La UDEF denuncia amenazas a los técnicos para que informaran a favor de las contrataciones

VALÈNCIA. El informe envíado por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía Nacional (UDEF) señala que los imputados en el caso Alquería, entre ellos el expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez, acusados de malversación por contratar a afines con contratos de alta dirección, utilizaron técnicas seudomafiosas para conseguir sus fines.

Así, el informe explica que se nombró secretario del Consejo de Administración de Divalterra a Jorge Cuerda quien "ejercía el control por mandato del presidente Jorge Rodríguez", pero que con anterioridad y posterioridad, Cuerda, Manuel Reguart y el jefe de gabinete, Ricard Gallego, "con conocimiento y autorización del presidente de la diputación", y a través de los gerentes Brines y Simón, "se hace caso omiso de las vulneraciones legales manifestadas en los diferentes informes jurídicos, se ejercen presiones sobre los técnicos jurídicos y presupuestarios de la sociedad para que emitan informes que den cobertura a la contrataciones". Pero, por si esas presiones fueran poco, también aseveran los policías que "se amenaza con despidos y represalias en caso de no ceder a los solicitado".

Ante la negativa de los técnicos, el propio Cuerda emitió un informe para tratar de acreditar la legalidad de las contrataciones, informe del que se conocen dos versiones, un primer borrador y uno definitivo, ambos sin firmar por su parte. Es más, por parte del presidente de la Diputación "se otorgaron nuevos poderes en relación con las funciones desarrolladas por los siete contratados como forma de conseguir la adecuación legal de las contrataciones como personal de alta dirección".

El fiscal del caso por su parte decía al respecto de esto en la querella que existía "un clima de tensión, presiones y amenazas dentro de la empresa para que los técnicos realicen el trabajo siguiendo determinadas órdenes al margen de si las mismas son ajustadas a derecho".

Y añadía que "el conocimiento por parte de los querellados de la actuación arbitraria y caprichosa de las contrataciones es incuestionable a la vista de la documentación, y de la declaración del responsable jurídico de Divalterra". Todo ello acompañado de correos electrónicos que "evidencian el grado amplio de conocimiento de las arbitrariedades, y de los artificios buscados para tratar de amparar unas contrataciones que responden a un puro voluntarismo político de favorecer a los miembros del partido político dominante en la Diputación y afín al presidente de esta".

En la denuncia que inició el caso Alquería se cuenta como en una reunión del Consejo de Administración, el auditor interno estaba dando cuentas de "actuaciones irregulares en el uso de fondos públicos seguidas por el director gerente Víctor Sahuquillo" (gin tonics pagados del erario). Durante dicha reunión, El jefe de gabinete de Rodríguez, Ricard Gallego, amenazó al secretario del consejo diciendo que "va a despedirnos al payaso e hijo de puta del auditor y a todos los demás directores", extremos que Gallego negó taxativamente este martes en declaraciones a Valencia Plaza.

También dice la denuncia que Jorge Rodríguez no le permitió al auditor interno Alejandro Muñoz terminar la dación de cuentas y que, además, le espetó a otro de los presentes: "Voy a despedirlos a todos".

Detenido en junio de 2018

Jorge Rodríguez fue detenido el 27 de junio de 2018, junto a dos asesores y tres altos cargos de la empresa pública Divalterra, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

Dos días más tarde el PSOE lo suspendió de militancia y tres días después presentó su renuncia tanto a la presidencia de la Diputación de Valencia como al acta de diputado provincial, pero mantuvo el cargo de alcalde de Ontinyent, a cuya reelección se presenta.

En septiembre fue proclamado candidato del PSPV a la alcaldía, ya que su candidatura fue la única que se presentó. La dirección federal del partido interrumpió el proceso, aunque posteriormente lo pospuso a diciembre y finalmente fue designado para su reelección, al no haber otros candidatos y no haberse levantado el secreto de sumario.