009 la sociedad mixta Aigües de Sagunt SA cuyos socios participativos son el Ayuntamiento de Sagunto (51%) y la entidad Aguas de Valencia (49%), la cual resultó adjudicataria de la licitación.
La cantidad presuntamente malversada, a través de esta operación, podría ascender a 24 millones de euros y que, en definitiva, debería ser el importe recibido en las arcas municipales. Sin embargo la situación económica del Ayuntamiento de Sagunto, derivada del expediente para la adjudicación de la concesión del agua, se materializó en la existencia de un préstamo participativo de aproximadamente 12.500.000 euros a favor de Aguas de Valencia, y una ausencia de ingreso del importe restante hasta los 24 millones de euros antes citados.
Sin embargo, toda la investigación podría saltar por los aires tras la llegada de un informe de la UDEF en el que los agentes dicen no haber podido acceder a los correos electrónicos que supuestamente demostrarían el delito. Es más, tras haber sido proveído a las partes el mismo, son varias las defensas, entre las que se encuentra el letrado Juan Carlos Navarro, las que han solicitado el archivo de la causa. Ahora, la Fiscalía Anticorrupción deberá informar al respecto y la magistrada decidir si archiva o, por el contrario, continúa con el procedimiento.
En el informe, explica la UDEF que: “no ha sido posible realizar una copia imagen del contenido”, que “no se dispone de cintas que permitan restaurar el servidor”, y que “solo se han recuperado datos ilegibles al desconocerse la estructura de los servidores”, por lo que determinan que “el volcado ha sido negativo desconociéndose el método que pudiera funcionar”.
En su informe, la policía añade que, “a partir de la revisión de los archivos aportados, el contenido que se encuentra en las carpetas nombradas como emails es muy reducido e incompleto debido a que las carpetas no tienen nada de información o se encuentra fraccionada haciendo imposible su lectura. En relación a los archivos con extensión img, se hace constar que no es posible su lectura, ya que al parecer la información contenida en los mismos se encuentra en código binario”.
La UDEF también dice en su escrito que, tras no poder acceder a los archivos ofició al juzgado para que requiriera al ayuntamiento, en este caso al Servicio de Informática del consistorio. Sin embargo, las esperanzas de la policía quedaron en nada, pues desde ese servicio se informó que: “No se dispone de posibilidad alguna, ni de medios técnicos (ni hardware ni software) adecuados para poder extraer o acceder a la información de dichos soportes físicos objeto del requerimiento”.
Tras la llegada del informe de la UDEF, y el posterior traslado a las defensas, varias de ellas han solicitado el archivo de la causa. Entre los motivos esgrimidos por los letrados, a los que ha podido acceder este periódico, se encuentra que, al no haber ninguna prueba, ni “ninguna vinculación o relación” entre los investigados y Aguas de Valencia, más teniendo en cuenta que el informe explica que la policía no ha podido acceder a los correos, se solicita el archivo de la causa.
Por eso, y teniendo en cuenta que los investigadores solo cuentan con los indicios que tenían cuando realizaron la investigación policial, las defensas han pedido el archivo del caso y ahora queda todo en el aire a falta de que Anticorrupción opine, y la magistrada decida qué hacer.