VALENCIA. La patronal de la provincia de Castellón (CEC), sobre la que existe una investigación judicial abierta por presunto fraude en la gestión de fondos públicos para formación, incumple la obligación de la Ley de Transparencia de dar publicidad a sus cuentas auditadas. La organización empresarial, que también contraviene las directrices impuestas por la patronal nacional CEOE, no tiene publicadas las cuentas de ningún ejercicio, a excepción de una página del informe de auditoría de las de 2013. El objetivo de la ley, que lleva más de un año en vigor, es reforzar el control sobre las entidades que manejan fondos públicos.
Esta ley obliga a las administraciones públicas, organismos autónomos, agencias estatales, entidades públicas empresariales y entidades de derecho público, pero también a partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales a publicar "como mínimo" las subvenciones y ayudas públicas concedidas (beneficiarios, importe y objetivo), presupuestos, cuentas anuales y los informes de auditoría o las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables, entre otros datos.
La CEC tiene habilitada en su página web la sección 'Portal de Transparencia'. En ella figura un avance del presupuesto de 2015, en el que aparecen ingresos y gastos sin desglosar y el "informe de retribuciones", en el que se limita a reflejar que "ninguno de los cargos mencionados en el apartado organigrama recibe retribución alguna". Sin embargo, no facilita la información de sus cuentas a pesar de que la inmensa mayoría de sus ingresos son de procedencia pública.
Según su previsión de ingresos para 2015, de los 1,89 millones de euros previstos, 145.000 proceden de las cuotas de sus asociados, 40.000 de empresas asociadas y otros 40.000 de cuotas del consejo asesor. El resto son convenios y subvenciones. Casi un tercio de su presupuesto depende del Programa Fundación Tripartita (588.000 euros), a los que se suman 18.000 euros que aporta la Diputación de Castellón o 20.000 del Ayuntamiento, entre otros.
La patronal justifica el incumplimiento en el cruce de alegaciones que mantiene con el auditor
Preguntado por los motivos por los que la organización no publica sus cuentas, el secretario general, Rafael Montero, explicó a este periódico que la ausencia se debe al "cruce de alegaciones" que mantiene con el auditor por la "interpretación" sobre el ejercicio al que se imputa una partida. La patronal, según aseguró, tenía previsto publicar el documento "definitivo" antes de que finalizase 2015, algo que no ha llevado a cabo.
Con este incumplimiento, la patronal de la provincia de Castellón se desmarca de la actuación de la inmensa mayoría de organizaciones empresariales y sindicales, que sí han habilitado portales de transparencia en sus respectivas páginas web en los que recopilan la información de la que están obligados a realizar publicidad activa.
Rafael Montero, secretario general de la CEC (EVA MÁÑEZ)
La alicantina Coepa, que está en preconcurso de acreedores y tampoco tenía publicadas sus cuentas, las ha colgado recientemente en su página web. Por su parte, la autonómica Cierval y la valenciana CEV habilitaron dentro del plazo sus respectivos portales con toda la información que están obligados a facilitar.
La inmensa mayoría de las 225 organizaciones integradas en la CEOE cumple la normativa
Según explicó recientemente a este periódico un portavoz de la patronal nacional CEOE, de las 225 organizaciones integradas en la confederación, casi todas cumplen con el precepto legal. Aunque el actual presidente de la organización, Juan Rosell, ha reclamado en varias ocasiones un esfuerzo a las organizaciones miembro por ser más transparentes, la CEOE no tiene la capacidad de "forzar" a las demás a que publiquen sus cuentas, auditorías y subvenciones.
En su portal de transparencia, la CEOE detalla que reúne en un único sitio "toda la información de carácter económico, presupuestario y estadístico a que hace referencia el artículo 8 de la Ley".
Macrocausa en los juzgados de Nules
La patronal castellonense atraviesa uno de los momentos más complicados de su historia reciente. A sus problemas económicos se suma la investigación abierta en un juzgado de Nules para investigar un supuesto fraude en la gestión del dinero público para formación.
Ante la complejidad de las diligencias -se trata de una causa que incluye una enorme cantidad de documentación-, el juzgado ha pedido refuerzos. En el procedimiento están imputados el presidente de la organización, José Roca, el secretario general, Rafael Montero, y otras ocho personas.
Además de investigar posibles delitos contra Hacienda en la gestión de los fondos públicos para formación, también se investiga una posible falsedad documental en relación con las subvenciones para planes de formación concedidas a organizaciones empresariales.
El juzgado mantiene abierta la causa desde principios de julio como consecuencia de una denuncia presentada por la Fiscalía contra dos empresas, la CEC y contra la patronal Cierval, cuya función era la de canalizar las ayudas hacia la organización castellonense.
José Roca, presidente de la CEC (EVA MÁÑEZ)
