El Síndic Major de Comptes, Vicent Cucarella. Foto: CORTS/INMA CABALLERVALÈNCIA. Este jueves la Sindicatura de Comptes publicó una auditoría de los servicios de extinción de incendios forestales en la Comunitat Valenciana. Un informe que más allá de esclarecer que estos trabajos costaron 320,3 millones de euros a la Generalitat entre los años 2011 y 2015, también cuestiona la gestión de medios para acometer dichas tareas en 2015, el último medio año del Gobierno popular y el otro medio de la entrada PSPV y Compromís.
En este sentido, el informe detalla que la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (ASVRE) contrató a las brigadas de emergencias terrestres con la empresa pública Tragsa -dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca- mediante una encomienda de gestión sin que este método estuviera lo suficientemente justificado. También encargaron la dirección operativa y funcional de las brigadas terrestres a los consorcios provinciales de bomberos de Castellón y València en sus respectivas provincias mediante la misma fórmula.
Así, el informe pone de manifiesto que del total de 22,9 millones de euros facturados por la empresa pública mediante este tipo de procedimiento, un total de 3,15 millones de euros "corresponde a precios establecidos a tanto alzado" y por lo tanto ni la AVSRE ni la institución presidida por Vicent Cucarella pudieron "verificar si corresponden a costes efectivos". En total, este "pago no justificado" supone el 13,8% del total facturado por Tragsa a las arcas públicas valencianas.
Al respecto, la auditoría señala además que la Sindicatura solo pudo tener acceso al expediente de noviembre de 2015 en el que la AVSRE describe que la prestación del servicio por parte de la empresa pública Tragsa era "de menor coste que la que pudiese resultar de contratarlo a una entidad privada" si se atendía a los salarios de personal. Sin embargo, para la Sindicatura este es un razonamiento "meramente declarativo de circunstancias que no está suficientemente acreditadas al no estar documentadas mediante los correspondientes informes o estudios" que justificasen la idoneidad de optar por la encomienda de gestión.
Del mismo modo, y atendiendo al mismo año, este órgano estatutario denuncia que se formalizaron cinco encomiendas de gestión con Tragsa por un importe que alcanza los 16,8 millones de euros, pero que en los meses de mayo, septiembre y octubre se realizaron dichos servicios sin haberse formalizado las encomiendas. Unas mensualidades en los que el importe facturado supuso 6,2 millones.
Al respecto, el anexo del informe de la Sindicatura detalla que esta situación se produce por "la insuficiente dotación presupuestaria inicial" por lo que las encomiendas "van formalizándose en virtud del crédito disponible". "De esta forma se incrementan las labores administrativas y se recurre a expedientes de resarcimiento para pagar a Tragsa por el servicio realizado", detalla el documento.
Otro de los hechos relevantes que recoge esta auditoría es el sobrecoste que supone para las arcas valencianas que los recursos personales y materiales para las brigadas de emergencia terrestre sean suministradas por Tragsa. El informe pone de manifiesto que si este servicio hubiese sido prestado de forma directa por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias "se obtendría un ahorro potencial derivado del incremento del 10,6% aplicado en las tarifas, puesto que se subrogaría el personal de la encomienda con sus costes salariales actuales y la AVSRE no abonaría dicho incremento".
"Además se ha observado que los precios unitarios se incrementan en un 4% en concepto de gastos generales, por lo que consideramos que este concepto genérico no debería facturarse debido a que ya se facturan individualmente la mayor parte de los conceptos que corresponderían a gastos generales" añade. Concluye que de haberse prestado el servicio directamente se podría haber ahorrado un total de 3,26 millones de euros, lo que supone un 14,3% del total facturado por Tragsa.
La extinción de incendios forestales en la Comunitat Valenciana costó durante la anterior legislatura un total de 320,3 millones de euros al erario público valenciano. Este importe se deriva del gasto directo, por lo que habría que sumarle el coste de personal del servicio de extinción de incendios del Servicio de Prevención y Extinción de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), así como un porcentaje de costes indirectos tales como el teléfono 112 y la limpieza de las instalaciones, entre otros.
Sin embargo, el órgano fiscalizador señala que las cantidades derivadas de estos conceptos no han podido ser estimadas dada la estructura del sistema contable de la Generalitat y dado que la AVSRE no dispone de contabilidad analítica.
En cuanto a la prevención de riesgos, la Sindicatura pone el foco en su informe en la necesidad de fortalecer las inversiones. "La Generalitat debe dotar los recursos presupuestarios necesarios para que los presupuestos anuales puedan recoger, en mayor medida de lo que actualmente lo hacen, los gastos incurridos en la prevención y extinción de los incendios forestales", reza la auditoría, que también insta a que se mejore la coordinación en el ámbito presupuestario con los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS).
Además, alerta del riesgo de perder fondos europeos si no se realizan todas las actuaciones necesarias para cumplir con los requisitos de la subvención del programa de desarrollo rural por importe de 23,5 millones de euros, ya que no se habían iniciado en octubre de 2016 y deberían estar finalizadas y pagadas en el año 2020.
