La revisión del Estatuto de los expresidentes deja en el aire los privilegios de Fabra y Camps

VALENCIA. El Gobierno valenciano expresó el pasado 25 de septiembre en el pleno del Consell su criterio favorable a la tramitación de la proposición de ley presentada por el grupo parlamentario Podemos para la modificación de la ley del Estatuto de los expresidentes de la Generalitat.

Un Estatuto del que a día de hoy se benefician en cierta medida dos exjefes del Consell, Francisco Camps y Alberto Fabra, ambos del Partido Popular.

El primero ocupa plaza como miembro nato del Consell Jurídic Consultiu (CJC), puesto que puede ocupar a lo largo de 15 años y que está dotado con unos 57.000 euros anuales, además de contar con secretaria y conductor.

Por su parte, Fabra, al ocupar escaño en el Senado, declinó al menos de momento la posibilidad de ingresar en el órgano estatutario al no ser compatible con ostentar un cargo público. Ahora bien, sí solicitó medios materiales como el despacho, coche oficial y contratación de personal eventual, concretamente, la ex secretaria autonómica de Organización en Presidencia, Esther Pastor.

Todos estas prerrogativas se encuentran ahora en el aire con la proposición de ley que Podemos ha presentado y que deberá atravesar el debate parlamentario. En el texto presentado por esta formación se insta a la derogación de diversos preceptos del citado estatuto, como la eliminación de los privilegios materiales, del apoyo de servicios de la Generalitat en sus desplazamientos fuera del territorio e, incluso, la desaparición del puesto permanente en el CJC. 

Además, el texto presentado por Podemos se reclama que los ex mandatarios valencianos que ya se hayan acogido a ellos presenten en Les Corts una memoria económica y de actividades.

Un proceso este en el que los distintos grupos de la cámara deberán 'mojarse'. El Consell opina que, "sin duda, ha llegado el momento, en un nuevo contexto económico, social y político, y después de las iniciativas parlamentarias que no pudieron ser tramitadas la pasada legislatura, de acometer la regulación del estatuto institucional" de quienes han ejercido la presidencia de la Generalitat.

Sin perjuicio del debate parlamentario de esta iniciativa, el Consell estima que la ordenación jurídica del Estatuto de los expresidentes de la Generalitat debe hacerse "partiendo de su concepción como figura apta para el cumplimiento de un papel en pro del bien de la Comunitat Valenciana".

Así, añade, "no se trata de conceder privilegios, sino de asegurar la ineludible conexión del goce de los derechos y prerrogativas con el desarrollo de un papel de relevancia institucional".