La baja ejecución de la Generalitat deja sin invertir 623 millones en Alicante en veinte años

ALICANTE. El déficit inversor de la Generalitat Valenciana con la provincia de Alicante, si nos atenemos al 'papel', es decir, a lo que el Consell pone negro sobre blanco en sus proyectos de Presupuestos, es (pese a haberse reducido ligeramente) de 232 millones de euros en el periodo 2008-2022. Es lo que calcula Ineca que le correspondería a la provincia por razón de su población (el mismo criterio que emplea el Consell en su defensa del modelo de financiación autonómica) y no se ha presupuestado en estos últimos quince años.

Sin embargo, el déficit es más acusado aún, porque una cosa es lo que se dice que se va a hacer, y otra lo que finalmente se hace. Y en el caso de la Generalitat, su promedio de ejecución (la cantidad del presupuesto que finalmente se materializa) desde el año 2000 hasta la fecha es del 61%. Una ejecución muy superior a la de las inversiones estatales en la provincia, que es de solo el 42%, pero en cualquier caso muy alejada de las comunidades autónomas más eficientes a la hora de gastar lo que consignan, que rondan el 90%. 

De esta forma, en Alicante solo se ejecuta (es una estimación de Ineca, puesto que no se facilitan datos territorializados en la materia) el 32,5% del total de obras efectivamente realizadas, a pesar de que se presupueste cerca del 40%. Es decir, la brecha se hace aún más grande en la realidad que sobre el papel de los Presupuestos. Y así, el Instituto de Estudios Económicos de Alicante calcula que en dos décadas se han dejado de invertir en la provincia 623 millones de euros que sí estaban consignados en las cuentas aprobadas en Les Corts.

Así lo recoge el análisis de Ineca sobre los Presupuestos de la Generalitat presentado este lunes en la sede de CEV Alicante por el presidente del instituto, Nacho Amirola, y su director de Estudios, Francisco Llopis, acompañados por el presidente de la patronal alicantina, Joaquín Pérez. Durante la presentación, Ineca aplaudió que por tercer año consecutivo el Consell equipara y mejora ligeramente el volumen de inversión presupuestado (311 millones) a la población de la provincia, pero advirtió de la escasa territorialización de las cuentas (solo se indica dónde va el 51% del dinero previsto para inversiones) y su baja ejecución (el citado 61%), además de criticar la falta de transparencia al informar de las inversiones efectivamente realizadas.

En este sentido, Amirola indicó que "seguimos en la línea iniciada hace tres años de reducir el déficit inversor acumulado en la provincia, pero esa deuda sigue siendo de 232 millones de euros desde 2008", cuando Ineca comenzó sus análisis, de forma que "el Consell debe seguir esforzándose por reducirlo, porque afecta a la calidad de vida de los alicantinos en cuestiones como la sanidad o la educación". Llopis, por su parte, destacó que la inversión presupuestada para 2023 en la provincia crece un 20% (en Valencia lo hace un 21%), pero alertó sobre el 'agujero' de 623 millones en veinte años provocado por la baja ejecución.

¿100 millones más de PIB?

Una situación que contrapuso al hecho de que en la provincia de Alicante (aunque no está relacionado con la inversión) las ratios de profesores, médicos, pediatras y camas en residencias de la tercera edad respecto al total de población usuaria están por debajo de la media estatal y autonómica, o a que se trata de la provincia con menor PIB per cápita de las tres valencianas. En este sentido, calculó que la creación de las 2.000 plazas que harían falta para igualar dichos ratios podría aportar hasta 100 millones de euros anuales al PIB provincial, aproximadamente tres décimas.

Ciñéndose a la inversión, es decir, a lo que se consigna en el Capítulo VI (en el Capítulo VII se presupuestan otros 297 millones para transferencias que financiarán obras de forma indirecta, como las del Edificant o el Vega Renhace, que cuenta con 93 millones), Ineca pone sobre la mesa otro decálogo de infraestructuras estratégicas pendientes, al igual que ha hecho con el Gobierno, en las que destacan varias mejoras en líneas y estaciones del Tram o accesos a vías principales como la A-31, la CV-95 en la Vega Baja o la CV-840 en el Vinalopó.