VALENCIA. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) está rastreando el contrato del contact center tributario que recibió el exsuegro de Marcos Benavent, Mariano López, por 840.000 euros y que le fue otorgado a la empresa Servimun, gestionada por su hijo. Según ha podido saber Valencia Plaza de fuentes de toda solvencia, los agentes buscan hallar las pruebas que demuestren el favoritismo en la adjudicación, ya que en este contrato en concreto “es muy posible que no hubiera mordidas”.
Según las mismas fuentes, Máximo Caturla encargó este servicio a Imelsa a través de una encomienda de gestión. A la oferta se presentaron cuatro empresas de las que Servimun fue la mejor valorada en la oferta económica situándose varios puntos por encima de sus competidoras. Este hecho ha sido acreditado durante la instrucción judicial por los letrados de los implicados que presentaron el informe de la mesa de contratación con la valoración económica de Servimun, así como de las otras tres empresas que se presentaron al concurso.
El problema de la adjudicación radicó en dos vertientes diferentes. Por un lado, los sindicatos y EU denunciaron que sacar ese concurso era “privatizar un servicio público” y por otro, los técnicos hicieron un informe contrario por deficiencias en el servicio.
Fue entonces cuando presuntamente el expresidente de la Diputación Alfonso Rus encomendó a Salvador Deusa que falseara un informe que contradijera a los técnicos de la Diputación, tal y como publicó ayer Valencia Plaza. En dicho informe Deusa exponía que la prestación de los servicios por parte de la empresa era buena. Por tanto, los agentes de la UCO en este caso están tratando de demostrar el delito de tráfico de influencias y falsedad de documento público, y no las mordidas.
El pasado 17 de marzo en las dependencias policiales la firma del contrato con Mariano López centró las casi tres horas de declaración del que fuera vicepresidente de Imelsa, alcalde de Sedaví y diputado de Empresas Públicas Rafael Pérez. Dicho contrato ha estado en vigor hasta el pasado mes de diciembre cuando no fue renovada la concesión a la empresa, aunque a punto estuvo.
En referencia a Salvador Deusa, Pérez explicó ante la Guardia Civil que “era el encargado de redactar todos los contratos. Que incluso cuando dejó su cargo siguió encargándose de ello a petición, presumiblemente, de Alfonso Rus”.
Durante el interrogatorio a Pérez, los miembros de la UCO también se interesaron por varios contratos que fueron firmados por Pérez mientras fue vicepresidente de Imelsa. Aunque, según fuentes de toda solvencia, los agentes se centraron más en preguntar sobre los gerentes de las empresas públicas que por su condición de diputado del ramo conocía.
La Operación Taula ya no sólo se está concentrando en la trama corrupta de las mordidas del 3%. De hecho los agentes han subido un peldaño más y han comenzado a indagar en el presunto tráfico de influencias a empresas amigas.
Hasta ahora la cifra de investigados por el juez supera las 120 personas, pero ese número crece exponencialmente si se tiene en cuenta que la UCO no ha dejado de llamar a gente en calidad de investigados desde hace dos meses. El número total no ha trascendido, pero según ha podido saber este periódico estaría cercano a las 200 personas.