La transformación de Robin Puig y los Merry Men (segunda parte)

Ahora sí podemos decir que ha empezado la cuenta atrás con la aprobación de los octavos Presupuestos botánicos en la Comunitat Valenciana. Y no se preocupen que el Tribunal Constitucional no va a paralizarlos. Y eso que, desde la Sindicatura de Cuentas, la AIReF o la propia Intervención, les indican año tras año a la Generalitat que debe incluir en sus presupuestos iniciales únicamente las previsiones de ingresos que de forma razonable se espera obtener. También desde la oposición hemos denunciado esta irregularidad desde que se presentaron los primeros Presupuestos de este Consell ante Les Corts en octubre de 2015. Pero ciertamente es como si escribieras algo en una barra de hielo, ya que más pronto que tarde se derrite y desaparece sin tener en cuenta los efectos secundarios que se sufrirán, por mucho que lo indiques y denuncies.

Tal vez se podría solucionar esta anomalía si tuviésemos una financiación justa y adecuada. Tal vez si ese modelo de financiación autonómico no se consiguiese nunca, podría ser sustituida la infrafinanciación por un fondo de nivelación que nos igualase a la media del resto de Comunidades -con permiso del País Vasco y por supuesto de la influyente y decisiva Cataluña- para obtener unos ingresos que ahora son ficticios, pero se incluyen año tras año en el Presupuesto. Tal vez no estaríamos en la situación que nos encontramos si Robin Puig hubiese cumplido con su promesa -adquirida en su discurso de investidura de fecha 25 de junio de 2015- a todos los valencianos de emprender acciones legales contra el gobierno de España si no se conseguía de forma negociada lo que se merece. Una situación que siete años después no ha logrado.

La situación en la que nos encontramos en estos momentos se traduce en que cada día que los valencianos nos levantamos por la mañana, este Consell del Botànic nos endeuda en 6.380.000 euros. Si la deuda autonómica de los valencianos cuando Robin Puig tomó las riendas de la Generalitat Valenciana era de 7.522 euros, siete años después, a fecha 30 de septiembre de 2022, ésta ya se ha situado en 10.625 euros. Todo un logro. En este periodo de siete años y seis meses la deuda se ha incrementado en 16.308 millones de euros, a razón de 2.175 millones de euros por año. Y ahí es donde reside la transformación de nuestros dirigentes valencianos con Robin Puig a la cabeza. El no haber cumplido con la promesa más importante y decisiva adquirida con todos nosotros y que nadie había obligado a ello al acceder a dirigir nuestros destinos.

Quizá pudiera parecer algo intrascendente a estas alturas ese compromiso adquirido en 2015, y más cuando en 2019 volvieron los valencianos a otorgar su confianza a los partidos del Botànic. Pero no es menos cierto que una deuda descontrolada de 54.000 millones de euros -el 44,5% de nuestro PIB, y de la que tarde o temprano deberemos hacernos cargo-, tener un PIB per cápita 3.200 euros más bajo que la media nacional, seguir con una tasa de paro superior a la media, o tener los impuestos más altos de España, debe hacernos reflexionar si queremos que nos sigan gobernando los actuales mandatarios con sus promesas incumplidas.

Por si fuera poco, el pasado viernes se levantó el secreto de sumario de la pieza separada número 7 del caso Azud. Las informaciones que se van conociendo pueden transformar también la percepción que se tenía hasta la fecha de los actores en juego. En cinco meses deberemos decidir si queremos que nuestro destino continue en manos de Robin Puig y su banda o, por el contrario, los partidos que ahora estamos en la oposición somos lo suficientemente capaces de ofrecer una alternativa sólida, seria, creíble y de consenso para forzar un cambio que se intuye más que necesario.