La oportunidad

Que la Economía Europea se enfrenta a una enorme crisis económica derivada, esta vez, de otra previa sanitaria es innegable a estas alturas, y la solución ofrecida por Europa (State aid Temporary Framework aprobada el 19 de marzo y ampliada recientemente) y seguida por los gobiernos nacionales, cada uno en la medida de sus posibilidades, ha sido la misma de siempre: la socialización del riesgo empresarial a través de paquetes de ayuda pública a las empresas.

Éste es un barco en el que vamos todos y aquí no se va a cuestionar la conveniencia de acudir a un instrumento más o menos disruptivo desde una perspectiva de competencia. Sin embargo, y vista la inevitabilidad del plan de salvación, sí interesa plantearse una serie de cuestiones a los efectos de entender cómo puede aprovecharse esta oportunidad para, en lugar de perpetuar mercados desiguales y disfuncionales, diseñar estructuras más equilibradas, impulsando ciertos sectores y prácticas más higiénicas.

Así, conviene analizar esencialmente dos cuestiones; la relativa a las consecuencias de haber optado por conceder ayudas eminentemente a través de un mecanismo nacional en el contexto de un Mercado Único, y aquélla que se centra en el diseño de la política industrial que puede aplicarse mediante la concesión de ayudas. 

La Comisión Europea ha abierto un controvertido melón relativo a la distribución de las ayudas públicas entre países, que descubre que Alemania es, de entre todos los Estados Miembro, quien cuantitativamente más apoyo concede a sus empresas a costa de sus presupuestos nacionales. Y esto lo hace no sólo porque existe la voluntad política para ello, sino porque cuentan con más recursos que el resto de Estados.

Las consecuencias de la comparativa anterior, que por evidentes no son menos necesarias de resaltar, se resumen en una perpetuación y profundización de las desigualdades y brechas entre las economías europeas, distanciándose aquéllas de países con más fondos de las del resto de Estados con recursos más mermados. El hecho de que los cuantiosos fondos alemanes se destinen a empresas de ese mismo país subraya el mantenimiento de ideologías con fuerte anclaje nacional, que impiden la consolidación de un verdadero mercado único, terreno abonado para que los campeones alemanes lideren los mercados en el futuro.

Y, a la vez, este panorama pone a la vista de quien quiera mirar una flagrante doble vara de medir, ya que, mientras se concede soporte público nacional abundante a los campeones nacionales, se bloquean los fondos europeos de recuperación. Fondos que podrían contribuir a corregir las dinámicas de desigualdad de base nacional descritas, ya que se repartirían de una forma más equitativa entre los Estados. Las esperanzas de reequilibrar la balanza económica quedan truncadas por esta estrategia de dos frentes, la del bloqueo de ciertos gobiernos al reparto de fondos europeos y la de generosidad nacional que beneficia exclusivamente a empresas domésticas.

Sin embargo, pese al oscuro horizonte, no todo está perdido. Tenemos ante nosotros una oportunidad de oro para reconsiderar y, eventualmente, remodelar la economía española. Las ayudas públicas son un instrumento eficaz para ejecutar una determinada política industrial, si no europea, al menos, nacional. La cuidadosa selección de empresas y los fines a los que se dedicará este apoyo son elementos indispensables en un buen diseño de medidas, con efectos a largo plazo. Con ellas se puede aprovechar para dar el impulso necesario hacia una economía distinta, más equilibrada y menos centrada en sectores empresariales extremadamente vulnerables y dependientes, desarrollando otros actualmente menos explotados en España y fomentando la industria y las nuevas tecnologías.

Adicionalmente, se ha de poner especial atención a las condiciones que se exigen a las empresas receptoras de las ayudas. Huelga decir que han de evitarse aquéllas que tengan sede en paraísos fiscales o historial de incumplimientos con la Hacienda Pública. La concesión de ayudas, que básicamente consiste en destinar recursos públicos hacia particulares, ha de condicionarse a un comportamiento ejemplar y de respeto a los intereses públicos.

Pero, además, habría de procederse a un seguimiento y vigilancia del comportamiento de las empresas una vez concedida la ayuda.  El escrutinio público que, de alguna forma, interviene la libertad empresarial es legítimo en estos casos y ha de ser conocido por todos el destino que se da a la ayuda, porque apela a las mismas raíces del instrumento. No pueden repetirse escándalos como el que afectó a la Lufthansa al difundirse, que, tras recibir una cuantiosa ayuda del gobierno alemán en un contexto de despidos colectivos y restructuración de la plantilla, la compañía consideraba ofrecer unos bonus por objetivos a sus directivos. La decisión democrática de recurrir a fondos públicos para salvar a determinadas empresas no es altruista. Se toma en protección del interés público: el buen y equitativo funcionamiento del mercado. En un mercado de trabajo como el español, con un índice de paro alarmante, condicionar la ayuda al mantenimiento del empleo parece un requisito más que razonable. Y la exigencia anterior no es más que un mínimo para el potencial del instrumento que tenemos a nuestra disposición.

Del mismo modo que hay que ser valiente y generoso en la concesión de ayudas públicas, es imprescindible hacerlo siguiendo un plan de acción ambicioso con objetivos de interés público a medio y largo plazo, que no sea un mero parche, sino que persiga un saneamiento estructural de la economía española y, con ello, la mejora sustancial de las condiciones de trabajadores y ciudadanos

Carmen Rodilla Martí. Profesora Ayudante Doctor de Derecho Mercantil en la Universidad de Valencia)