VALÈNCIA. La Sala Repvblicca da el paso y ha tomado medidas legales contra el Ayuntamiento de Mislata. La empresa emitió ayer un comunicado en el que anunciaba un recurso contencioso-administrativo contra el cierre cautelar del recinto de conciertos al entender que es una medida abusiva.
La sala lleva cerca de un mes precintada, después de que la Policia Local detectara que se estaban realizando conciertos para cerca de 1300 personas cuando el aforo permitido, según su licencia, es de 425. En realidad, la empresa propietaria cuenta con una OCA (una certificación expedida por una auditoria privada autorizada) para un aforo de 1700 personas, pero no se había tramitado la petición de actualización de licencia. El Ayuntamiento de Mislata lo exigió primero, y tomó la medida leonina después.
Desde entonces, la sala reconoce que ya ha entregado la documentación, y el Ayuntamiento pide tiempo para estudiar la petición y resolverla antes de que la sala vuelva a la normalidad. Según explicaron a este diario, “lo que prevalece es la licencia. Por lo tanto, los últimos responsables, en caso de que pasara algo, de que en esa sala haya más gente de lo permitido, es nuestra”.
La empresa, sin embargo, cree que se están dilatando los tiempos de manera intencionada, buscando el cierre de la sala: “A pesar de haber subsanado todos los requerimientos solicitados desde el Ayuntamiento y tras casi cuatro semanas transcurridas desde su cierre, la sala sigue precintada y sin posibilidad de desarrollar su labor profesional. Una quincena de eventos musicales han debido ser cancelados o pospuestos por esta medida, ocasionando además del perjuicio económico, un grave daño reputacional. El cierre preventivo ha puesto en duda por parte del consistorio la seguridad de un local que lleva casi tres décadas programando conciertos sin ningún tipo de incidencia”, explica el comunicado remitido.
Sala Repvblicca denuncia que es “un atropello procedimental”, en palabras a Culturplaza, y pone como ejemplo que no solo la Generalitat no ha ratificado el cierre (es decir, que no ha emitido la ratificación), sino que en el expediente sancionador abierto por el excedente de aforo, no ha requerido medidas cautelares, al no apreciar peligro ni para el público ni para la plantilla.
Es decir, el quid de la cuestión no está en la necesidad de que la licencia se actualice. Está en el tiempo que pase hasta que eso se resuelva administrativamente, y si la empresa tiene derecho a seguir abriendo igualmente en vez de cancelar su programación, con las pérdidas económicas que supongan.
“La sala cuenta con el apoyo del sector de la música en directo a nivel autonómico y estatal para pedir al Ayuntamiento de Mislata una solución que permita la reapertura del local como sala de conciertos en las condiciones de aforo que marca la ley de espectáculos 14/2010”, explica la nota.
Por su parte, el Ayuntamiento de Mislata ha advertido de que la sala "solo" podrá reabrir si el consistorio puede constatar que la documentación presentada cumple "claramente" con la normativa tanto local como autonómica, mientras que no lo podrá hacer si el recinto "no garantiza la seguridad de trabajadores y personas usuarias”, según ha recogido Europa Press.
El Ayuntamiento argumenta que el contenido de las "últimas informaciones" a las que hacen referencia en su escrito corresponden a documentos presentados por registro de entrada este mismo miércoles, tanto el informe de la Conselleria de Justicia e Interior como los documentos presentados de nuevo por la Sala Repvblicca para subsanar el expediente, así como una nueva OCA.
Tras ello, desde este mismo jueves los servicios técnicos municipales valoran y analizan la documentación aportada por la sala, según indica el consistorio, que advierte que la Sala República podrá reabrir sus puertas "solo si se constata con la documentación aportada que cumple claramente con la normativa tanto local como autonómica”.
