La consellera de Sanidad, Carmen Montón, con parte de su equipo. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La convocatoria para la actividad oncológica impulsada por la Conselleria de Sanidad y adjudicada a la Fundación IVO todavía podría alargar su periodo de agonía. La incertidumbre parecía resuelta tras aclarar los desencuentros entre las partes. Sin embargo, la piedra en el camino la pone en esta ocasión un tercero.
La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la convocatoria de acción concertada para la prestación asistencial integral oncológica, adjudicada a la fundación dirigida por Manuel Llombart. Aunque se desconocía la presentación del recurso, la postura contraria de la patronal de la sanidad privada a la norma que regula la convocatoria es totalmente conocida.
ASPE, que representa a las principales clínicas y hospitales privados de España, ya pidió al Gobierno que tomara medidas contra la Ley 7/2017 de la Generalitat Valenciana en la que se enmarca la convocatoria que sustenta el contrato con el IVO. Una ley que el lobby sanitario enfiló desde el primer momento al excluir a las entidades privadas de salud con ánimo de lucro, es decir, a las empresas, condición que mantenía la convocatoria ganada por el IVO.
Según señalan desde ASPE, el recurso contencioso-administrativo fue interpuesto a finales de septiembre y ahora esperan el siguiente paso, la demanda, para la que están esperando que les den traslado de expediente. De hecho, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicaba este lunes una resolución, firmada por el subsecretario de Sanidad, Ricardo Campos, por la que Conselleria de Sanidad envía el expediente administrativo al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
"Las razones por las que hemos presentado este recurso son la vulneración de los principios de igualdad de trato y de no discriminación, y los importantes defectos en la convocatoria de esta acción concertada, esto último apoyado por la Abogacía y la Intervención de la Generalitat en sendos informes", señalan desde ASPE.
Cabe recordar que uno de los argumentos iniciales del IVO para no firmar con Sanidad fue un primer informe de la Abogacía, en el que se señalaba que el servicio a prestar es propio de un concurso público y no de una acción concertada. Esta apreciación se debía a que Generalitat no se limita a sufragar determinados gastos sino que gestiona de forma indirecta la atención oncológica a sus pacientes.
Sanidad deriva los pacientes desde los departamentos de salud, requiere autorización previa para actos médicos concretos y ordena la actividad del centro concertado. "Existen datos suficientes para constatar que el objeto de la prestación coincide con un contrato administrativo típico", afirma el abogado en el informe, por lo tanto debían también incluirse las empresas.
Para resolver este contratiempo, la Conselleria de Sanidad encargó un segundo informe a la directora general de la Abogacía de la Generalitat, María José Rodríguez Blasco. Un informe que, en teoría, debía rectificar el anterior y confirmar la legalidad de la convocatoria, pero que no da una respuesta concluyente y aunque la abogada dio por válida la convocatoria advertía de que será la legislación estatal y los tribunales los que delimitarán la respuesta definitiva.
Desde ASPE aseguran que la nueva Ley de Contratos del Sector Público apoya su posición en este sentido. "Prohibe expresamente la discriminación por el ánimo de lucro en la contratación y aclara que los poderes públicos no tienen libertad para organizar los servicios sanitarios articulando instrumentos no contractuales".
Antes del recurso la mayoría de las críticas de ASPE habían ido contra la ley e incluso señalan que es contraria a la nueva Ley básica estatal, lo que significaría que no tendrá validez debido a una inconstitucionalidad sobrevenida.
De hecho, en junio acudieron al Defensor del Pueblo para que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad sobre dicha norma, pero en la respuesta recibida de la Institución precisan que es el Gobierno central quien debe valorar si la norma autonómica invade competencias estatales, por lo que hicieron la petición pertinente.
A finales de septiembre, la patronal también pidió al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que interviniera para evitar el uso de fórmulas de contratación "improcedentes" tras la petición de prórroga del IVO para seguir trabajando en un acuerdo con Sanidad.
No obstante, ASPE está valorando tomar otras medidas dentro y fuera de este procedimiento judicial con el fin de impedir la "discriminación" de las entidades con ánimo de lucro en la Comunitat Valenciana. Entre otras, solicitar el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, o acudir a la Junta Consultiva y al Tribunal General de Contratación.
