Hoy es 14 de agosto
VALÈNCIA. La Sala de Vacaciones del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) es el clavo ardiente al que se coge Vicent Marzà para salvar el decreto de Plurilingüismo, al menos lo que estaba en marcha cuando fue suspendido cautelarmente, de cara al inicio del curso el próximo mes de septiembre.
La Conselleria de Educación presentó el pasado lunes, 31 de julio, un recurso de reposición contra el auto de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-adminstrativo del TSJCV que ordenaba a la Conselleria recuperar el decreto de plurilingüismo aprobado por el PP el año 2012, el que estaba vigente hasta este curso, al mismo tiempo que avisaba de que las medidas aplicadas para cumplir con los autos de suspensión cautelar eran insuficientes.
En el recurso, Educación pide que "se declaren correctamente ejecutados" dichos autos de suspensión cautelar, lo que significaría que los colegios empezarían el curso con los proyectos lingüísticos elegidos según el nuevo decreto antes de que se suspendiera, en lugar de volver al decreto de 2012.
El problema es que el recurso de reposición se presenta ante la misma Sección Cuarta, que el 1 de agosto cogió vacaciones hasta el 31, de manera que si tiene que pronunciarse sobre el recurso, lo haría como pronto la semana del 4 de septiembre, con el curso a punto de iniciarse. De rechazarse, la Consellería tendría muy pocos días para reaccionar y dictar las normas para organizar el inicio de curso.
La esperanza para Marzà es que la Sala de Vacaciones del TSJCV acuerde coger el recurso y pronunciarse. Esta Sala está formada por tres magistrados, uno de lo Contencioso-administrativo, otro de lo Civil y lo Penal y otro de lo Social, y se dedica a resolver asuntos urgentes, generalmente de lo Penal. No tiene obligación de resolver asuntos de lo Contencioso-administrativo, salvo que lo considere urgente.
El año pasado, la Sala de Vacaciones se pronunció sobre el recurso de la Universidad Católica contra la dotación de becas de la Generalitat, que dejaba fuera de las prácticas en hospitales públicos a los estudiantes de universidades privadas, y decidió suspender de forma cautelar varias modalidades de becas de la Generalitat. Un mes después, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-administrativo levantó esta suspensión y dio la razón a la Generalitat.
La Sala de Vacaciones decidió pronunciarse porque el recurso iba por la vía de la protección de los derechos fundamentales, situación que en el caso del plurilingüismo no se da. Educación, eso sí, advierte en su recurso de que la suspensión afecta "a intereses y derechos de terceros, destacadamente de los alumnos y familias que, atendiendo a los proyectos linguísticos de centro aprobados y publicados han optado, han elegido colegio, han presentado su solicitud al proceso de admisión y, en estas fechas ya están matriculados".
La esperanza de Marzà de que la Sala de Vacaciones se pronuncie es doble, ya que si lo hiciera tiene más posibilidades de que lo haga a su favor que si lo hiciese la Sección Cuarta. Aunque no es habitual que esta Sala cambie el criterio que ha mantenido la ordinaria, en 2016 sí lo hizo.
La Sala de Vacaciones está formada este año por el magistrado de la Sección Quinta de lo Contencioso-administrativo José Bellmont, que estará todo el mes, y por varios magistrados de las otras salas que se irán turnando. En los primeros diez días del mes estarán por la Sala de lo Civil y lo Penal Pía Calderón y por la sala de lo Social Antonio Cots.
La Abogacía de la Generalitat señala en su recurso que dado que el tribunal todavía no ha estudiado el fondo y no ha emitido una sentencia firme, las medidas cautelares se deben aplicar desde el momento en que se notifican y no con efectos retroactivos, ya que pueden afectar los derechos de terceros, como es el caso.