VALÈNCIA (EP): La Sindicatura de Comptes ha detectado un total de 19 "incumplimientos significativos" de la normativa aplicable a la Societat Valenciana d'Inspecció Tècnica de Vehicles (Sitval) durante el ejercicio 2023, año de la reversión pública de este servicio.
El organismo ha publicado este lunes la auditoría de las cuentas anuales abreviadas de Sitval, correspondientes a 2023, en la que deniega emitir una opinión debido a ocho cuestiones; sin embargo, sí advierte de 19 incumplimientos que afectan a las áreas de personal (seis), contratación (diez), transparencia y buen gobierno (dos) y política de seguridad de la información (uno).
Entre otras cuestiones, en la revisión de una muestra de contratos no menores formalizados durante 2023, se han puesto de manifiesto "diversos incumplimientos en dos de ellos", sobre servicios de informática en los que no consta determinada documentación.
Respecto a la muestra de contratos menores --la Sindicatura advierte que las fuentes de la muestra no son "totalmente fiables por las carencias de control interno"--, en cuatro de ellos no se ha proporcionado la documentación de los expedientes, y en catorce se observan "indicios de fraccionamiento indebido de los contratos".
La auditoría de personal realizada por el Ivace determina que 115 de las 182 contrataciones de personal de los últimos tres años de vigencia de las concesiones no disponían de la autorización de la Generalitat.
Asimismo, la Sindicatura no tiene constancia de que las empresas concesionarias dirigiesen las solicitudes correspondientes a la Conselleria de Economía Sostenible para prolongar hasta el 30 de junio de 2023 las contrataciones temporales, la conversión de contratos temporales en fijos y las nuevas contrataciones, ni de las resoluciones de dicha conselleria, que "se entienden negativas por silencio administrativo".
Otro de los incumplimientos reseñados en el informe de la Sindicatura es que el Consejo de Administración de Sitval acordó, en sus reuniones de 20 de enero y 26 de septiembre de 2023, los nombramientos del director general como personal de alta dirección. Para ello, "no se han formalizado los contratos requeridos por el artículo 3.4 del Decreto de regulación, limitación y transparencia del régimen del personal directivo del sector público instrumental de la Generalitat".
Además, apunta que "se han realizado sin un proceso de selección público que atienda adecuadamente a los principios rectores del acceso al empleo tal y como establece para las empresas públicas la disposición adicional primera del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, sin que quede acreditado que en la elección se hayan aplicado los criterios establecidos en el artículo 3 del Decreto 95/2016".
La auditoría de la Sindicatura también advierte de que Sitval no había publicado en su página web la información mínima requerida por los artículos 14 a 26 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, relativos entre otros aspectos a información institucional, organizativa y de planificación; información sobre altos cargos y asimilados e información de carácter presupuestario y patrimonial.
La Sindicatura emite una denegación de opinión en esta auditoría fundamentada en ocho cuestiones. Señala, sobre el inmovilizado material, que asciende a 155.828.463 euros, lo que representa el 86,7% del total activo. "No podemos opinar sobre la adecuada contabilización realizada por Sitval por varios motivos, entre ellos que está pendiente que la Generalitat le adscriba dichas instalaciones, y en consecuencia desconocemos los términos en los que esta se pueda acordar", explica la Sindicatura.
Respecto a las subvenciones, donaciones y legados y pasivos por impuesto diferido, cuyos importes ascienden a 126.770.669 euros, la Sindicatuta no opina por las mismas circunstancias.
En los gastos de personal, elude opinar por "varios motivos". Entre ellos, que no tiene constancia documental del resultado del proceso seguido para la identificación y determinación del número concreto del personal laboral subrogado por Sitval.
Por otra parte, señala que Sitval ha solicitado, pero no ha obtenido, los informes favorables de las consellerias competentes previstos en la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2023. La no emisión de estos informes implica, según dicha ley, que son desfavorables y, por tanto, que los acuerdos retributivos de SITVAL son nulos de pleno derecho, recuerda la Sindicatura.
Sobre las provisiones a corto plazo, que ascienden a 1.024.000 euros, comprenden la estimación del coste de homogenización de las retribuciones de determinadas categorías profesionales que se han pagado en abril de 2024 por el importe de 1.212.100 euros tras el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Sitval. "Desconocemos los efectos que este pago pueda tener dada la situación legal antes comentada sobre las retribuciones", señala.
Además, indica que "existe un riesgo de que Sitval deba hacer frente al pago de determinadas reclamaciones salariales por un total estimado de 529.000 euros, si bien no se ha aportado la documentación de estos litigios".
Finalmente, la Sindicatura formula en la auditoría siete recomendaciones para mejorar la gestión de Sitval. Entre ellas, destavca la realización de estudios para obtener el valor actual de las instalaciones de las estaciones de ITV y su comprobación con el asignado en el inventario de la Generalitat.
También indica que la Generalitat debe adoptar las medidas necesarias para que la adscripción a Sitval de las instalaciones de las estaciones de ITV se formalice "en el menor tiempo posible". Subraya que el Ivace "debería culminar y documentar adecuadamente la auditoría de personal encargada por el Consell, que permita conocer el resultado del proceso seguido para la identificación y determinación del número concreto del personal laboral subrogado por Sitval".
Finalmente, recomienda elaborar procedimientos escritos sobre la gestión y control de los procesos de ingresos y recaudación por inspecciones de ITV, así como adoptar las medidas y aportar los recursos necesarios para obtener un adecuado cumplimiento de la normativa de seguridad de la información y de protección de datos.