VALÈNCIA. (EFE/Ana Rodrigo). La acogida del Aquarius escribió el capítulo inicial de una política migratoria "más humanitaria", que intentó sin éxito alianzas en Europa sobre el rescate en el Mediterráneo y que ha tenido que readaptarse al cierre de puertos y capear un importante aumento de llegadas de migrantes por mar.
Un año después, ya no está el Aquarius ni ningún otro barco de ONG rescatando a migrantes en el Mediterráneo. Y las cifras de muertos y desaparecidos siguen creciendo.
Médicos sin Fronteras (MSF) cifra en 1.151 las personas fallecidas a lo largo de ese año en la zona en la que el Aquarius, que operaban esa ONG y la francesa SOS Mediterranée, rescató a los 629 migrantes que llegaron al puerto de València el 17 de junio. Y estima que más de 10.000 migrantes han sido obligados a regresar a la fuerza a Libia.
Las llegadas de migrantes por mar a España se llegaron a triplicar a finales de 2018, aunque en los primeros meses de este año han comenzado a reducirse.
La respuesta de los Gobiernos europeos a la crisis humanitaria en el Mediterráneo y Libia "ha sido una carrera hacia el abismo", asegura a Efe David Noguera, presidente de MSF.
"Hace un año imploramos a los Gobiernos europeos que pusieran la vida de las personas antes que la política. Abogamos por una respuesta humana, por poner fin a la deshumanización de las personas vulnerables en el mar con fines políticos. Sin embargo, un año después, la respuesta europea ha alcanzado nuevos mínimos desoladores", añade Noguera.
Solo en los primeros cinco meses del año han muerto en el Mediterráneo más de medio millar de migrantes; 519 personas, según los últimos datos de la OIM, e intentando llegar a España, 164 migrantes que viajaban en pateras, mientras que casi 8.000 han logrado alcanzar las costas españolas.
Los trabajadores de Salvamento Marítimo denuncian sentirse desbordados por la intensidad de un trabajo para el que piden aumentar las plantillas.
"Todos los estados europeos han abandonado la política de rescate y control del Mediterráneo central y han delegado en las autoridades libias el objetivo de 'que no lleguen' los migrantes", explica a Efe, la jurista de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Paloma Favieres.
Considera que la decisión de permitir desembarcar al Aquarius fue "un paso importantísimo del Gobierno y muy valiente porque fueron más de 600 las personas que salvaron del infierno de Libia y porque España se convirtió en un interlocutor más activo en Europa" en materia migratoria.
Esta abogada que estuvo en el puerto valenciano dentro del dispositivo excepcional tramitando las solicitudes de los migrantes relata que nunca había visto "gente tan deteriorada física y psíquicamente como la que bajó de ese barco; lo que vi bajar de ese barco a mi me ha traumatizado".
Para la jurista, "todas las personas que han pasado por Libia y que han vivido ese infierno deberían recibir un permiso por razones humanitarias".
El catedrático de la Universitat de València Javier de Lucas considera que "el gesto del Aquarius no fue una iniciativa estructural de una política migratoria, porque siempre se presentó como una acción de carácter excepcional, por razones humanitarias ante una situación gravísima".
"A muchos nos hubiera gustado que se hubiera abierto una línea de política migratoria atenta a la obligación del rescate de vidas humanas en el Mediterráneo", apunta a Efe el experto en migraciones, quien resalta que España intentó una alianza con Francia y Alemania para llevar a cabo esa política de rescate, aunque no tuvo respaldo.
De la política española destaca el "cierto éxito" en la reducción de la llegada de migrantes desde Marruecos, aunque recuerda que el principal flujo de migrantes no viene en patera, sino con visados turistas a aeropuertos. Propone reorganizar las llegadas con medidas como visados para búsqueda de trabajo, porque apunta, "existe trabajo para los migrantes".
El Gobierno ultima una estrategia para "evitar" que los migrantes se lancen en patera con destino a Europa a través del mar, con medidas que permitan regular de manera "segura, ordenada y legal" esas llegadas, anunció hace unos meses la secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí.
Implica a varios ministerios y se centra en medidas como la contratación en los países de origen de migrantes para campañas agrícolas (en la recogida de frutos rojos se autorizó un contingente de 19.000 trabajadores).
Pero sobre todo, el Gobierno se ha esforzado en estos meses en presentar la inmigración como una oportunidad para cubrir sectores de trabajo en los que las empresas necesitan perfiles que no coinciden con el de las personas desempleadas en España.