VALÈNCIA. Uno de los principales objetivos de la reforma laboral es acabar con la temporalidad estructural del empleo. Así, limita de manera sustancial los supuestos en los que se pueden incorporar trabajadores por medio del contrato temporal o, en este mismo sentido, por obra y servicio. Una iniciativa que busca dotar de una mayor estabilidad a los empleados pero que, asimismo, también afecta a determinadas actividades que hasta ahora se habían nutrido particularmente de este tipo de figuras. Es el caso, por ejemplo, de los planes temporales de empleo que ponen en marcha los Ayuntamientos
a través de Labora para ofrecer su primera experiencia laboral a recién graduados, o en su defecto para mejorar la empleabilidad de determinados grupos sociales. Por ejemplo, las personas mayores de 30 años.
Contratos que por norma general se impulsaban con un límite determinado de tiempo o que incluso se solventaban a través de la obra y servicio. Sin embargo, atendiendo a las necesidades específicas de este tipo de incorporaciones, y teniendo en cuenta que su fin último es el de mejorar el curriculum de las personas beneficiarias, la Dirección de Empleo Público Estatal está trabajando en una fórmula específica para poder encajar este tipo de contrataciones dentro de los nuevos supuestos de la reforma laboral. Básicamente, creando una cláusula propia para que puedan seguir desarrollándose con normalidad.
Así con todo, el pasado 10 de febrero el Sepe emitió una comunicación a través de la cual asentaba la regularización para este tipo de iniciativas, abarcadas concretamente dentro del apartado "programas para la reactivación del empleo". Y establecía: "Las administraciones públicas y, en su caso, las entidades sin ánimo de lucro podrán realizar contratos para la mejora de la ocupabilidad y la inserción laboral
en el marco de los programas de activación para el empleo previstos en este texto refundido de la Ley de Empleo, cuya duración no podrá exceder de doce meses".
De este modo, salvaba a las instituciones de poder poner en marcha este tipo de contratos. Eso sí siempre dentro del límite temporal. En este sentido, se incentiva la creación de un nuevo contrato bajo el título "contrato para la mejora de la ocupabilidad y la inserción laboral", que incluso recibirá dos nuevos códigos, dependiendo de si el empleo es a tiempo completo o parcial. Por lo que respecta a los salarios que podrán percibir las personas inscritas en este tipo de programas, lo más previsible es que se mantengan los convenios tal y como están previstos hasta la fecha.
Esto es, recibiendo las retribuciones propias de su cargo y equiparándose a las de los trabajadores y funcionarios fijos que operan en un puesto similar. Así lo explicaba, al menos, el Director general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, Enric Nomdedéu. Todo ello teniendo en cuenta que el objetivo de la reforma laboral es siempre "favorecer al trabajador" y, por lo tanto, salvaguardar las condiciones "que le sean más ventajosas".
Y es que, algunas agrupaciones habían mostrado su preocupación por el destino de este tipo de programas. Al basarse, precisamente, en la temporalidad de los puestos y de las funciones atribuidas a las personas inscritas. Es por ejemplo el caso del Partido Popular en la ciudad de València, que ya había señalado los problemas para el encaje de este tipo de iniciativas en el marco de una reforma laboral que limita las posibilidades para el empleo temporal o por obra y servicio.
Así, explicaban que en conversaciones con sindicatos había surgido un cierto malestar por lo que podría suponer para los programas de mejora de la ocupación. De este modo, recordaban que desaparece el contrato por obra y servicio y que los acuerdos temporales tan solo pueden responder a dos motivos: o bien un aumento impredecible de la carga de trabajo, o cubrir la baja de otro trabajador. Dos supuestos que de ningún modo se dan dentro de los planes de fomento del empleo impulsados por las administraciones.
Un encaje podrían encontrar determinados programas como por ejemplo el EMPUJU, que está orientado a personas que acaban de terminar su formación académica y buscan su primera salida al mercado laboral. A este respecto, la reforma contempla la contratación temporal de trabajadores durante doce meses siempre y cuando no hayan pasado tres años desde que finalizaron los estudios.
Sin embargo, lamentaba el Partido Popular que esto es muy limitado, pues no daría salida a determinados grupos como por ejemplo los que no requieren formación académica para acceder a los planes de empleo o a los mayores de 30 años, que en muchas ocasiones acabaron su formación en un horizonte mucho más amplio que los de los tres años.
En relación a este último supuesto, por ejemplo, peligraría también el programa EMCORP, orientado precisamente a los mayores de 30 años. Así, finalmente, los servicios de empleo han optado por buscar alternativas para este tipo de contrataciones siempre y cuando estén impulsadas desde las administraciones públicas y vinculadas a fondos de Labora, resolvía Nomdedéu.
Contratos para gestión de fondos europeos
Otro de los casos que también quedaban en el aire era el de las contrataciones puntuales de personal que se han puesto en marcha con el objetivo de gestionar los fondos europeos de recuperación ligados a la covid-19. Así, el servicio de empleo está trabajando igualmente en la excepcionalidad de este supuesto, por lo que introduce en su comunicación: "Se podrán suscribir contratos de duración determinada por parte de las entidades que integran el sector público [...] siempre que dichos contratos se encuentren asociados a la estricta ejecución de
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y solo por el tiempo necesario para la
ejecución de los citados proyectos".
En este sentido, establece que los contratos deberán durar el tiempo que sea necesario para garantizar la correcta ejecución de los proyectos financiados, y se identificarán de manera diferenciada con un código propio. Aunque añade el documento que todavía se está trabajando en el "desarrollo y ajuste técnico" de esta causa.