CASTELLÓ. La crisis energética vivida durante el año 2022 tuvo un impacto considerable sobre las industrias electrointensivas y gasintensivas. El sector del azulejo, que destaca por su dependencia del gas para sacar adelante su producción, notó y mucho el extraordinario incremento de los precios del combustible. Tanto fue así que la pérdida de competitividad de la cerámica española y castellonense desembocó en una crisis de demanda y de producción, que todavía no se ha recuperado.
Los niveles de contaminación así lo corroboran: el cluster cerámico redujo las emisiones de dióxido de carbono (CO2) durante el año pasado, tal como refleja el último informe sobre emisiones emitido por la Conselleria de Emergencia Climática y Transición Ecológica. El estudio está realizado a partir de los registros presentados por 182 instalaciones de diferentes sectores en la Comunitat Valenciana, obligadas a presentar anualmente sendos informes sobre sus emisiones de gases de efecto invernadero.
De todas ellas, 67 son fábricas que pertenecen a los sectores de la cerámica y de las fritas y esmaltes, fundamentalmente implantadas en la provincia de Castellón. Así, sus registros verifican emisiones a la atmósfera de más de 3,1 millones de toneladas de CO2 durante el año pasado, lo que supone un 17% menos que el año anterior, cuando registró 3,7 millones de toneladas de dióxido de carbono. Así pues, aunque sigue siendo la actividad que aglutina la mayor parte de las emisiones -representaron el 37,2% del total en 2022-, perdió peso respecto al año anterior -43%-.
Esta evolución da buena cuenta de la situación del sector, que vivió durante el año pasado el mayor batacazo en su producción industrial de toda la Comunitat Valenciana respecto a las otras ramas de actividad, con una considerable caída anual del 15% en el Índice de Producción Industrial (IPI), que alcanzó en algunos meses las preocupantes cifras de entre el 25% y el 32%, especialmente en los últimos dos trimestres del año al arrastrar la pérdida de competitividad por la subida de los costes, en especial del gas.
Hay que recordar que en junio del año pasado, el Gobierno central, dirigido por Pedro Sánchez, aprobó topar el precio del gas para hacer frente a la subida de la factura energética de muchas industrias. Con todo, las azulejeras no se pudieron beneficiar de esta medida hasta finales de año, meses después de haber estado haciendo frente al impacto de la inflación en el mercado del gas. Un desincentivo que finalmente ha tenido reflejo en sus niveles de contaminación.
Los datos del año pasado reflejan que la contaminación sólo creció en dos de los 14 sectores estudiados: la generación eléctrica y el refino de petróleo, concentrado en la refinería de BP en el polígono castellonense de El Serrallo. Durante 2022, sólo la compañía petrolífera emitió más de 1,24 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. O lo que es lo mismo, un 8% más que el año anterior, con 1,15 millones de toneladas, y ganó peso en el 'pastel' de las emisiones hasta representar el 15,88% del total.
Por otra parte, la cogeneración eléctrica, que emplea el gas como combustible y sí que pudo beneficiarse del tope al precio desde que se aprobó la medida, también registró un incremento a tener en cuenta de sus emisiones. En términos absolutos, aportó 1,78 millones de toneladas frente a las 1,38 toneladas del año anterior, un crecimiento muy considerable del 28% que lo situó como el segundo sector más contaminante, adelantando así en esa posición a la rama cementera.
En cuanto al resto de actividades, redujeron su contaminación. La producción de cemento la minoró un 6% hasta los 1,3 millones de toneladas; también lo hizo el sector químico hasta las 138.000 toneladas (-24%). Igual que el resto de los sectores analizados como el del vidrio, papel y cartón, ladrillo, cal, hierro o el aluminio.
En total, las industrias analizadas emitieron 8,4 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera en la Comunitat Valenciana, de las cuales la mayoría -7,8 millones- están sujetas al régimen de comercio de Derechos de Emisión de gases de efecto invernadero. Así, las empresas en cuestión deberían pagar unos 685,81 millones de euros por esta contaminación. Sin embargo, el Gobierno fijó la gratuidad hasta los 5 millones de CO2 en la Comunitat Valenciana, por lo que la diferencia sí debe "ser asumido por las empresas valencianas". Concretamente, casi 250 millones de euros en derechos de emisión.
Esta cantidad "será recaudada por el Estado Español, pero no será transferida directamente a la Comunitat Valenciana para financiar las actuaciones que desde aquí se desarrollan en materia de adaptación y mitigación del Cambio Climático", explica la propia Conselleria de Emergencia Climática en su informe. Por lo demás, las otras 560.000 toneladas de CO2 vertidas a la atmósfera están excluidas del régimen de comercio de Derechos de Emisión por las características de algunas instalaciones contaminantes.
