CASTELLÓ (EP). La Comunidad de Madrid se personará en el procedimiento judicial iniciado por el incendio forestal del Alto Mijares del pasado mes de marzo, que comenzó en Villanueva de Viver y en poco tiempo afectó al ámbito territorial de otros municipios, por lo que la Generalitat Valenciana solicitó medios de apoyo al madrileño.
El portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ha autorizado esta medida que los gastos ascendieron a 75.985 euros.
La Dirección General de Emergencias informó de que corresponden al desplazamiento de una unidad forestal de apoyo, junto con la unidad de intendencia y suministro y, además, la de Jefatura del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Junto a esta treintena de efectivos se movilizaron tres camiones con bombas forestales pesadas y una bomba nodriza pesada que se emplearon en los trabajos, además de una ambulancia y otros vehículos ligeros de mando y logística.
Los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid han emitido un informe favorable a la personación en calidad de actor civil y el ejercicio de la acción civil derivada del delito. Con ello, se podrá reclamar al causante del siniestro, en el que ardieron alrededor de 4.200 hectáreas, el importe de los gastos producidos por la colaboración en la extinción. En este momento ya se han iniciado las diligencias previas en el Juzgado de Primera instancia e Instrucción Único de Segorbe.
Se trata del noveno caso de estas características en el que se persona la Comunidad de Madrid, que ya está en procesos judiciales abiertos por casos similares. En concreto, los producidos en 2020 en Villarejo de Salvanés; 2021 en Brunete, Quijorna, San Agustín del Guadalix y Villaviciosa de Odón; 2022 en Robledo de Chavela y San Martín de Valdeiglesias, y 2023 en Aranjuez y el producido en Castellón.
La nueva Ley del Sistema Integrado de Protección Civil y Emergencias (SIPCE) permite que la Comunidad de Madrid se persone como acusación particular para los casos de incendios intencionados con consecuencias graves para el medioambiente y los ciudadanos, así como la reclamación de los gastos asumidos por los servicios y suministros.
