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informe pericial de la guardia civil sobre la financión de la campaña de 2007

La UCO sospecha que el PP Provincial conocía la financiación irregular del de València

Foto: EFE/Juan Carlos Cárdenas

En esa época estaban al frente de la provincial Alfonso Rus y el actual aspirante a la dirección Vicente Betoret

9/09/2017 - 

VALÈNCIA. ¿Quién sabía que el PP de Rita Barberá llegaba presuntamente 'dopado' a las elecciones? ¿Se barría debajo de alfombra o había consentimiento desde las altas esferas del partido? Esas preguntas son capitales para la investigación y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha hecho una valoración al respecto.

El informe, basado en los papeles que Valencia Plaza entregó a la Fiscalía Anticorrupción, evidencia que no solo el PP de Rita Barberá hizo trampas de forma sistemática, sino que la mano derecha de la exalcaldesa, Alfonso Grau, fue una de las personas más importantes para poder llevar a cabo la citada presunta financiación irregular.

Según el informe al que ha tenido acceso este periódico, los agentes opinan que el hecho que la presunta financiación irregular se gestase "desde el ámbito municipal, no implica necesariamente que desde otros estamentos del partido no se tuviese constancia de la misma y del hecho de que determinados gastos no eran incluidos en la contabilidad electoral".  

Y explican que creen que el PP Provincial, en esa época ya dirigido por Alfonso Rus y con el actual aspirante a la dirección provincial Vicente Betoret como número dos debían ser sabedores de las trampas porque "entre la documentación analizada se encuentra un documento que sugiere que desde otros estamentos, presuntamente desde el partido provincial, se tenía constancia de que la empresa LPC estaba prestando determinados servicios con motivo de la campaña electoral".

Y apostillan diciendo que "parece lógico por tanto pensar que por consiguiente también se conocería que los gastos en los que se incurría no estaban siendo contemplados a efectos del cómputo total de gastos electorales". Aunque los propios agentes añaden que no se puede demostrar este extremo porque todos los implicados niegan saber nada.

Las pruebas y las declaraciones

La prueba en las que se basan los agentes para afirmar que desde el PP Provincial debían saber algo es un documento aportado a la causa en la que se mencionan "pagos por determinados servicios" y que fueron, en un primer momento presuntamente reclamados al entonces gerente del PP Provincial, de apellido Moscardó

Explican los agentes que este extremo sería de todo lógico, ya que la empresa a la que se le encargó el trabajo, Sundisa, se ocupaba de poner las banderolas cuyo diseño provenía de la sede central del Partido en Génova, y que "el mismo no querría hacerse cargo de ese asunto (lo que conllevaría tener que incluir dichos gastos en la contabilidad electoral, que precisamente es lo que se trataba de evitar con la contratación de LPC); y que habría puesto en contacto a las empresas de Sundisa (la que presta el servicio) y LPC, siendo el resultado final que el gasto asociado a la citada prestación de servicios fue asumido desde esta última empresa, evitando de esta forma su inclusión entre los gastos declarados al Tribunal de Cuentas".

Miembros de la candidatura encabezada por Rita Barberá en 2007. Foto: EFE/Manuel Bruque

Pero los agentes precisan que pese a todo lo descrito, no han podido confirmar dicha circunstancia ya que hasta el administrador de Sundisa, a pesar de aparecer en una anotación manuscrita dentro de los papeles investigados, niega haber tratado con la empresa LPC, e "incluso niega conocer a Moscardó".

'Ritagate'

El informe de la UCO apuntala que el PP dirigido con mano de hierro por Rita Barberá, y su mano derecha Alfonso Grau, llegó presuntamente dopado a las elecciones municipales, al menos, de 2007, 2011 y 2015. Aunque el citado informe se centra solo en la campaña electoral de 2007, los agentes no dejan de advertir que las prácticas supuestamente corruptas eran la tónica habitual del grupo municipal del PP de la ciudad de Valncia.

En cuanto al llamado Ritagate (2007), queda, según los agentes, acreditado que se gastaron cientos de miles de euros que procedían de empresas contratistas del consistorio en pagar los gastos electorales, pero que, además, dijeron que su campaña costaba 150.000 euros cuando en realidad según los papeles que este medio aportó a la Fiscalía Anticorrupción los gastos reales fueron cercanos a los 3 millones de euros.

Es más, solo en medios de comunicación abonaron casi medio millón de euros. Hasta parte de un mitin de Rajoy se facturó supuestamente con dinero en B. Dentro de este caso, cabe recordar que la entonces concejal del PSPV Ana Botella ya denunció en los plenos del consistorio las presuntas 'mangarrufas' entre el PP de Barberá y la empresa Laterne Product Council.

Foto: MARGA FERRER

Pero si alguien sale perjudicado del informe emitido a las partes este viernes no es otro que la mismísima mano derecha, y hombre de confianza, de Rita Barberá, el ex vice alcalde de Valencia Alfonso Grau. Los agentes apuntan a Grau como el cerebro de la presunta financiación irregular, un extremo que tendrá que explicar en sede judicial dentro de poco, ya que según ha podido saber este periódico, las declaraciones que faltan se prevé que se celebren en breve, entre septiembre y octubre.

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