El conseller Vicent Marzà y el rector Esteban Morcillo durante la apertura de curso de la UVEl PP solicita a la Generalitat información sobre gastos de las universidades, algo que la el TSJ avala. Todos los gastos que quieren conocer abarcan los años en los que ellos gobernaban
VALENCIA. Una sentencia del TSJ obliga a la Generalitat a informar sobre las cajas fijas de las universidades por petición del PP. Curiosamente la solicitud hace referencia a los años en los que ellos se encontraban en el Gobierno, desde 2006 a 2014, y no era obligatorio hacer pública la relación de gastos a la que nos referimos, al no existir la nueva Ley de Transparencia (19/2013). Es por ello que la respuesta de la Universitat de València (UV), que a su vez representa a las cinco públicas de toda la Comunitat, es contundente al respecto: “Si la Generalitat no tiene datos de las cajas fijas en este periodo de tiempo es porque nunca nos los han pedido desde ninguna de las administraciones”.
No obstante, fuentes oficiales de la UV aseguran que, si a partir de ahora la Generalitat le pide datos, “no habrá ningún problema en facilitárselos”. Sin embargo, eso es algo que de momento no ha sucedido. Para el control de gastos de estas cajas fijas remiten a su propia página web, donde aparecen desglosados de modo trimestral los gastos desde diciembre de 2015, cuando empezó a aplicarle la Transparencia. El último informe corresponde al periodo entre junio y septiembre de este mismo año, en el que el total asciende a 485.475 euros, desglosado por cada una de las facultades a las que se ha dado dinero. Atendiendo a este dato, la UV habría gastado en lo que lleva de ejercicio cerca de 1.7 millones de la caja.
Llama la atención que el PP solicite estos datos ahora que se encuentra en la oposición, en lugar de haberlos pedido de manera administrativa, como Generalitat, cuando aún ostentaba el poder. Fuentes oficiales del partido dicen que este hecho “no responde a ninguna sospecha concreta, simplemente queremos conocer porque nos parece muy ópaco”. Asimismo, inciden en que esta información debería ser “totalmente pública” y en que están "en el derecho".
Por su parte, la actual Generalitat asegura que ellos “no esconden nada”, sino que están contando todo lo que saben. “Un diputado del PP nos preguntó y nos pidió información. Nosotros le respondimos con la verdad: que no disponemos de esos datos”, asegura el conseller, Vicent Marzà. Asimismo, el departamento destaca que resulta “curioso” que la información solicitada sea de los años en los que el PP gobernaba, en la misma línea argumental de la Universidad, y preguntándose por qué no indagaron desde el poder.
El hecho de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat respalde la petición del PP, llevada a cabo por la vía de protección de derechos fundamentales y libertades públicas, ha suscitado todo tipo de reacciones. En la sentencia promulgada, que la Universidad afirma haber recibido con un día de retraso con respecto a los medios , se obliga a la Administración demandada a facilitar la citada documentación. El motivo es que, aunque se reconoce la “autonomía económica y financiera” de las Universidades, “ésta no es absoluta” ni puede “escapar de cualquier control o supervisión”.
En concreto, se demanda “una relación detallada del número de cajas fijas existentes”, “una relación de facturas” y “el resto de gastos realizados con cargo a esta partida” en la Universidad Jaume I de Castellón (UJI), la Universidad Politécnica de Valencia (UPV, la Universitat de València (UV), la Universidad de Alicante (UA) y la Miguel Hernández de Elche (UMH). Desde varios de estos centros han rehusado pronunciarse al respecto, al entender que quien debía dar una respuesta pública era rector de la UV, Esteban Morcillo, por ostentar la presidencia de rectores de toda la Comunitat y ejercer de portavoz universitario público.
“Es curioso que el PP quiera ahora fiscalizar su etapa de gobierno; ellos sabrán lo que hicieron”
Según la sentencia del TSJ, la actual Generalitat se acogió a varios motivos para no facilitar la mentada documentación al PP. En concreto a “la autonomía económica y financiera de la Universidad”, a que la petición debió ser formulada mediante otro procedimiento y al “carácter genérico y desmesurado de la solicitud” que, en su opinión, habría terminado por afectar “al funcionamiento habitual de los servicios”. El mismo discurso ha mantenido la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, quien ha hecho referencia a dicha sentencia . Ha determinado que el PP no busca “controlar” al Ejecutivo con determinadas peticiones de documentación, sino que tiene la voluntad de “colapsar”. “Es curioso que el PP quiera ahora fiscalizar su etapa de gobierno; ellos sabrán lo que hicieron entonces”, ha argumentado.
Contra el fallo del TSJ cabe recurso ante el Tribunal Supremo, algo que la Generalitat no descarta, pero todavía está estudiando con los Servicios Jurídicos. La UV se muestra a la espera de lo que se decida por parte de la Administración, puesto que según indican, “no existe ningún problema a la hora facilitar de los datos que quieran”.
