La reforma de la financiación autonómica, en 2020

VALÈNCIA. En 2020, como pronto. A medida que se cumple el programa rajoyniano de que nada cambie para que todo siga igual (de mal), antítesis del lampedusianismo, uno no puede más que ser pesimista respecto a la inminencia de la reforma del sistema de financiación autonómica. Un problema mayor para los valencianos y menor para el Gobierno de España, cuyo ministro de Hacienda dijo hace cuatro meses y medio que nadie tenía más prisa que él por reformar el modelo. Como el movimiento se demuestra andando, ya hemos constatado lo que nos temíamos, que los pasos que dio Cristóbal Montoro para cumplir el compromiso de Rajoy de aprobar la reforma en 2017 fueron en sentido contrario a ese objetivo. Los de la primera quincena de 2018 tampoco son esperanzadores.

¿Cómo no van a aprobar la reforma hasta dentro de dos años, si hay tiempo de sobra?, se preguntará más de uno. Pues sí, hasta dentro de dos años, como pronto.

Un repaso al catálogo de excusas del ministro trilero basta para comprender el porqué de tanto pesimismo. El modelo puesto en marcha en 2009 debía ser revisado, y en su caso reformado –nadie discute que la reforma es necesaria–, a partir del quinto año de funcionamiento, es decir, a partir del 1 de enero de 2014. Ese año ya dijo Montoro que no había nada que reformar porque "no hay dinero, señorías" y las CCAA iban a pedir más. Había dinero para otras cosas, pero no para eso, o como sintetizó Rajoy tres años después, "había otras prioridades".

La siguiente excusa fue que para evaluar el quinquenio 2009-2013 necesitaba las liquidaciones de todos los años y faltaba la del último. ¿Y que se le ocurrió cuando la liquidación del ejercicio 2013 confirmó lo que en la Comunitat Valenciana ya sabíamos? Pues que no se podía reformar el sistema porque había elecciones autonómicas en mayo de 2015, pero que en cuanto hubiera nuevos gobiernos se haría.

Bastaba echar un vistazo al calendario político para comprobar que después de las autonómicas venían las generales, que Rajoy no convocó hasta casi Navidad de 2015. Así que otros seis meses perdidos. Pero después vinieron las de junio de 2016 –de esto no tuvo la culpa Montoro– y el Gobierno con los mismos protagonistas no volvió a estar disponible hasta el 31 de octubre de 2016 tras diez meses en funciones. ¡A ver qué te inventas ahora, Cristobal! Pues que no hay presupuestos para 2017, y lo primero son los presupuestos. 

En el nuevo Gobierno, Rajoy elevó a Soraya Sáenz de Santamaría la responsabilidad de pilotar la reforma y la vicepresidenta se lo tomó con tantas ganas que convocó una Conferencia de Presidentes en enero e hizo prometer a Rajoy que el nuevo sistema estaría listo antes de acabar el año. Convocó entonces al Comité de Expertos y le puso deberes: antes del 10 de agosto quiero un informe de por dónde deben ir los tiros. En julio ya lo tenía encima de la mesa, pero entonces la vicepresidenta volvió a delegar el asunto en Montoro para volcarse en Cataluña. Y al ministro el informe no le gustó nada, había que poner más dinero, como él mismo se temía en 2014. 

Fue entonces, 1 de septiembre, cuando el ministro dijo en València que él era el primero que tenía prisa por cambiar el sistema y sacó, entre aplausos, un nuevo conejo de la chistera: No puede reformarse el sistema de financiación si PP y PSOE no se ponen de acuerdo, así que dejen de darme la matraca, que la culpa es de Pedro Sánchez, vino a decir. El discurso pasó a formar parte del argumentario popular. Si no hay nuevo modelo es porque los barones del PSOE, entre ellos Ximo Puig, no se ponen de acuerdo. Repetido mil veces, no tardará algún tertuliano en hacerlo suyo si es que no ha ocurrido ya.

Montoro se dedica desde entonces a marear (más) la perdiz. Tardó dos meses en convocar al Comité Técnico Permanente que debe elaborar la propuesta de nuevo modelo. Nombrado hace cinco meses, el Comité se ha reunido tres veces y apenas ha avanzado. En la primera reunión, Montoro pidió a los representantes de las CCAA una propuesta para luego presentar la del Ministerio. El 23 de noviembre presentó cada representante autonómico la suya –tampoco gustarán al ministro porque piden más dinero– y esta es la hora en la que nada se sabe de la propuesta gubernamental.

Ahora, como ya no tiene excusa porque no quiere poner la del procés catalán, que es la única creíble, ha recuperado una que ya utilizó: si no hay Presupuestos Generales del Estado de 2018 no se puede aprobar el nuevo modelo. Pero lo cierto es que es al revés, si apruebas los PGE con el actual modelo, luego tendrás que cambiarlo todo, a no ser que ya estés pensando en que entre en vigor en 2019 –total, cada año de retraso solo suma entre 800 y 1.000 millones de euros de deuda para la Comunitat Valenciana–; si apruebas antes el nuevo modelo, los PGE de 2018 se ajustarán ya a él.

Además, el ministro amenaza con eternizar aún más el debate al haberlo colado en la Comisión del Congreso para la reforma de la Constitución, que se desarrollará a paso de tortuga durante este año.

Así nos encontramos, a mitad de enero, con dos causas del retraso, una inconfesable y la otra falaz: la primera es el procés catalán, que no tiene pinta de arreglarse a corto plazo; y la segunda es la falta de PGE, que dependen del PNV. ¿Y qué quiere el PNV? Pues que se apruebe antes el nuevo modelo de financiación porque están diciendo todos los expertos que el País Vasco debe contribuir –sin eliminar el Cupo– a la solidaridad entre CCAA y los de Andoni Ortuzar necesitan una baza para forzar a Rajoy a mantener sus privilegios intactos.

Nos vamos así al verano y, después de las vacaciones, metidos ya en la vorágine electoral, hay poco que hacer. De hecho, ya se nota en los discursos políticos que la reforma de la financiación autonómica es cada vez más un arma arrojadiza entre los partidos. Alguien sugirió el otro día que habría que hacer otra manifestación de agraviados valencianos, esta vez en Madrid, pero ni los propios convocantes del 18N se pusieron de acuerdo. El pacto autonómico es más difícil cada semana que pasa. 

En otoño será prioritario aprobar los PGE de 2019 y entrado el año –en esto tiene razón Montoro–, en precampaña electoral parece imposible aprobar la reforma. Pero ojo, que después no hay mucho tiempo porque en otoño lo prioritario será aprobar los presupuestos de 2020, que ya veremos si el PNV no se ha hartado ya y fuerza unas elecciones anticipadas. Si no, habrá que correr porque las generales tocan en junio de 2020 y en período electoral... Excusas recicladas que nos sitúan en 2020, como pronto.