VALÈNCIA. Este miércoles se cumplirán seis años desde que Les Corts escogiera a Consuelo Císcar como asesora de la Generalitat a través del Consell Valencià de Cultura. A efectos prácticos, asesora de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de Vicent Marzà (cargo que acumuló a su dirección de l'Institut Valencià d'Art Modern. Eran otros tiempos...). Ni los movimientos dentro del propio CVC –desde el buenismo institucional que ya preveía que nadie le iba a mover de su asiento–, ni la opinión del propio Partido Popular en los últimos tiempos, ni las ganas del actual Consell por desligar su imagen de una institución pública, o sea, nada, ha logrado que su nombre no figure como cargo público hasta la fecha. Y sigue.
La Generalitat retribuye sus servicios con total normalidad a la vez que, hace tan solo unos días, la jueza Nuria Soler le imponía 4,1 millones de euros de fianza para cubrir la responsabilidad por la que puede ser condenada debido a una supuesta estafa en el IVAM (junto a su responsable económico, Juan Carlos Lledó, y el hijo del escultor José Luis Rueda, Gerardo Rueda). Una cifra astronómica para una supuesta malversación en una institución cultural valenciana (tres cuartas partes del presupuesto del IVAM) que no mantiene relación directa con la inquietud de los partidos que componen el Parlamento valenciano –y especialmente sus responsables culturales– por relevarla como asesora de la Generalitat.
La excepción se la adjudica Compromís que este martes planteará que se acelere la renovación del CVC "toda vez que el mandato de los miembros ya ha terminado hace unos meses". Es decir, que nadie se ha afanado en aprovechar la efeméride del cumplimiento de los seis años en el cargo por causa del compadreo político de votos en la tradicional colocación de nombres propios. Es decir, que evidencian no tener preparada una salida inmediata de Císcar de esta posición al servicio del Consell. Es decir, que de poco han servido las fotos tensas ante su presencia en algunas reuniones ni la sorpresa de muchos ante su comparecencia continuada en actos y manifestaciones de este órgano estatutario.
Cabe entender que al actual Consell no le aprieta la ética ni –mucho menos– le apremia la estética. Porque cabe entender que no considera que el CVC haya podido ver devaluada su voz al sostener entre sus asesores directos de la Generalitat a Císcar (en un proceso muy grave de presunta estafa económica). Pese a que algunos de sus miembros hayan afeado esta realidad cotidiana de manera vehemente hasta quedarse solos en la queja, lo que sorprende aún más es que no haya calado el mensaje de una modificación de la norma para evitar que personas investigadas por la Justicia sean relegadas del cargo.
El tiempo será el único juez de Císcar en la extensa presencia de la todavía imputada. Compromís (al único partido al que parece escocerle desde hace mucho tiempo) considera la situación "vergonzosa", pero no sabemos cómo considerará ni este partido ni otros semejante realidad cuando –por qué no– vuelva a suceder. Su caso, eso sí, no es distinto al actualmente multiimputado Francisco Camps. Y lo mismo.
Eso sí, en unos meses se comunicará el adiós de Císcar al CVC como una victoria tras la que será la primera reforma legislativa de un órgano estatutario que obliga a la elección paritaria de sus miembros. La situación actual es de 5 de 21 miembros (ni el 25%), mientras que la futura composición dará como resultado un 50% en la presencia del órgano, situación que se extenderá progresivamente a todos los órganos estatuarios de la Generalitat. Que no parezca consuelo de mínimos. Ya era hora.
Los magistrados concluyen que las obras del citado escultor vendidas al museo eran "auténticas" y el precio que se pagó por ellas "fue acertado o en su caso muy beneficioso"