La alcaldesa de Burriana, a su llegada al juzgado. Fotos: ANTONIO PRADASCASTELLÓ. La alcaldesa de Burriana, Maria Josep Safont, y el que fuera administrador único y actualmente apoderado de la mercantil Urbanización Golf Sant Gregori, Juan Lozano, han reiterado este lunes ante la jueza que investiga un posible delito de prevaricación en el cobro de las cuotas de urbanización de este Programa de Actuación Integrada que todas sus actuaciones han sido legales.
En este sentido, fuentes del Ayuntamiento burrianense concretan a este diario que, en su comparecencia ante la magistrada, Safont ha señalado "que todas las decisiones que ha tomado para el cobro de las cuotas están avaladas por los informes técnicos y jurídicos". Asimismo, desde el consistorio recuerdan que la investigación judicial se encuentra en la fase de diligencias previas y que, hasta el momento, "todas las sentencias y resoluciones judiciales han sido favorables al criterio del equipo de gobierno", lo que permite que las cuotas se vayan abonando.
De hecho, recientemente la Fiscalía provincial, la misma que pidió en enero la declaración de la alcaldesa, se ha mostrado contraria a la paralización cautelar del cobro de las cuotas.
Por su parte, desde la empresa urbanizadora del mayor PAI en curso en todo el litoral de la Comunitat Valenciana han rechazado valorar cuáles han sido sus aportaciones a la investigación abierta. Junto a Lozano y Safont, este lunes también han acudido al Juzgado de Instrucción número 4 de Vila-real dos técnicos externos que prestan labores de asistencia a la empresa y que son los encargados de certificar los avances en los trabajos. Ahora, la investigación sigue su curso con la declaración de los técnicos municipales, prevista para después del mes de agosto.
Tras la declaración, el Partido Popular de Burriana ha lamentado que el PSOE "no quiera que el Ayuntamiento de Burriana se presente como perjudicado en el procedimiento en el que figura como investigada la alcaldesa de la localidad, Maria Josep Safont", señala el secretario general de la agrupación, Jorge Pérez. Al votar en contra de la moción presentada, "se impide que la localidad, y por lo tanto todos los vecinos, sean recompensados en caso de que se confirmen las irregularidades denunciadas", concluye Pérez.
