VALENCIA. Desde el inicio de la crisis económica han desaparecido un millón de sociedades mercantiles en España, y en la Comunidad Valenciana se estima que al cierre del año 2015 ya se habían superado las 100.000. Aunque existe una gran variedad de casos por los que las empresas dejan de existir, la principal razón de esa elevada mortalidad empresarial ha sido la insolvencia que, al contrario de lo que apuntan algunas estadísticas como los concursos de acreedores declarados, todavía se sitúa en valores extraordinariamente altos. Como muestra de ello, están las más de 3.000 empresas de la Comunidad Valenciana que en solo los cinco primeros meses de 2016 han tenido expedientes de impago de salarios e indemnizaciones a trabajadores en el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA, junio de 2016).
Los factores que han incrementado y mantienen esos niveles de insolvencia empresarial son básicamente dos: el freno de la demanda interna provocado por la propia crisis, y la restricción crediticia bancaria. Un cóctel que ha sumido a nuestra economía en una espiral negativa de crecimiento y que requiere de la urgente implementación de un eficaz modelo de fomento de la actividad empresarial que revierta esa tendencia.
Como indica la teoría evolutiva de Nelson y Winter, es necesario que las empresas que son incapaces de adaptarse al mercado entren en un proceso de declive que, de no afrontarse adecuadamente, desemboque en su desaparición, pues de este modo los sectores económicos acaban renovándose, surgiendo de ello empresas más fuertes y con recursos y capacidades más alineados con las demandas del mercado. No obstante, también es innegable que la duración de la crisis económica está siendo extraordinariamente prolongada y eso está provocando atípicas y costosas pérdidas: los negocios que, siendo económicamente viables, no lo son financieramente por estar sobreendeudadas.
En ese sentido, se observa una paradoja de desigualdad competitiva, es decir, aunque se haga una cosa igual de bien que los competidores (nacionales o internacionales) hay empresas que están penalizadas por su pasado. Muchas firmas valencianas, a pesar de haber superado los momentos más duros de la crisis, no han podido alcanzar un nivel de ingresos y generación de caja suficiente para atender unas deudas históricas, que habían sido otorgadas en base a activos (generalmente inmobiliarios) con un valor del que hoy carecen. Además, nuestras empresas han sufrido unas peores condiciones de financiación que otras de su entorno comparado, lo cual ha dificultado su gestión financiera y el acceso a nuevo endeudamiento. Todo ello les ha arrastrado, en muchos casos, a una situación de insolvencia que ha desembocado en su posterior liquidación y cierre. Al respecto han sido sonados los casos de Ros Casares, Sai Wireless, Aido, Aidico, o Tissat, entrando en éstos tres últimos en juego el factor de recortes en el sector público.
Por todo ello, ante situaciones de este tipo, estrategia empresarial y política económica, más que nunca, tienen ir de la mano. Las empresas y los directivos deben poner en marcha estrategias que les conduzcan a la senda de la competitividad. El business turnaround (reflotamiento empresarial) supone un excelente enfoque teórico desde el que abordar ese proceso. Por su parte, la política económica y los políticos deben dar respuesta a la cuestión de si resulta más valioso dejar que sigan muriendo empresas o, si por el contrario, merece la pena salvar esos negocios competitivos.
En esa línea, desde el año 2012 el Fondo Monetario Internacional (FMI) viene proponiendo el otorgamiento de una segunda oportunidad a las empresas, es decir, un modelo desde el que se apueste clara y decididamente por la supervivencia empresarial como pilar para el crecimiento de la economía. El argumento central del mismo es que la gravedad y profundidad de la crisis ha sido tal que está en riesgo, no sólo el conjunto de empresas excesivamente endeudadas, sino también todo el sistema económico.
¿Qué tenemos en España que apoye la longevidad de nuestras empresas? Para el caso de la insolvencia contamos con la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
El objetivo principal de la Ley Concursal es la satisfacción de las deudas a los acreedores por la vía de dos soluciones alternativas: 1) la reorganización del pago de la deuda por medio de la aprobación de un convenio con quitas y/o esperas y, 2) la liquidación de los activos de la empresa. En este marco, está en las manos de los acreedores decidir si resulta más valioso dejar que muera la empresa o, si por el contrario, merece la pena salvar ese negocio.
La eficacia de la Ley Concursal española es de las peores que se conocen. Una de sus principales debilidades es la rigidez que dificulta incluso que las empresas lleguen a iniciar el proceso. Como ejemplo ilustrativo, en la Comunidad Valenciana se ha reducido un 30% el número de empresas concursadas en el primer trimestre de 2016 (151 casos), mientras que ha aumentado más de un 40% el número de empresas con impagos de salarios e indemnizaciones a trabajadores en el FOGASA en el mismo periodo (alrededor de 2.000), revelando que el concurso de acreedores no recoge ni una mínima parte de los casos de insolvencia real de la economía. Pero además, los datos evidencian que de las que entraron “al infierno” el 95% acabaron siendo liquidadas, según indica el Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles.
Por el contrario, se ha observado un éxito inusitado del proceso en determinados ámbitos, por ejemplo los clubes de fútbol (tal y como hemos evidenciado el profesor Francisco Puig y yo en un artículo recientemente publicado en Universia Business Review) que lleva a plantearse cómo extender dicha efectividad al resto de empresas insolventes.
Con ese ánimo ha venido siendo modificada la Ley Concursal en los últimos años. Se han incorporado algunas de las sugerencias del FMI relativas a la segunda oportunidad, tales como soluciones de acuerdo previas a la declaración de concurso (acuerdos de refinanciación), así como la posibilidad de incrementar las quitas (hasta el 100%) y las esperas (hasta 10 años) siempre que exista una mayoría cualificada de acreedores que lo acepte. Además, se han recortado muchos de los privilegios de los que gozaban las entidades financieras, provocando así una mayor implicación de estas en el proceso y favoreciendo la vía de la reorganización del pago de la deuda. Actualmente se está abogando por una mayor participación de las administraciones públicas y los trabajadores, otros de los agentes clave del éxito del proceso.
A pesar de esos avances, todavía queda mucho por hacer. Como argumenta el libro clásico de Pedro Nueno (Reflotando la Empresa), desde la literatura sobre business turnaround, junto con la capacidad de reconocimiento de la situación de crisis y declive, se insiste en que es fundamental actuar rápido para así implementar las estrategias de reducción de costes y activos, así como de recuperación de la actividad. Sin un adecuado reconocimiento de la situación y rapidez de respuesta es imposible reflotar una empresa.
Por ello, como una primera medida, sería aconsejable implementar políticas que impliquen en mayor medida a las administraciones públicas, lo cual serviría para articular mecanismos de control que favorecieran la identificación prematura de la insolvencia empresarial y así alcanzar un acuerdo con los acreedores, sin necesidad de llegar a la declaración de concurso. Sin duda, esto último ayudaría mucho a preservar el valor de los activos y la credibilidad en el equipo directivo y el negocio.
¿Qué política hemos desarrollado en España? Desde los partidos políticos y las administraciones públicas se ha apostado por el impulso al emprendedurismo y la creación de nuevas empresas. Eso ha sido visible en iniciativas tendentes hacia una educación emprendedora incluso en las propias aulas y en acciones como la Ley del Emprendedor. Sin entrar a valorar la eficacia de las medidas desarrolladas, se podría decir que esa propuesta tiene muchos aspectos positivos.
No obstante, dada la situación en la que nos hallamos inmersos, cabría plantearse si no sería más valioso para la economía tratar de “reflotar” a las empresas ya existentes, con asunción de pérdidas razonables por todos los agentes implicados. Es decir, conceder una segunda oportunidad, en lugar de canalizar todos los recursos sobre empresas de reciente creación.
Las ventajas de este nuevo enfoque son varias. Por un lado, mantener un tejido empresarial que ha soportado duros años de crisis significa una apuesta por empresas con una exclusiva ventaja competitiva: la resiliencia. Dicha capacidad solo la poseen las empresas que han superado situaciones de dificultad, y que impregna su cultura organizacional. Por otro lado, se salvaguardaría el know-how (saber-hacer) que tienen esas firmas. Se evitaría así la mera satisfacción inmediata de unas deudas a costa de la capacidad potencial futura de la economía. Además, ese apoyo serviría para reconocer el importante papel del empresario en nuestra economía y contribuiría a reducir la imagen de fracaso (de-stigmatisation) al que se asocia el cierre de una empresa.
Esta propuesta basada en la supervivencia exige reconocer los importantes riesgos que alberga el mantenimiento de empresas insolventes con asunción de pérdidas por parte de los acreedores, pero también obliga a pensar en las consecuencias de la apuesta indiscriminada por negocios de nueva creación con unas expectativas de crecimiento muy reducidas. Por ello, no solo hay que apostar por enseñar en las aulas a crear nuevas empresas, sino también a reflotar las existentes. A apostar por su supervivencia. Como indica el profesor de la Universitat de València, Francisco Puig, no solo es cuestión de enseñar estrategias para la fase de crecimiento de la empresa sino también se debe hacer para afrontar una situación de declive. De esto último en España, en comparación con otros países, no hay prácticamente nada.
En definitiva, se trata de replantearse el modelo de fomento de la actividad empresarial que, no sólo contribuirá al mantenimiento de empresas con una amplia trayectoria y conocimientos, sino que adicionalmente aportará mayor valor a la economía y proveerá de mayores tasas de empleo y de mejor calidad.
Manuel Rico es economista de Grupo Leopoldo Pons