La UCO registra las instalaciones de Divalterra tras la detención de José Luis Vera

VALÈNCIA. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registra durante la mañana de este viernes las instalaciones de la empresa pública Divalterra, dependiente de la Diputación de Valencia. Varios agentes se han personado en la sede ubicada en la calle Avellanas en la segunda fase de la operación en el conocido como caso Azud que estalló ayer jueves. 

La Guardia Civil trata de recabar información tras la detención del director jurídico y de prevención de riesgos penales de la empresa, José Luis Vera. Después de precintar su despacho, ahora ha procedido al registro. 

Los investigadores sitúan a Vera en el centro de una presunta trama de corrupción urbanística con cobro de 'mordidas' junto al hasta ahora subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio (PSPV), al exvicealcalde de la ciudad Alfonso Grau (PP) y el empresario Jaime Febrer. 

Él habría sido la persona que puso en contacto a Rafael Rubio con el empresario Jaime Febrer después de las denuncias del primero contra Grau por operaciones urbanísticas. Además, también habría ejercido de enlace en otros niveles de la trama. Febrer era administrador de la extinguida Construcciones Valencia Constitución, en la que Vera figuraba de apoderado en 2007 y 2008.

Mientras Rubio fue destituido, Vera sigue ocupando sus cargos en la Diputación que preside el socialista Toni Gaspar. Preguntados por este periódico, desde la corporación señalan que todavía no se ha tomado ninguna decisión. Tampoco Compromís, que comparte Gobierno con el PSPV en la institución, ha pedido que se le destituya y únicamente remarcan que la postura del partido es "condenar con contundencia la corrupción con respeto a la presunción de inocencia". Sí lo ha hecho la oposición (PP, Ciudadanos y Vox), que también ha solicitado una Junta General extraordinaria de Divalterra. Además, está previsto que se celebre un Consejo de Administración en breve. 

La presencia de agentes en Divalterra no es novedad. La empresa ha sido objeto de otras investigaciones judiciales, como el caso Alquería, que indaga en contrataciones irregulares del PSPV y Compromís, o el caso Taula, centrado en 'mordidas' a cambio de adjudicaciones cuando se llamaba Imelsa.