La Policía detecta financiación irregular en el PSPV y en el Bloc

VALÈNCIA. El informe de la sección de Blanqueo de capitales de la Unidad de Drogras y Crimen Organizado de la Policía Nacional ha detectado una posible financiación irregular, tanto del PSPV como del Bloc, tras analizar la documentación aportada por el Partido Popular, lo que desmontaría la teoría de los socialistas valencianos de que dicha documentación fue alterada.

Pero, además, añade que, una vez desarrollada la investigación, "es de suponer que continuara el mismo procedimiento hasta el año 2011", año en que el Ayuntamiento de Gandia pasó a ser dirigido por el popular Arturo Torró tras ocho años como alcalde del socialista José Manuel Orengo, y cifran el dinero que el PSPV habría utilizado entre 2005 y 2008 para ‘doparse’ en 1.100.000 euros.

Según explican los agentes en un informe al que ha tenido acceso Valencia Plaza, "diversas empresas con actividad comercial en las ciudades de Gandia y Benidorm principalmente, pudieran haber asumido facturación que debiera haber sido realizada al PSPV y Bloc-Compromís”.

Y exponen que, la empresa Crespo Gomar sería la que prestaría los servicios a los partidos políticos. Dicha firma, de la mano de Lucía Pascual "solicitaría las facturas por los trabajaos realizados a terceras empresas". Una vez las facturas estaban en manos de Crespo Gomar, Pascual las reenviaba a los partidos a los que se les había realizado el trabajo. Explican los agentes que las empresas que realizan las facturas, "serían beneficiarias de adjudicaciones y/o reparto de comisiones".

Es en ese momento cuando añaden una comparativa que hace evidente que, la forma de actuar, era idéntica a la utilizada por la trama Gürtel con el PP. Los policías dicen que "como se ha podido acreditar en otras investigaciones de financiación irregular ya vistas por los juzgados con un procedimiento idéntico al que se informa en el presente, sería esta tercera empresa la que sumiría el importe de la factura (gasto electoral del partido) y la abonaría a la que realmente realizó el trabajo, en este caso Crespo Gomar, obteniendo esta tercera empresa que paga los gastos del partido político, beneficios futuros en las contrataciones y adjudicaciones concedidas por los ayuntamientos que gestionan estos partidos políticos, y las que compensan con creces el desembolso que realizaría esta tercera empresa".

Entre 2005 y 2008, "como mínimo"

El informe explica que esta mecánica de presunta financiación irregular se habría producido "como mínimo" entre los años 2005 y 2008. Y que su funcionamiento se habría realizado a través de facturas que "presuntamente habría confeccionado Crespo Gomar", donde se observaría el desglose de los servicios que habrían sido ofrecidos al PSPV, con el importe total de los adeudados. Dicha factura, y teniendo en cuenta "que esta no sería presentada al partido político", "ofrece un aspecto poco serio sin terminar, sin completar el número de factura, etc". Esta falta de cuidado, a juicio de los investigadores, podría deberse a que "únicamente serviría para conocer a cuánto asciende el importe de los servicios prestados".

Y prosiguen explicando que posteriormente, "y según habrían acordado a través del responsable político y la empresa Crespo Gomar, se decidiría qué empresa va a ser la encargada de cubrir ese gasto bajo una factura entre Crespo Gomar y la empresa designada, siendo ésta la que soportaría el pago de los gastos". Para ello, se establecen como concepto "cosas genéricas y faltas de detalle, que con mucha probabilidad no llegarán a efectuarse". Y además, "el membrete de la factura habría sido borrado para evitar que fuera identificable".

En cuanto a las similitudes con otros procedimientos, son llamativas las explicaciones que ofrecen sobre los conceptos genéricos. Al igual que hicieran los miembros de la Gürtel con las empresas que abonaban las campañas populares, Crespo Gomar utilizaba conceptos como "servicios de asesoramiento de marketing y comunicación" en todas las que tenían importes mensuales en empresas como Construcciones Blauverd, Hospimar SL y Quick Meals Iberica que tienen importes iguales de 52.200 euros al mes.

Dice el informe que "parece desorbitado"; y a título de ejemplo apuntan lo que se ha llamado "servicio de asesoramiento en marketing y comunicación acciones Finestrat se hubieran pagado cinco mensualidades seguidas por un importe de 214.600 euros".

Por su parte, el Bloc se habría gastado 739.000 euros de procedencia irregular en campañas como Adeu PP que habrían sido abonadas por las empresas Metrovacesa, Egevasa, Construcciones Blauverd y Lubasa. Todo ello "enmascarado en un trabajo que con toda seguridad no ha existido o habría sido inflado en su importe".