Les llaman zombis pero en realidad son trabajadores públicos que llegan, fichan y desaparecen. Así durante años. El caso que afecta a Carles Recio, diez años fichando y cobrando pero sin aparecer en su puesto de trabajo en la Diputación de Valencia, es un escándalo. Hay que bajar con urgencia a las cloacas
En cuanto se controla el reset todos desean cambiar plantillas, dictar normas, medidas y obligaciones, aunque simplemente sean morales. Y tener gente de “confianza” pululando, pese a que su mediocridad les desnude. Es un pago. Lo anterior, nunca sirve. Dogma. Lo hacen comunidades de vecinos, consistorios, autonomías, gobiernos estatales, nacionales, europeos…. Hasta organismos internacionales creados al peso de la influencia y el compadreo económico y “moral”. Esos mismos que cobijan tecnócratas y funcionarios que han de justificar un sueldo por algo que nunca hacen o llevan muchos años sin realizar. De eso vamos sobrados.
Es todo muy al estilo de ese personaje entrañable de la Diputación de Valencia, Carles Recio, que lleva diez años fichando y cobrando pero sin aparecer por su puesto de trabajo ni explicar cuál es realmente su cometido. Él se declara “negro”. Según los argumentos que esgrime para ir a fichar, desaparecer y volver para fichar el fin de la jornada laboral sin haber hecho nada y así cobrar a fin de mes, es que su trabajo consistía en realizar visitas, establecer contactos y además escribir en la sombra discursos y prólogos para posterior lucimiento de políticos huecos de cerebro y cerebelo, entiendo al escucharlo. Lo hacía supuestamente en su casa porque el ordenador asignado no era el adecuado. ¡Bien!
Conozco muchos ejemplos de “negros”, aunque su trabajo sea intangible e inmaterial, como si se tratara de un canto espiritual o la tradición oral de sembrar ajos tiernos. En el caso de Carles Recio, creo que el paraguas del Institut de Estudis Valencians ya no le sirve. Y desde hacía muchos años no era razón para haberle creado una plaza a la medida. Más que nada porque hace tiempo que murió la bronca político lingüística, salvo cuando se aproximan unas nuevas elecciones, y menos aún es negocio que intentar pactar o apaciguar con un cargo o una subvención ad hoc.
A Recio el dieron el puesto como pago por adelantado para que sumara en su día voluntades a la pacificación lingüística, como a otros muchos “ilustrados” a los que habrá que volver, y no dieran la murga a quienes desde la sombra buscaban una patética solución al conflicto. Recio era de los de armar bronca y movilizar huestes. Era utilizable. En resumen, una compra de voluntad y silencio en toda regla.
Pero algo debería haber hecho todo este tiempo como aportación social a su experiencia y sociedad después de logrado el objetivo. Incluso contar en un libro sus vivencias. Aunque sólo fuera por entretenerse a tiempo parcial y ser solidario con la sociedad que le ha estado pagando todos estos años. Tampoco le costaba tanto hacer lo que otros proscritos han hecho, esto es, ponerse unos deberes o incluso ampliar su currículum a base de másteres on line, como algunos supuestos gurús de la información realizaban en su horario laboral con las puertas de sus respectivos despachos cerradas. Una cosa es que te aparten, otra diferente echarle morro. Hay quien hasta se lo pisa. Dos veces, porque lo arrastra.
En su día, Recio convenció y sedujo el expresidente provincial Manuel Tarancón para manejar e ir acallando las fuerzas del ruido y los sectores más conservadores y belicistas por los que él se movía como una anguila. Luego se quedó con los siguientes residentes del Palau Batlía, hasta que descubrieron otro pufo mucho más escabroso y serio vinculado con la prostitución masculina. Por ello le cambiaron de puesto y él, como reacción ante el distanciamiento, dejó de pegar chapa, aunque ahora diga que hizo lo que le pidieron que hiciera.
Entre la clase política es muy normal cuando se hereda una institución resetear posibles enemigos, apartar cargos de confianza de antecesores y mandar a galeras a todos aquellos que no deseas tener muy cerca. Es normal tanto si es de un partido contrario como del mismo. El problema es haberlos convertido en fijos y con plaza, y no en meros cargos temporales y pasajeros de confianza. Casos hay a patadas. Acuérdense de Canal 9 cuya plantilla llegó a contar con 1.500 trabajadores, el triple de los necesarios, ya que los socialistas de Lerma crearon la primera; Zaplana quiso la suya porque no confiaba en la heredada y Camps montó otra a su medida, por lo que los mismos puestos estaban triplicados. En aquellos tiempos se decía que un puesto de trabajo debía garantizar cuarenta votos de familiares y conocidos. Pues extrapolen el asunto a la Diputación de Valencia con el Caso Recio.
Muchos de estos funcionarios, aupados no por sus méritos sino por el pedigrí político o la afinidad personal, no pueden ser apartados. Les han regalado su plaza y creen que las becas son eternas. Ellos y sus superiores. En este caso han sido varios los presidentes de la Diputación que han pasado por el cargo durante el tiempo del pillaje. Hasta cuatro son los que desprestigian el sistema y las instituciones. Pero lo grave en este tema, como en otros que irán apareciendo, es la responsabilidad de todos aquellos que han consentido la desfachatez y han mantenido a estos zombis en la sombra sin haberles dado faena alguna ni haber denunciado la anómala situación.
Reclamo que la investigación abierta por la corporación provincial sea integral y profunda por el bien de todos nosotros y la credibilidad de sus actuales gestores. Que no quede en una cortina de humo. Ni tampoco sea excusa para una purga estalinista cuando se es profesional a tiempo completo al margen de cuestiones ideológicas. Pero este caso, punta de iceberg, no puede quedar impune nadie caiga quien caiga. Ya está bien.
Conociendo al personaje en cuestión, toda esta publicidad, sin embargo, le va a rearmar. Estará encantado de ser protagonista. Hasta escribirá una novela. O un manifiesto. Yo no descartaría incluso una revista de variedades porque tiene argumento y personajes.
El nuevo equipo rector de la Diputación de Valencia, que ya lleva dos años en el cargo, debería bajar a las cloacas a la carrera. Y poner orden. Mucho orden. Es su obligación pública. Igual que la de los sindicatos. Más aún cuando ya están apareciendo voces que avisan que el caso no es único. Pues a trabajar. Con este asunto puede saltar un verdadero escándalo que llevará de nuevo al debate sobre la utilidad de algunas instituciones, en este caso las diputaciones, organismos, como otros tantos, saqueados por antiguos gestores y con plantillas sobredimensionadas por cada uno de sus virreyes. Hace falta ley y orden. Mucho orden y aplicación de la ley hasta donde sea necesario en todas las instituciones públicas. Y si no que cambien normas y cierren chiringuitos. Pero que hagan algo porque de tolerar “listos” o financiar vividores ya estamos saturados. Los nombres se conocen. ¿Entonces?