Un juez investiga por cohecho y prevaricación al exalcalde de Sagunto, Alfredo Castelló

VALENCIA (VP/EP). El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Sagunto ha coordinado este miércoles una operación por presuntas irregularidades en las adjudicaciones de contratos en varias áreas del Consistorio saguntino. Durante toda la mañana, y en el marco de la Operación Flotador, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han registrado, por orden de la instructora, tres sedes municipales en Sagunto y Puerto de Sagunto, las oficinas de Aguas de Valencia en Sagunto y en la capital y las sedes de otras cuatro empresas.

Según ha informado el TSJ de la Comunitat, la causa se abre por presuntos delitos de cohecho y prevaricación por una denuncia interpuesta en agosto de 2015 por la Fiscalía de Valencia tras las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas.

En ella se investiga el supuesto amaño de contratos durante las legislaturas 2007-2011 y 2011-14, periodos en los que fue alcalde Alfredo Castelló, actual diputado del PP en Les Corts. El Juzgado investiga a doce concejales y exconcejales y a seis empresas beneficiarias de las adjudicaciones presuntamente irregulares.

Según informó el diario digital El Español citando fuentes de la investigación, entre las empresas investigadas por haber conseguido contratos de forma irregular, como Pavasal, Imesapi y Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas.

Fraccionamiento de contratos

La diligencias, declaradas secretas, se centran en el fraccionamiento de contratos para adjudicar determinados servicios a seis mercantiles eludiendo la Ley de Contratos del Sector Público.

Se investiga también si se amañaron contratos y se adjudicaron trabajos sin el correspondiente expediente administrativo vulnerando con ello los principios de transparencia, libre concurrencia y competencia efectiva que rigen la contratación pública.

En el informe de fiscalización que la Sindicatura de Comptes realizó sobre la actividad Ayuntamiento de Sagunto entre 2012 y 2014 -en el que se habría basado el Tribunal de Cuentas para alertar de las irregularidades-, los auditores dan cuenta de que el interventor municipal planteó un centenar de "reparos de legalidad" sobre los procedimientos de contratación, personal, subvenciones y urbanismo en 2012 y 2013.

Esas objeciones afectan también a la prórroga del presupuesto municipal y a modificaciones presupuestarias. Los gastos realizados sin ajustarse a la ley de contratos del sector público por "fraccionamientos indebidos, ausencia de contrato u otros motivos" ascienden a 875.249 euros en 2012 y a 513.640 en 2013.  

En el marco de estas diligencias se ha desarrollado la operación de este miércoles encaminada a asegurar pruebas con la intervención de expedientes y contratos bajo sospecha. La causa continúa secreta.