Vicent Soler y Cristóbal Montoro se saludan en una reunión del CPFFAunque recurrir al sobrante del FLA aumentaría el déficit, retrasar el pago a proveedores dificultaría aún más el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria
VALENCIA. La Generalitat ya estudia la fórmula para afrontar la devolución de la paga extra de los funcionarios, una decisión impuesta por el Gobierno que ocasionará a las arcas autonómicas un desembolso adicional de 75 millones de euros no presupuestados. Aunque el Consell comparte el pago del dinero que se les retuvo a los trabajadores públicos en 2012, exige al Ministerio de Hacienda facilidades para llevar a cabo esta medida. Ninguna de las alternativas convence plenamente, pues en el mejor de los casos supondrá aumentar todavía unas décimas más el déficit con el que cerrará el ejercicio.
Eso es lo que sucederá si el Ministerio de Hacienda accede a habilitar una nueva partida del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para que las comunidades peor financiadas puedan hacer frente a la devolución de una cuarta parte de la devolución de la extra de los trabajadores públicos prevista para este otoño, justo antes de las elecciones generales.
Varias comunidades autónomas, entre ellas la valenciana, plantearon esta alternativa a Cristóbal Montoro en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El ministro se comprometió a estudiarlo, pero sin compromisos concretos. Para la Conselleria de Hacienda, aumentar su deuda con el Estado vía FLA sería el mal menor en esta suerte de ratonera que plantea el Ministerio y que sitúa a las comunidades ante la disyuntiva de elegir entre una solución mala y una peor.
Sin la certeza de nuevos fondos del FLA, la alternativa a día de hoy pasa por detraer fondos de otras partidas, ya que el pago del sueldo de los trabajadores públicos es prioritario. "Los pagos del capítulo uno son preferentes y habrá que afrontarlos, pero habrá que dejar de pagar otra cosa", explican fuentes de la Conselleria de Hacienda. Así las cosas, si no hay recursos adicionales, "se quedarán sin hacer pagos a proveedores", reconocen.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria fija un tope de 30 días para pagar a proveedores
"Cualquier aumento de gasto que el Estado imponga a las Comunidades Autónomas debería ir acompañado de una transferencia a las comunidades por la cantidad correspondiente", aseguran las fuentes, que insisten en que comparten la decisión de devolver los fondos retenidos a los funcionarios.
De este modo, hacer efectivo el pago de la cuarta parte de la extra previsto para antes de que acabe el año -el resto se devolverá en 2016- supondrá aumentar la deuda de la Generalitat con el Estado, en el caso de que finalmente se acabe repartiendo entre las comunidades el sobrante del FLA, o dificultar aún más los exigentes plazos de pago a proveedores impuestos por el Ministerio si la Generalitat tiene que tirar de recursos propios.
En este sentido, cabe recordar que la Ley de Estabilidad Presupuestaria contempla la posibilidad de intervenir a las comunidades y suspender las competencias sobre los tributos cedidos si incumplen el plazo legal de 30 días para saldar la deuda comercial.
Aunque la devolución de la paga extra es potestad de cada autonomía, la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ya aclaró semanas atrás que los funcionarios valencianos la cobrarán, pero exigió a Montoro que ponga el dinero.
Los 75 millones de euros de la extra no presupuestados no son el único roto al que tendrá que enfrentarse la Generalitat en los próximos meses. El Gobierno valenciano se enfrenta además a una posible multa de casi 19 millones de euros por las facturas en el cajón de Sanidad. Aunque Bruselas impone la multa por manipulación del déficit al Estado, el ministro de Hacienda ha dado dos meses de plazo a la Generalitat para que pague o le descontará la cantidad equivalente de la financiación autonómica.
