Miguel Mazón. VPVALÈNCIA. La unidad de investigación 'Juego y Adicciones Tecnológicas' de la Universitat de València ha pedido por escrito a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que no aprueben la rebaja de impuestos prevista por el Gobierno de Mariano Rajoy en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, actualmente en tramitación. Los firmantes del escrito son Miguel Mazón, que fue secretario general de la Conselleria de Economía y Hacienda en el último gobierno de Lerma y recientemente consejero delegado de Ciudad de la Luz, y Mariano Chóliz.
La modificación prevista en el proyecto de PGE reduce el impuesto del 25 al 20% de la cantidad neta jugada, es decir, el dinero jugado menos el entregado en premios -lo que se conoce como win-. Según los firmantes del escrito, "esta medida no tiene justificación alguna, prueba de ello es que no tiene memoria económica y en la exposición de motivos de la ley solamente se presentan vaguedades e incoherencias contrarias a una política fiscal responsable y de control de déficit público.
El motivo que da el Ministerio de Hacienda para bajar este impuesto es que, a su entender, se logrará "una mayor atracción de las operadoras de juego para realizar sus actividades en el marco legal, evitándose las actuaciones ilegales que aún se producen en este sector". Es decir, el departamento que dirige Cristóbal Montoro pretende que las casas de apuestas que actúan al margen del fisco dejen de hacerlo al tener menos expectativas de ahorro de impuestos.
En declaraciones a Valencia Plaza, Mazón atribuye al medida a "la influencia del lobby del juego" que ya logró, asegura, que se permitiese en el juego online una devolución en premios del 90% cuando en el resto de juegos el máximo es el 70%. "Devuelven más del 90% para hacerlo adictivo, ¿por qué se les ha permitido?", se pregunta.
Añade que casi siete años después de la aprobación de 2011, la Dirección General de Ordenación del Juego no ha desarrollado la regulación sobre publicidad del juego, en beneficio de las empresas y en perjuicio de los jóvenes, cosa que atribuye también a la "presión del lobby" del sector. "Se tiene que regular como la publicidad del alcohol y el tabaco, pero no van a consentirlo", lamenta.
En el escrito remitido al Congreso de los Diputados, Mazón y Chóliz advierten de que si se aprueba esta modificación, las consecuencias serán "una menor recaudación fiscal y una nula creación de empleo, como ya venía ocurriendo". Además, sostienen que "la cifra de juego online va a seguir creciendo de forma disparatada y, lo que es más grave, dadas las características de este juego, va a incrementarse el problema de la adicción por parte de los jóvenes, que es una realidad que ya se ha podido constatar científicamente".
En 2017 los españoles apostaron más de 13.000 millones de euros en juegos online y se recaudaron por impuestos 52,7 millones. Dado que la recaudación es para las Comunidades Autónomas -excepto el derivado de apuestas de no residentes-, es la administración autonómica la que sufrirá la posible caída de recaudación. En el caso de la Comunitat Valenciana fue de unos 5 millones de euros.
Los PGE incluyen una medida adicional también muy criticada por la unidad 'Juego y Adicciones Tecnológicas': Ceuta y Melilla tendrán una bonificación del 50% del nuevo impuesto. En su opinión, "tal medida va a crear un oasis fiscal en nuestro propio territorio, ya que podrían instalarse no solamente las empresas que presumiblemente abandonarán Gibraltar tras el Brexit sino también las que actualmente están radicadas en España, y provocar competencia desleal entre Comunidades Autónomas".
"Entendemos que tales medidas van en contra de la regulación del juego, la cual debería tener una fiscalidad alta, como la tiene el resto de juegos, no solo para desincentivar la práctica de los mismos sino para evitar al addicción al juego", concluyen.
