BRUSELAS. La Comisión Europea ha llegado a la conclusión de que dos préstamos estatales por un total de 900 millones de euros, otorgados por Italia a Alitalia en 2017, son ilegales según las normas de la UE sobre ayudas estatales. Por lo tanto, Italia debe recuperar la ayuda estatal ilegal, más los intereses, de Alitalia. O, bien, la compañía deberá cerrar decretando el cese de actividad. La compañía Alitalia no está en situación de solvencia, pese a todas las ayudas recibidas por las compráis aéreas tras la pandemia y que, en esta ocasión, sí son legales. La Unión Europea (UE) suspendió en marzo de 2020 el criterio los criterios de distorsión del mercado del derecho de la competencia para ayudar a las empresas a remontar la pandemia tras el cierre de la economía.
Esta decisión propia afectar otras compañías españolas que también recibieron ayudas del Estado antes de la covid-19 Iberia (98 millones), Air Europa (86 millones) y Vueling (57 millones), como principales beneficiarias.
La vicepresidenta ejecutiva Margrethe Vestager, a cargo de la política de competencia, ha declarado que, “después de nuestra investigación, llegamos a la conclusión de que dos préstamos públicos por valor de 900 millones de euros concedidos por el gobierno de Italia a Alitalia dieron a la empresa una ventaja injusta sobre sus competidores, en violación de las normas de ayuda estatal de la UE. Ahora deben ser recuperados por Italia de Alitalia para ayudar a restaurar la igualdad de condiciones en la industria aeronáutica europea”.
Alitalia, la principal aerolínea italiana que proporciona servicios de transporte aéreo nacional e internacional, mantenimiento, asistencia en tierra y transporte de carga, ha sido deficitaria desde 2008. A principios de 2017, Alitalia necesitaba liquidez urgentemente, pero había perdido el acceso a los mercados de crédito debido al deterioro de su situación financiera. Con el fin de mantener operativa Alitalia, en mayo y octubre de 2017, Italia concedió a la compañía dos préstamos por un total de 600 millones de euros y 300 millones de euros, respectivamente. Al mismo tiempo, Alitalia quedó inmersa en un procedimiento especial de quiebra bajo la ley italiana.
En abril de 2018, la Comisión abrió una investigación formal para determinar si los dos préstamos estaban en consonancia con las normas de ayuda estatal de la UE. A ello siguió una serie de quejas formales recibidas por la Comisión en 2017 por parte de aerolíneas rivales, alegando que Italia había otorgado ayuda estatal ilegal e incompatible a Alitalia.
Según las normas de la UE sobre ayudas estatales, las intervenciones públicas en favor de las empresas pueden considerarse libres de ayuda estatal, cuando el Estado no actúa como una autoridad pública, sino en los mismos términos que un operador privado habría aceptado en condiciones de mercado (el principio del operador de economía de mercado.
La investigación de la Comisión mostró que, al conceder los dos préstamos a Alitalia, Italia no actuó como lo habría hecho un inversor privado, ya que no evaluó de antemano la probabilidad de reembolso de los préstamos, más los intereses. A este respecto, la evaluación de la Comisión de los estados financieros de Alitalia en ese momento mostró que era poco probable que Alitalia pudiera generar suficiente efectivo para pagar los préstamos estatales en sus fechas de vencimiento, ni podía vender sus activos para recaudar suficiente efectivo para el pago de la deuda.
Sobre esta base, la Comisión concluyó que ningún inversor privado habría concedido los préstamos a la empresa en ese momento y que los dos préstamos constituían ayuda estatal en el sentido de las normas de ayuda estatal de la UE.
La Comisión también averiguó que la ayuda no podía aprobarse como ayuda de rescate en virtud de la normativa, de acuerdo con la notificación de Italia. Esto se debe a que los préstamos no se reembolsaron en un plazo de seis meses, Italia nunca presentó un plan de reestructuración para el retorno de la viabilidad de la empresa, ni se liquidó la empresa.
Por lo tanto, la Comisión concluyó que los préstamos dieron a Alitalia una “ventaja económica injusta frente a sus competidores en rutas nacionales, europeas y mundiales”, que equivalía a ayuda estatal incompatible con el derecho de la competencia. Italia debe recuperar ahora la ayuda estatal ilegal que asciende a 900 millones de euros más los intereses de Alitalia.
La Comisión tiene hoy una decisión separada sobre las inyecciones de capital de Italia en una nueva compañía aérea ITA, que no es el sucesor económico de Alitalia.
Alitalia es una aerolínea italiana, con sede en Fiumicino, Italia, que proporciona servicios de transporte aéreo nacional e internacional, mantenimiento, asistencia en tierra y transporte de carga. Alitalia es propiedad del 49 % de Etihad Investment Holding Company LLC (radicada en Abu Dhabi) y del 51 % de la romana MIDCO S.p.A., que, a su vez, es propiedad al 100% de Compagnia Aerea Italiana S.p.A., un consorcio de bancos italianos y otras empresas.
En febrero del 2020, la Comisión abrió una investigación formal separada para evaluar si un préstamo de 400 millones de euros concedido por Italia a Alitalia en 2019 constituye también una ayuda estatal y si cumple con las normas sobre ayudas estatales a empresas en crisis. Esta investigación está en curso.
