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La última bala de Ciudadanos: llevar al Consell Jurídic Consultiu la plusvalía del PSPV

30/11/2018 - 

VALÈNCIA. Ya anunciaron que lo llevarían a la Fiscalía. Y lo hicieron la semana pasada. Pero ahora el grupo municipal de Ciudadanos, con Fernando Giner a la cabeza, quiere que la exención del pago de la plusvalía por parte del PSPV en la venta de su sede de Blanqueries llegue al Consell Jurídic Consultiu.

El objetivo final es conseguir que se declare nula la resolución firmada por el edil de Hacienda, el socialista Ramón Vilar, que dio luz verde final a esta exención para el partido del que forma parte el mismo concejal. Por eso, el grupo ha anunciado que iniciará "un procedimiento administrativo".

Lo hará apoyándose en el articulado de la legislación sobre Procedimiento Administrativo en las instituciones públicas, según la cual, a partir de una "solicitud de interesado" -en este caso el grupo municipal naranja- el consistorio puede revocar una resolución, previo dictamen del órgano consultivo autonómico correspondiente, en este caso el Consell Jurídic Consultiu (CJC).

Sin embargo, deberá ser la Junta de Gobierno Local, según aclaran fuentes del partido, la que ratifique esta petición. Así pues, el grupo socialista, que forma parte del equipo de gobierno, podría obstaculizarla y acabar por tumbarla. Ahora bien, este hecho sería suficiente para que la formación que encabeza Giner lo recurriera vía contencioso-administrativo.

Si se le diera salida, el asunto requeriría la opinión del Jurídic, que debería emitir un dictamen con sus correspondientes recomendaciones al respecto, entre las que podría estar la anulación de la resolución en cuestión. Pero esto podría demorarse varios meses. Y a continuación, la pelota volvería a la azotea del consistorio, donde el gobierno local, opinión del CJC en mano, tendría la última decisión: revocar el acto o no.

Ramón Vilar, edil de Hacienda. Foto: EVA MÁÑEZ

Es 'la última bala' con la que cuenta el grupo municipal, dado que todos los plazos están cumplidos. La resolución se firmó en febrero, y únicamente se podría haber recurrido hasta 60 días después. Sin embargo, al haberse hecho público más tarde, no hay otra que pedir la nulidad, explican en la formación.

Por otro lado, tal y como se ha mencionado, el grupo municipal de Giner llevó la cuestión al Ministerio Fiscal para que este indagara, dado que la oposición no ha podido tener acceso al expediente correspondiente. Así pues, pretenden en Ciudadanos que sea la Fiscalía la que aclare si los socialistas podrían haber incurrido en algún delito.

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