La UCO se lleva del Ayuntamiento el expediente completo de La Rambleta en busca de pruebas de posibles mordidas

VALENCIA. Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han solicitado y se han llevado del Ayuntamiento de Valencia todo el expediente completo del Centro Cultural de la Rambleta. Dicho expediente incluye desde las plicas de las empresas que se presentaron al concurso hasta las peticiones de aumento de presupuesto que las empresas constructoras solicitaron.

Según ha podido saber Valencia Plaza de fuentes de toda solvencia, la investigación se estaría focalizando en dos vías. Por un lado, si hubo algún tipo de mordida a través del dinero de más, con respecto al presupuesto inicial, que se recibió con demandas como por ejemplo “retrasos o materiales estropeados debido a causas ajenas como son las lluvias”. Por otro, parte de esa documentación irá destinada a ser examinada por un perito tal y como solicitó el magistrado instructor de la causa.

La adjudicación, y posterior construcción y explotación de La Rambleta, se investiga dentro de la pieza separada de la Operación Taula que versa sobre las posibles irregularidades en varios contratos del consistorio cuando María José Alcón era concejal de Cultura.

Sobre este tema en concreto existe una grabación realizada por el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent. La citada grabación es una conversación entre él y Alcón en la que, literalmente, Alcón asegura que “tenemos muchas cosas entre manos”, para acto seguido decir “tenemos La Rambleta que está a puntito de caramelo a favor de esta gente”. Es un audio de tan solo 16 segundos pero que ha supuesto una de las vías de investigación más complejas de la causa.

Junto a Alcón y Benavent, en esta pieza también permanece como investigado el empresario valenciano José Adolfo Vedri. Fuentes cercanas a Vedri explicaron que “no estamos nerviosos porque la Rambleta está limpia como una patena. No hubo ningún tipo de irregularidad y así quedará demostrado”.

Los contratos

La pieza separada de los contratos del consistorio valenciano investiga si hubo mordidas. Según consta en el auto en el que el juez acordaba formar la pieza separada con los contratos del Ayuntamiento, de "lo actuado hasta el momento, y fundamentalmente el contenido de conversaciones grabadas a lo largo de los años 2005 y 2006 por Marcos Benavent, las declaraciones de éste, y el contenido de la documentación intervenida y análisis parcial de la misma por la Guardia Civil, revelan indicios que desde los cargos de responsabilidad que ostentaban los investigados Marcos Benavent, Vicente Burgos, y la que entonces era su esposa, María José Alcón y el entonces asesor Pedro Aracil, se habrían enriquecido personalmente, cobrando comisiones ilegales de distintas empresas a las que por la Concejalía de Cultura adjudicó diversos contratos".

A este respecto, el propio Benavent declaró ante el juez "Yo hablaba con María José, buscábamos las empresas que pudiesen quedarse las adjudicaciones y lo amañábamos todo". Sobre el destino del dinero, el exgerente de Imelsa aseguro que desconoce si parte de las "mordidas" que cobró y que entregó a Alcón fueron a parar al PP.

Los indicios de la investigación se centran en los contratos para la limpieza y el mantenimiento de la fachada de la Lonja de Valencia, el de las Torres de Quart, la restauración de los Puentes de Serranos y de Quart, la concesión de la construcción y explotación del centro cultural La Rambleta, la XXVII Mostra de Valencia.

Sobre esta última, las grabaciones de las conversaciones entre Benavent y Alcón en 2006 llevan a los investigadores de la UCO a centrarse en las contratas de azafatas y chóferes, publicidad e imprenta, entre otros por un montante conjunto que roza los 400.000 euros.

El resto de imputados en esta pieza, además de los citados, son Carlos Vicente Gil, Carlos Turró Homenedes (Cleop), Alejandro Serra Nogués, José Adolfo Vedrí (Engloba), Rafael García Barat, Belén García Casa, Enrique Aleixandre Chumillas y Juan Piquer Simón.