Iñaki Urdangarin. Foto: EFELa reciente solicitud de absolución al Tribunal Supremo por parte de Iñaki Urdangarín viene inevitablemente a recordarnos que la Infanta Cristina resultó absuelta de los cargos que pesaban contra ella como cooperadora necesaria de las trapacerías de su marido. El fondo de la sentencia, a saber, que ella no conocía el origen de los extraordinarios ingresos de su esposo, cuando se pudo constatar que participaba con firma en las empresas que los obtenían, no lo creyó nadie porque atenta contra la lógica no menos que contra el sentido común. A este hecho viene a unirse la persecución fiscal de aquellos ciudadanos o representantes catalanes que han manifestado sus simpatías por la independencia de Cataluña justo en el momento político en que esta persecución puede interpretarse correctamente como un castigo y a la vez como una amenaza.
Lo cierto es que el poder impositivo del fisco tiene un origen y desarrollo no menos violento y favorable al poder vigente, es decir, necesitado de oscurecimiento y excusas sucesivas, que el propio poder político. En los orígenes de las sociedades estatales, la creación de la carga fiscal obedece a la necesidad del general victorioso de un instrumento administrativo que le permita convertir el saqueo esporádico en una institución expropiatoria estable. Ese instrumento usurpatorio fue el tributo, que es el pago periódico de una parte de la producción incautada a su legítimo dueño. Al considerar con perspectiva el nacimiento de los impuestos por medio de la amenaza y la extorsión, no observamos gran diferencia entre las exacciones de los piratas, las gabelas de los señores feudales y las regalías de los reyes.
Cuantos más tributos pudiera en el pasado cobrar un rey, señor o gobernador con ayuda de sus administradores, recaudadores y capataces, mayor capacidad tenía para aumentar sus ganancias imponiendo cargas fiscales a más colonos, súbditos o vasallos. La organización implica aptitud operativa para realizar un censo de la población conquistada. La lógica del censo y el catastro radica en que los dominadores sólo recaudarán a la medida de su codicia si antes conocen dónde vive y trabaja cada productor y cuánto posee. El censo es la forma racional para subyugar largo tiempo un país en tanto permite a efectos de coacción policial localizar a todos los habitantes sujetos a tributación fiscal obligatoria. Estar localizado por la agencia fiscal del poder político significa verse sometido al pago obligatorio de cargas y tributos y a la prestación de servicios.
Sólo hay verdadero control político, nos advierte el estudioso del Estado moderno Graeme Gill, si un centro ha extendido una red administrativa sobre un territorio dado. La necesidad de esa red de control explica el desarrollo de las infraestructuras de comunicación, que son en última instancia medios estratégicos de control sobre los territorios conquistados. Los grandes Estados siempre se enfrentaron al problema de que la lealtad de los funcionarios a las autoridades centrales disminuía a grandes distancias al entrar en conflicto con la lealtad a las regiones sometidas debido al contacto diario con la población. Ello explica la rotación de funcionarios que en algunos ámbitos llega a nuestros días a fin de que no echaran raíces en unas comunidades locales y provinciales que tenían la misión de vigilar en beneficio de la capital.
La historia de la administración nos enseña que en los Estados antiguos de grandes dimensiones la máquina administrativa estaba enraizada sólo en las clases sociales altas y carecía de poder de penetración social; en tales condiciones rudimentarias, los agentes fiscales del Estado eran siempre los odiados soldados o recaudadores de impuestos de un sistema arbitrario, intrínsecamente prevaricador y desnudamente explotador que atentaba contra los recursos vitales de los administrados. En el mundo judío y cristiano de la época de Cristo, el recaudador de impuestos y la ramera ocupaban al mismo nivel de indignidad a ojos del pueblo: “Jesús les dijo: En verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros”. Sólo los Estados modernos, en efecto, han logrado permear las provincias alejadas de la capital para mejor someterlas a control.
Un conocido eslogan de la publicidad institucional española reza “Hacienda somos todos”. Este anuncio ha sido hábilmente concebido para convencer a los más castigados por el Fisco, los empleados y trabajadores, de la equidad y solidaridad del sistema impositivo español, más bien deficitario en ambos valores. En general, la Administración Pública de los países occidentales ha dejado atrás el sesgo partidista o patrimonial, pero en otros aspectos la imposición de cargas sobre las espaldas de los débiles se ha acentuado con el tiempo. En la realidad pasada y presente, sólo contamos con variaciones de una Administración Pública que jamás fue concebida ni desarrollada para servir a los intereses de la sociedad, sino a los del Estado, y, en concreto, a los de aquellos grupos y círculos de poder que dominan el aparato de gobierno. La reciente confesión pública en sede judicial de la abogada del Estado Dolores Ripoll, representante de la Hacienda Pública en la causa contra la infanta Cristina “El lema ‘Hacienda somos todos’ debe restringirse al ámbito para el que fue creado, el de la publicidad” (enero de 2016) no ha venido sino a recordar una realidad tan históricamente constante como moralmente inaceptable.
