Una juez admite el recurso presentado por el edil popular Guillermo Barber contra un acuerdo plenario en el que su voto no contabilizó
VALENCIA. La convocatoria de la plaza de Jefe de Área del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Gandia iniciada en 2014 ha derivado en un proceso judicial que, lejos de acabar, cuenta con un nuevo episodio: La resolución de la denuncia interpuesta por el Partido Popular por impedir al edil popular, Guillermo Barber, votar en el pleno que se celebró el 5 de mayo de 2016.
El Juzgado número 7 de lo Contencioso-Administrativo de Valencia ha admitido el recurso presentado por Guillermo Barber contra el acuerdo plenario aprobado en ese pleno y cuyo punto en cuestión era la recusación del exalcalde popular, Arturo Torró, proceso en el que también está involucrado Guillermo Barber. Dicha causa la impulsó Emilio San Pío, quién fuera jefe de Urbanismo hasta 2011, tras la aprobación del anterior ejecutivo — del Partido Popular—, de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). El puesto acabó en manos de otro funcionario, José Santatecla y San Pío llevó al anterior gobierno a los juzgados por este proceso.
Tras la votación del punto la máxima edil, Diana Morant, se basaba en un informe jurídico para que no se contabilizara el voto de Guillermo Barber. Según explicó en su día, Guillermo Barber no podía intervenir al estar dentro del proceso, por lo que su obligación era abstenerse. Por su parte, el Partido Popular sostuvo que esa decisión sólo la podía tomar él.
La no participación de Guillermo Barber derivó en un empate en la votación: El Partido Popular y Ciudadanos se mostraron en contra de la recusación mientras que el gobierno a favor. El voto de calidad de la alcaldesa decantó la balanza hacia el lado del gobierno.
La sentencia de la juez, que califica el informe presentado por la alcaldesa de “ilegal”, argumenta que “debieron respetarse todos los trámites legales, que pasan por suspender el procedimiento, conceder trámite de audiencia y resolución del pleno del Ayuntamiento”. Igualmente, estima que en dicha sesión plenaria se vulneró “el derecho fundamental a la participación política”.
Por todo ello, la juez estima el recurso formulado por Guillermo Barber contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento. “No sólo computando mi voto, es decir, dándolo por válido sino que retrotrayendo todas las actuaciones adoptadas por este gobierno en este punto desde entonces”, ha explicado.
Al respecto, Guillermo Barber ha señalado “el autoritarismo y la falta de participación democrática con la que actúa la alcaldesa y por extensión su gobierno”. Igualmente, ha recordado que el gobierno arrastra varias causas judiciales: la investigación por parte de la Fiscalía de la adjudicación del Centre Esportiu Roís de Corella y la investigación judicial del cierre de los despachos de la empresa pública tras el acto de investidura.
Por su parte, el portavoz del Gobierno local, José Manuel Prieto, se ha referido a este caso de “extenso y envenenado” y ha recordado que es herencia de la anterior legislatura. Con respecto a la sentencia, ha comentado que la decisión de no contabilizar el voto del popular Guillermo Barber en el pleno del 5 de mayo, se basó “en informes jurídicos que avalaban esta decisión” y reafirmó que “entendemos que siempre hemos actuado según la ley”.
De igual modo, ha recordado que “ya tenemos una sentencia que nos da la razón por lo que entendemos que nuestras actuaciones se ajustan a la ley”. Por ello, ha anunciado que desde el gobierno van a recurrir la decisión del Juzgado número 7 de los Contencioso Administrativo de Valencia porque “entendemos que tenemos razón y que hemos actuado de manera escrupulosa”.
