VALÈNCIA. Una Comisión de investigación parlamentaria es una ventana democrática desde la que el poder legislativo puede controlar al poder ejecutivo en su acción de gobierno. Podemos decir sin riesgo a equivocarnos que es la ventana indiscreta de toda cámara de representación popular. A través de ella se ve todo, sólo hace falta estar atentos, saber exactamente qué mirar y dónde, cuándo enfocar y a quién. Los planes de trabajo que los partidos políticos presentan, debaten y votan con ocasión de cualquier comisión de investigación parlamentaria, son una suerte de gran angular.
Hay planes cuya lectura habla por sí misma de la nula voluntad de un partido político para abordar una comisión de investigación con el rigor exigible y con el respeto debido a la ciudadanía a la que dicen querer representar. Planes groseros por la manera descortés y desconsiderada de dar respuestas a los valencianos y valencianas. En la Comisión encargada de investigar Taula en Les Corts Valencianes, que acaba de dar comienzo esta semana, lo hemos podido comprobar.
El plan del trabajo presentado por el Partido Popular obviaba solicitar documentación relevante sobre la operación Taula, como los numerosos contratos con las empresas que habían resultado adjudicatarias o con Fundaciones como la Jaume II el Just. Para qué. En su relación de comparecientes no figuraban los nombres de los políticos de su partido que estaban al frente de las instituciones desde las que se generaron esos sobrecostes millonarios por mala gestión, se adjudicaron contratos fraudulentamente para cobrar comisiones ilegales, se blanquearon capitales y se financió irregularmente el Partido Popular en la ciudad de Valencia. Todo presuntamente. Todo sub judice. No les interesa lo más mínimo que se investigue en sede parlamentaria este juego sucio desde la Generalitat para depurar responsabilidades políticas. Ellos prefieren dejarlo en manos del destino judicial, en el que olvidan que tienen recientes precedentes de condenas firmes como la Gürtel que competía en mordidas con Taula en territorio valenciano.
Las Comisiones de investigación deben ser un verdadero ejercicio de transparencia con la ciudadanía. Su desarrollo no debe jamás erigirse en un paripé. No deben considerarse como un trámite sin fundamento. No lo son. La ciudadanía tiene derecho a saber qué pasó, quién tomó las decisiones y por qué, si hubo en ellas defensa o no del interés general; si no la hubo, nadie debe impedirle que conozca quién fue el responsable político. Las valencianas y valencianos no sólo pueden, sino que deben exigir a sus representantes políticos estar a la altura en esas comisiones. Han de estar debidamente documentados y suficientemente preparados para esa gran responsabilidad que han asumido. Si la ciudadanía quiere saber sobre la gestión política realizada desde las instituciones, tiene derecho a que la creación de estas comisiones no se bloquee porque no le interese al partido político de turno por el tema o por el momento en que se solicita la apertura. Desgraciadamente hay demasiados ejemplos que ilustran cuanto digo en todos los Parlamentos.
Jamás debe adulterarse una comisión de investigación para favorecer a un partido político. Jamás. Hoy el Partido Popular vive con frenesí el Gobierno del Botánico y los aires de transparencia y regeneración que se respiran haciendo políticas en defensa de las personas y no de los amigos; ese mismo partido que dice apostar por la regeneración democrática aleccionó en 2006 a los comparecientes en la primera comisión de investigación del accidente de metro de Valencia. Hubo en ella engaño, paripé y carpetazo. Investigaron sin hacerlo. Miraron sin querer ver. Pájaros azules de altos vuelos capaces de las peores tropelías y de los chantajes más burdos pagados con dinero de todos y escenificados en la casa del pueblo. Algunos hoy están con la justicia en los talones.
Las Comisiones de investigación además sirven para prevenir que lo mal hecho no vuelva a repetirse. Permiten aprender si se tiene voluntad y propósito de enmienda. Desde los dictámenes de estas comisiones se puede forjar un mejor futuro para la ciudadanía en cualquier ámbito. Pero para ello los dictámenes han de tomarse en serio. Este mecanismo constitucional tiene que desencadenar acciones. La ética es ejemplaridad. Y la asunción de responsabilidades políticas es un buen ejemplo de cómo dignificar nuestras instituciones, nuestros partidos políticos, nuestras empresas y nuestra sociedad. Su cumplimiento depende de todos.
No hay nada extraño en la búsqueda de la verdad. La verdad repara y dignifica. La psicosis no es de quienes quieren saber ni de los partidos políticos que favorecen mecanismos para que sepan. Es de quienes gobernando nuestras instituciones perdieron el contacto con la realidad durante demasiados años. Les invito a que ejerzan su derecho y miren a través de cada ventana indiscreta que tenemos abiertas en las instituciones valencianas.
Fabiola Meco es diputada y portavoz adjunta de Podemos.
